EL
REGALO DE NAVIDAD (*)
Diciembre de 2005.
Senado. Todavía no había nacido la 125. Cristina Fernández pide la palabra. Lee
artículos de distintos diarios. Y una queja de La Nación. “El Consejo de la Magistratura está
formado por estamentos: los abogados son una corporación, los jueces son una
corporación y la idea es que los distintos sectores se vayan equilibrando”.
Entonces, Cristina deja la columna y aclara que leía textualmente críticas al
Consejo “de las que hay por toneladas y para todos los gustos: problemas de
administración, de funcionamiento, de cuerpo elefantiásico en cuanto a la
estructura, y así podríamos citar numerosos artículos”. Y dijo: “Bastó que
abordáramos una reforma del Consejo, tan denostado por estos medios, para que
inmediatamente todo se revirtiera, y pasara a ser la panacea o quintaesencia de
la administración de justicia, y quienes intentamos una reforma de este cuerpo,
pasemos a ser una suerte de desaforados que queremos manejar la Justicia”.
Quince años después,
la Corte Suprema
de Justicia se dispone a firmar un fallo sobre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de aquella reforma del Consejo de la Magistratura,
promulgada en febrero de 2006. En el Acuerdo del jueves pasado, los cuatro
supremos decidieron buscar una vía de consenso para sacarlo. Según una vocalía,
antes de Navidad. Aquella reforma redujo el organismo de 20 a 13 integrantes y quitó de
su conducción al presidente de la
Corte. El fallo podría devolver todo al esquema anterior. El
oficialismo en el Consejo de la
Magistratura da por descontado un fallo adverso. Aún falta
saber si la decisión vendrá sola o acompañada por un changüí de 180 días para
que el Congreso dicte una nueva ley, prácticamente inalcanzable en el contexto
de consensos difíciles. La reforma no fue la mejor, el diseño no terminó con
las lógicas endogámicas del sistema de justicia, el Congreso no buscó caminos
alternativos para buscar otro proyecto, pero el aventón de esta agenda parece
dirigido directo a CFK en un momento de debilidad del gobierno, urgencias
múltiples y mientras un sector de la prensa pide juicio político a quienes la
sobreseyeron por Hotesur y Los Sauces.
“Ya habría una
decisión no firmada que indica que la
Corte decidió declarar inconstitucional la ley de 2006”, dice Alberto Lugones,
vicepresidente del Consejo de la Magistratura en representación de los jueces.
Lugones no es brujo: la misma información circula de boca en boca entre
consejeros y diversos referentes del gobierno que tuvieron contacto con los
supremos. El jueves, desde el Consejo analizaban si era conveniente apurar un
proyecto de ley para ganarle al fallo, iniciativa que cobraba aire en la Rosada. Pero dijeron
que no, convencidos de que con esta movida la que se quema es la Corte. El caso estaba en
agenda desde hace tiempo. En 2018, la
Corte recibió al entonces jefe de gabinete, Marcos Peña,
quien pidió dos años de plazo para buscar una ley en el Congreso. La Corte aceptó. En octubre de
este año, Ricardo Lorenzetti anunció que el tema volvía a la agenda. Ahora habría
llegado la hora. Aunque a su alrededor sostienen que el acuerdo podría salir
antes de Navidad, el resto de las vocalías no antedata las fechas. Sólo dicen
que para sacar un fallo hacen falta tres voluntades, entre las que no cuentan
al rafaelino.
«El tema es así
–explica un antiguo consejero–. El Consejo de la Magistratura es uno
de los órganos creados por la
Constitución de 1994, como resultado del Pacto de Olivos, que
compensó con organismos de control la reelección de Carlos Menem. En 1997, la
ley 24.937 estableció que tendría 20 integrantes: 4 jueces, 8 legisladores, 4
abogados, 2 académicos, 1 representante del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte como presidente del
Consejo. En febrero de 2006, la ley 26.080 redujo los miembros a 13: 3 jueces,
6 legisladores, 2 abogados, 1 académico y 1 representante del Poder Ejecutivo.
