LOS JUECES DE LA CORTE CREEN QUE LA INVITACIÓN TARDÍA
DEL GOBIERNO ES UN ADELANTO DE LO QUE LES ESPERA EN EL CONGRESO
Al atardecer de este lunes casi no quedaban
empleados en el Palacio de Tribunales y menos, funcionarios. A las 14, los
judiciales salieron a borbotones por la puerta principal que da sobre
Talcahuano, frente a la
Plaza Lavalle, y en la Corte los jueces todavía se quedaron unas horas
más en sus vocalías. Excepto alguno de ellos que salió a media tarde.
Pasadas las 19, llegó a la Corte la invitación para
asistir el miércoles a las 11 al Congreso, a la apertura del año legislativo,
un acto en el que el presidente Alberto
Fernández pronunciará su discurso con el balance de lo
realizado y las medidas por venir.
Encabezado por el propio Presidente, el
Gobierno planteó el juicio político de todos los jueces de la Corte y una comisión de
diputados lo tramita desde hace un mes, una vez por semana. La intención de
remover a los cuatro magistrados se activó luego del fallo en el que le dieron
la razón al gobierno porteño y condenaron a la Nación a pagar 1100
millones de dólares diarios en concepto de coparticipación federal. Con este
panorama, en la Corte
estimaban que la demora en recibir las invitaciones, lo que recién se concretó
por la noche, es un indicio de lo que les espera a los jueces en caso de que
decidan concurrir.
Lo que ocurre en la Cámara de Diputados durante
la tramitación del juicio político es una muestra del ánimo de los legisladores
kirchneristas con los jueces. Bastó que concurriera el juez Sebastián Ramos al Congreso a
declarar como testigo en la
Comisión de Juicio Político para que sufrir un destrato poco
habitual.
A tal punto que la Asociación de
Magistrados expresó en un comunicado que los diputados se habían extralimitado
en sus atribuciones y que los jueces no tenían por qué ir a dar explicaciones
de sus fallos. Un preanuncio de que los jueces, en su mayoría, no estarán
dispuestos a pisar en el futuro esa comisión. A ese comunicado le siguió otro
de la Asociación
de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), que
sostuvieron que si los fiscales van a declarar como testigos se pueden violar
“garantías constitucionales básicas” y perturbarlos en “el ejercicio de sus
funciones”.
Este es el clima en el Congreso para con la Justicia. Ya el año
pasado, como en 2020 y en 2021, el Presidente había pedido al Congreso una
reforma de la Corte
Suprema y de la Justicia Federal. Alberto Fernández habló
entonces de la necesidad de impulsar modificaciones en el Poder Judicial.
En 2022, Ricardo Lorenzetti, Carlos
Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti escucharon las palabras del
Presidente en forma presencial, en el recinto. La transmisión oficial del
discurso los mostró con barbijo. Los enfocaban las cámaras cuando el Presidente
hablaba de ellos.
Fracasó en su intención de aprobar una reforma
de la Justicia
Federal, que se aprobó en el Senado y se estancó en
Diputados, y no avanzó con una reforma de la Corte: convocó a una comisión para que le
presentara propuestas, pero nunca las convirtió en proyectos de ley.
Tampoco consiguió designar a su elegido para la Procuración General,
el juez federal Daniel
Rafecas. Cuando la oposición ofreció darle los votos para
alcanzar los dos tercios del Senado que necesitaba, Cristina Kirchner no puso
su pliego en tratamiento en la
Cámara alta.
No nominó a una candidata para la Corte Suprema, que
funciona con cuatro miembros desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco, porque sabe
que no tiene los votos necesarios para aprobar a quien elija.
Y tampoco logró consensuar un proyecto de ley
para reformar el Consejo de la Magistratura. A tal punto que la Corte Suprema, a
finales de 2021, dictó un fallo en el que anuló la conformación del Consejo que
diseñó Cristina Kirchner y repuso la ley original del cuerpo, de 1999. Esa
norma le da la presidencia del Consejo de la Magistratura al
presidente de la Corte,
que hoy es Rosatti.
Un año llevó pone en marcha el Consejo de 20
miembros y se logró a medias. Los jueces, los abogados, los académicos y los
diputados eligieron a sus consejeros. Todos juraron y asumieron sus cargos.
Pero con los senadores no ocurrió lo mismo. Cristina Kirchner dividió su bloque
para quedarse con una banca que, en realidad, le correspondía a la oposición,
pero el kirchnerismo se la adjudicó a Martín Doñate. La Corte anuló esa decisión.
Este martes, entonces, la Corte le tomará juramento a
los senadores consejeros que todavía no asumieron, pero sin Doñate, en lo que
constituye otro revés para el kirchnerismo y es un elemento más que explica la
distancia entre los jueces y el oficialismo.
Después de las juras, los jueces de la Corte prevén reunirse en su
habitual acuerdo de ministros, donde conversan a solas, y firmar sentencias.
Tienen en agenda temas sensibles, como el de la coparticipación federal de la Ciudad. En ese caso, el
Gobierno recusó a toda la
Corte.
Es probable que mañana los jueces aborden el
tema de su eventual presencia en la Asamblea Legislativa.
En la Corte no
había ánimo como para asistir al Congreso, aunque al mismo tiempo se analizaba
el peso institucional de faltar.
Fuente: La Nación
(*) Identidad correntina
28/2/023
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