El Colegio de Abogados de la
Ciudad de Buenos Aires promovió una demanda ante la supuesta
falta de integración equilibrada porque el Poder Ejecutivo terminaba teniendo
mucho poder. La Cámara
en lo Contencioso Administrativo la declaró inconstitucional y ordenó que hasta
que no se dicte una nueva norma equilibrada debía aplicarse la integración
anterior de 20 miembros”. La misma persona explica lo siguiente: “El expediente
fue enviado a la Corte
hace varios años: la Corte
tiene la causa encanutada desde entonces, esperando el momento oportuno para
desembarcar en el Consejo”.
“Es posible que la Corte le de un plazo de 180
días al Congreso para discutir una ley. Lo que no se sabe es si, además,
incluirá otra propuesta porque los plazos son muy cortos y de muy difícil
cumplimiento porque se necesitan mayorías absolutas en ambas cámaras, un número
que hoy es muy complicado de obtener y más cuando se produzca el cambio de
legisladores elegidos en la elección reciente”, dice Lugones. El Plan B sería
una alternativa a la discusión del Congreso. “Podrían decir que en caso de que
la ley no salga, todo vuelve al organigrama previo a 2006. En ese caso, se
plantearán varias cosas. Una es que la integración del Consejo tendrá un
ministro de la Corte. Otra
son los mandatos de los consejeros porque la ley vieja admitía reelecciones,
pero la nueva ley no las admite”. Por lo cual, los tiempos de discusión en el
Congreso también jugarán para estas definiciones.
La teoría del
cambio
¿Qué pasó desde la
sanción de la ley? ¿Sirvió el modelo 2006? El nuevo Consejo empezó a funcionar
rápidamente. El oficialismo buscaba generar un órgano con mayor eficiencia,
romper con el corporativismo y dar un mayor peso político al Consejo con
representación del voto popular, para lo cual eliminó la representación de las
segundas minorías parlamentarias porque dejaban en paridad de cuatro a cuatro a
los oficialismos surgidos del voto. Poco después de iniciada la nueva gestión,
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un primer análisis que
sostenía que los objetivos parecían loables, pero no se habían logrado. Había
aumentado la representación oficial: para 20 consejeros, el oficialismo tenía 5
integrantes y con el esquema de 13 consejeros seguía teniendo 5; también
consideró que la eliminación de las distintas minorías empobreció el debate
político y devolvió mayores poderes a la corporación judicial porque muchas
funciones del Consejo pasaron a la
Corte, como la elaboración del presupuesto y la tarea de
superintendencia. Muchos años después, la cosa no parece distinta. Y la
discusión por el número es el problema menor.
Sebastián Pilo es
abogado y codirector de la
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En diálogo con El Cohete, analiza qué sucedió:
“Ya pasó mucho tiempo desde la reforma y es buen momento para evaluar qué
funcionó y qué no funcionó. Hoy todavía no se cumplen cosas como distribuir
funciones entre Consejo y la
Corte, que la
Corte debería orientar todos sus esfuerzos a la cuestión
jurisdiccional y el Consejo resolver sus debilidades institucionales para
absorber sus funciones eficazmente, pero pasaron 27 años desde la reforma de la Constitución y eso no
ocurrió. Y el costo es la confusión que tenemos, por ejemplo, a la hora de
saber qué es competencia de quién. El Consejo supuso un cambio fundamental en
el mecanismo de selección de jueces y juezas, obviamente respecto del sistema
anterior: hubo un avance porque tiene sus componentes competitivos y es un
ámbito colegiado, pero seguimos teniendo la sensación de que los concursos son
manipulados, en parte por debilidades del diseño del sistema de concursos y en
parte por las lógicas de funcionamiento del Consejo, donde priman criterios más
de repartija con transversalidades entre sectores. Esta es la lógica de
la corporación judicial”.
—De alguna manera,
son los mismos problemas que advertía CFK en el origen. ¿Qué cambió?
—Yo no puedo decir
que la reforma haya logrado revertir los problemas. Eso no quiere decir que no
haya habido avances, pero no se lo podría atribuir al cambio en la composición
del Consejo. Más allá de los méritos de la reforma o del diagnóstico que se
hizo para justificarla, que podría ser compartido, uno podría imaginar que esa
solución no era adecuada para el problema a la luz de los resultados: pasaron
varios giros desde la reforma y no hubo grandes cambios a partir de los que se
podría decir que se cumplió con el objetivo.
—Se decía que el
nuevo diseño iría contra la lógica de una Justicia que se protege a sí misma. Y
hoy persisten las mismas críticas.
—Es cierto que los
factores del Poder Judicial actúan de una manera corporativa y esa mirada tiene
que ser sopesada, pero no diría que la solución es generar un desequilibrio en
favor de los sectores políticos partidarios, porque terminan teniendo más
acuerdos que disensos. No es cierto que haya un enfrentamiento abierto al
interior del Consejo con la corporación judicial. O que generar desequilibrio
logre vencerlo: la realidad es que la práctica corporativa está más vigente que
nunca y lo que ocurrió es que sólo cambiaron las relaciones de fuerza a la hora
de la repartija. Lo que hay que romper es esa lógica. Si se logra romper eso,
la discusión de cuántos votos tiene cada sector no va a ser la más importante y
no vamos a tener problema en construir un Consejo adecuado al equilibrio que
plantea la
Constitución. Me parece que el problema no es de diagnóstico,
sino el modo. Falló la teoría del cambio en la implementación de la reforma a
la luz de los resultados.
—La Corte ahora podría volver a
la situación previa a 2006. Eso incluye el desembarco del presidente del máximo
tribunal en el Consejo y refuerza la lógica del autogobierno del Poder
Judicial. Pero hay otras lecturas. ¿Cuál es la tuya?
—El problema es que
se mezclan tres discusiones:
1. El tamaño: si 13 es
mejor que 20. No necesariamente un Consejo más grande es mejor.
2. El equilibrio: el
mandato constitucional es relevante. No es menor. Más allá de cuántas personas
sean, es fácil advertir que no está ese equilibrio.
3. El rol de la
presidencia.
Creo que estamos en
un punto donde todas las situaciones son malas. La correcta sería que el
Congreso llegue a los acuerdos para generar un marco normativo acorde a la Constitución y que
sea el resultado de una decisión política. Si la propia Corte asume la
presidencia y eso surge de una sentencia judicial y no del Congreso, no es el
mejor resultado. Tampoco sé cuáles son las opciones que tiene la Corte. No tiene muchas.
Lo ideal es que el Congreso se pueda poner de acuerdo. Sé que no es el
escenario óptimo, pero quiero guardar una cuota de esperanza.
Llave en mano
El Consejo de la Magistratura formó
parte de los puntos discutidos por el Consejo Consultivo convocado por el
gobierno el año pasado. Omar Palermo es jurista, magistrado de la Suprema Corte de
Justicia de Mendoza, integró el Consejo Consultivo y propuso no menos política
sino más política, entendiendo que actualmente el organismo se encuentra regido
por las lógicas e idiosincrasias de los actores del propio sistema judicial.
“Si nos regimos por el ideal planteado, las reformas deberían apuntar a
fortalecer el peso de las miradas externas, de modo de debilitar su endogamia y
tornar a la estructura más permeable a lo que ocurre fuera de ella –explicó–.
Para ello, el punto de partida debe ser el reconocimiento del valor de la
participación ciudadana. Y el modelo debe anclarse en una visión plural que
proyecte e impacte tanto en su integración como en la definición de los
procesos y responsabilidades”.
La propuesta de
mayoría acercó un esquema de 16 integrantes: 4 legisladores, 4 jueces, 4
abogados y 4 académicos. Pero concluido el trabajo, nadie convocó al grupo. Hoy
dicen que ese proyecto podría ser una base para discutir en el Congreso. Andrés
Gil Domínguez es uno de los que lo sostiene: “Trabajaría en una ley con todas
las recomendaciones que hizo el Consejo Consultivo al Presidente sobre el
Consejo de la
Magistratura. En primer lugar, una integración donde los
cuatro estamentos tengan la misma cantidad de representantes con paridad de
género. Que todas las funciones administrativas sean del Consejo y que la Corte no pueda seguir
teniendo esas competencias. Hay otras cuestiones como la selección y
capacitación de jueces. Esta ley es inconstitucional. El funcionamiento de la Corte también es
inconstitucional porque muchas de sus funciones corresponden al Consejo. Esto
es muy nocivo. Y la propuesta que presentamos tuvo alto grado de consenso”.
El Consejo de la Magistratura está
pensado como organismo de control del Poder Judicial. La discusión de fondo es
esa, dice una experta, y no hay que tenerle miedo a la palabra control. “Así
como el Ejecutivo es controlado por el Congreso; el Congreso es controlado por
el Ejecutivo y el Judicial, ¿quién controla al Poder Judicial? El Consejo de la Magistratura es el
organismo de control para el Poder Judicial, porque con la muletilla de la
independencia se pierde de vista que los integrantes del sistema de justicia
son funcionarios públicos como las personas que integran el resto de los
Poderes del Estado, y un elemento de control no recorta la independencia sino
que, por el contrario, la mejora y la refuerza”.
Caras
La revista Caras mencionó a Horacio Rosatti
como celebrity, que
así se metió en la ventana del glamour. Ricardo Lorenzetti, que le viene
armando programas paralelos en su campaña permanente a la presidencia que
perdió, apareció esta semana en una galería de fotos de familia rodeado de
todos los que pudo juntar. Fue en el Salón Regence del Hotel Alvear. Estuvieron
el lobbista de Estados Unidos Gustavo Cinosi y el empresario Daniel Hadad con
nuevo look en el pelo, a quienes escucharon celebrar al supremo con una frase:
“¡Nace un candidato!” Horacio Verbitsky escribió hace tiempo que la eventual
candidatura de Lorenzetti como vicepresidente de Julio Cobos fue mencionada por
primera vez en enero de 2010 por el ex diputado radical Daniel Katz. En aquel
momento, se había instalado un consenso político-mediático sobre el presunto
agotamiento del actual ciclo político y el riesgo de que su desplome tuviera
consecuencias económicas y sistémicas catastróficas. La entonces embajadora de
los Estados Unidos, Vilma Martínez, informó con entusiasmo a su gobierno que el
presidente de la Corte
formaba parte de un grupo secreto que procuraba superar “la desunión de la
oposición” al kirchnerismo y “desarrollar una agenda en común para el mediano
plazo”. Según su confidente, la diputada macrista Gabriela Michetti, ese grupo
se reunía en secreto desde mediados de 2008, luego del voto de Cobos en el
Senado contrario al gobierno que integraba. Además de dirigentes políticos,
tanto radicales como justicialistas, participaban varios hombres de negocios y
banqueros. Cuando Wikileaks sacó a luz la historia de ese grupo, Lorenzetti no
desmintió su pertenencia. Ahora su entorno sostiene que no hay candidatura,
sino construcción de alianzas como modo de edificar poder. Las alianzas
incluyen, como entonces, las usinas locales de la Embajada de Estados
Unidos. En las fotos también estuvo el rabino Isaac Sacca, amigo y accionista
del Alvear, y Adrián Werthein. En 2015, cuando Lorenzetti aún conducía el
tribunal, Werthein celebró en la
Corte el final del mandato de Cristina Fernández. Este año
llamó al entorno de Carlos Rosenkrantz para decirle que como representante del
Congreso Judío Latinoamericano apoyaba la candidatura de Lorenzetti para la
elección del Palacio. Colgó. Poco después alguien llamó otra vez a la Vocalía para pedir
disculpas y advertirle que el multimillonario empresario hablaba en nombre de
sí mismo porque ya no representaba a la institución.
Las fotos del Alvear
mostraron a otras figuras con las que Lorenzetti hizo gala de sus alianzas,
retratadas en Infobae:
- La mitad de la Cámara de Casación Penal: Gustavo Hornos,
Mariano Borinsky, Javier Carbajo, Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y
Daniel Petrone.
- El camarista federal Martín Irurzun.
- El fiscal Guillermo Marijuan.
- Y los jueces federales de primera instancia Ariel
Lijo y Julián Ercolini.
El Cuarto Piso tomó nota
de esas fotos, pero no vieron muestra de poder, sino de raleo: por ejemplo,
sólo estuvieron dos de los doce jueces federales, aunque admitieron bastedad en
Casación. Esta es la invitación que entró a incontables teléfonos celulares de
cámaras y fueros diversos, con link que pedía confirmar inscripción y de paso
tantear que no estaría solo en el evento.
Esta semana hubo
elecciones en la Asociación
de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
(AMFJN). Ganó la Lista
Bordó, como desde hace veinte años. La novedad fue que la Lista Celeste, de
los sectores más progresistas, logró acercarse a los números por primera vez:
perdió sólo por 39 votos. Y ganó en el interior. La segunda noticia fue que
para evitar la derrota, la Bordó
contó con la asistencia de la
Corte. Según cuentan en la Asociación, la Corte movilizó a gran parte
de la tropa de secretarios letrados para votar, cuando nunca lo hacía. El
recuento fue: Bordó, 855; Celeste, 816 y Compromiso, 439. Y las diferencias: en
Py, de 38 votos; en Rosario, de 31 votos; en Córdoba, de 32 votos. Todos ellos
a favor de la Bordó. En
las mesas de Lavalle, donde iba a estar el fuerte de la Lista Celeste, la Bordó emparejó con la Corte y el Ministerio
Público Fiscal. Hubo sorpresa en Comodoro Rivadavia, territorio del camarista
Javier Leal de Ibarra. La
Celeste descontaba una victoria, pero perdieron por 29 votos.
La evaluación es que el camarista movilizó a su gente enojado porque el Consejo
avanzó con las ternas para activar la Cámara Federal del santacruceño pueblo de Piedra
Buena.
La Cámara de Casación Penal tiene los aires
caldeados: rotará la presidencia. Gustavo Hornos intentó convocar a plenario
para el martes, pero la reunión pasó para el jueves. Quien asuma la presidencia
abandona de manera transitoria la silla que ocupa como titular de su sala. El
sucesor debería ser Alejandro Slokar, pero necesita votos de colegas con los
que este año se enfrentó porque objetó las visitas de Hornos y Borinsky a
Mauricio Macri. El otro candidato es Daniel Petrone, también invitado del
Alvear e integrante de la Sala
I de la
Cámara de Casación con Ana María Figueroa y Diego
Barroetaveña. Es la Sala
que decidió el sobreseimiento por Dólar Futuro, que tiene la decisión final del
sobreseimiento por el Memorándum con Irán y, a partir del viernes pasado,
también debe revisar el sobreseimiento por Hotesur y Los Sauces. Ese mismo día,
la Sala rechazó
una nulidad del juicio oral. La decisión de apuro, horas antes del fallo del
Tribunal Oral Federal 5 que finalmente anula el juicio, salió por dos votos a
uno. La candidatura de Petrone a la presidencia de la Casación pone a rodar una
de las tres sillas de esa Sala que tendrá la última decisión.
Por cada una de
estas escenas, vale repreguntar: ¿Quién controla al Poder Judicial?
(*) El Cohete a la Luna, 28/11/021
Comentarios
Publicar un comentario