EL FUTURO ARGENtino
Juan José Castelli, el orador de la Revolución de Mayo, en
la noche del 11 de octubre de 1812,
a los 48 años de edad, pidió papel y lápiz y escribió:
“Si ves al futuro, dile que no venga”, y falleció de cáncer de lengua pocas
horas después.
Fueron, junto a Mariano Moreno, los dos
mayores impulsores del derrocamiento del Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros,
como así también, los máximos propiciadores de poder comerciar libremente con
cualquier otro país, sin depender del virrey o de España [1].
Ambos estudiaron derechos y obligaciones en
Chuquisaca y tomaron abiertamente posición y defensa por los indios, ante su
mal trato por corregidores y malos curas doctrineros. Y ambos eran defensores
acérrimos de la producción y el comercio local, como lo redacta Mariano Moreno
en su Representación de los
hacendados, donde manifiesta que el libre comercio debe ser con
protección para la producción del interior por medio de la elevación de
aranceles. Incluso exigía que los importadores fuesen obligados a exportar por
lo menos un 50% de lo importado.
Fueron ellos los que tomaron la decisión de
fusilar a Santiago de Liniers, héroe de la Reconquista, al
servicio de España.
Juan José Castelli vio caerse en pedazos el
ideal revolucionario y cómo los enemigos encubiertos de la patria calumniaban y
relegaban a sus mejores hijos. Vencido por la enfermedad, nos dejó una
sentencia que se repite como se repiten los serviles al poder.
El poder tras la sombra
El ejército inglés fue vencido en estas
pampas en 1806 y 1807 al ser identificado claramente como el enemigo. Pero los
comerciantes ingleses supieron corromper a parte de los representantes y
funcionarios de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata; por eso Bernardino
Rivadavia nos endeudó por 1.000.000 de libras esterlinas con la Baring Brothers y
Bartolomé Mitre (que también nos endeudó por 2.500.000 libras
esterlinas), tergiversando la historia, sostuvo que un servil del imperio como
Rivadavia (y como el mismo Mitre) era un defensor del comercio libre; es más, tras
la Guerra de la Triple Infamia
contra el heroico pueblo del Paraguay, afirmó: “En la guerra del Paraguay ha
triunfado no sólo la
República Argentina en su capacidad política de Nación, no
sólo la triple alianza en reivindicación de sus derechos, sino también los
grandes principios del libre cambio, que son los que vivifican el comercio”,
para considerar finalmente: “Entonces podremos inscribir en nuestra bandera de
inmigración la famosa leyenda del sistema norteamericano: libertad y propiedad,
y el último esfuerzo estará hecho y la última palabra estará dicha” [2].
El mercado de cambio de Buenos Aires se creó
con la guerra al Paraguay, por los empréstitos tomados por Norberto De La Riestra en nombre del
gobierno mitrista de 2.500.000
libras esterlinas, y por el ingreso de divisas del
imperio de Brasil para financiar la guerra y comprar caballos, mulas, vacas,
etc.
Seis años antes, el 12 de noviembre de 1863,
los esbirros de Mitre matan a Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, de quien dijera
José Hernández: “Los salvajes unitarios están de fiesta. Celebran la muerte de
uno de los caudillos más prestigiosos, más generosos y valientes que ha tenido la República. El
partido federal tiene un nuevo mártir. El general Peñaloza ha sido degollado”.
“Nunca fue la República teatro de una
matanza tan formidable, no hay provincia que no cuente con una hecatombe, no
hay pueblo que no lamente un crimen. Son víctimas de este gobierno, todos los
argentinos fusilados y lanceados en las provincias del interior desde que subió
Mitre a la presidencia hasta hoy. Rivas, Arredondo, Paunero, Sandes y todos los
jefes que han formado parte de las expediciones al interior, para someter a los
pueblos al despotismo militar de Mitre, pueden dar fe de sus carnicerías” [3].
No otra hecatombe es la actual, con un
gobierno servil al poder económico, poder cuya base está en el capital financiero
de Manhattan (como en el siglo XIX y hasta la crisis de 1930 en Londres). Para
ello también necesitan de los oficios de los grandes medios de comunicación,
tergiversando la realidad, mintiendo que el ajuste económico y fiscal es
necesario para resurgir de las cenizas, cuando ha quedado demostrado en las
cuentas públicas (Resultado Fiscal) que el superávit financiero de la Administración
nacional en su totalidad, en los primeros diez meses de este año, por 2.701
millones de dólares (es en pesos por 2,7 billones de pesos, pero el Tesoro de la Nación compró al tipo de
cambio oficial en el BCRA, disminuyendo sus reservas internacionales) en torno
a los 1.000 pesos por dólar, es para pagar en forma adelantada capital en
dólares y euros correspondientes a los bonos Globales y Bonares, con
vencimiento en enero de 2025. Los pagos de renta para esos mismos bonos, que
también vencen en enero 2025, ya fueron asegurados con una compra previa de
dólares en agosto de 2024.
Ese pago al exterior se hace a cuesta de
pagar una jubilación en octubre de 2024, a cinco millones de beneficiarios, de
244.320,56 pesos por mes, más un bono de 70.000 pesos, cuando la canasta básica
total del INDEC para una persona para no ser pobre, en el mes de septiembre de
2024, fue de 312.175 pesos.
Los jubilados y pensionados protestando con
todo derecho son violentamente reprimidos [4];
por ejemplo, el día miércoles 6 de noviembre, frente a las oficinas del PAMI y en
reclamo de la entrega de medicamentos, el jubilado Gerardo Mirkin fue asfixiado
al ser tomado violentamente por el cuello por un policía de la ciudad y debió
ser trasladado de urgencia en ambulancia donde se recuperó. Tuvo más suerte que
Facundo Molares, que, reprimido por esa misma policía, falleció en una
manifestación pacífica frente al obelisco de la ciudad, el 9 de agosto de 2023.
El DNU 20/2023
Más allá de la defección posterior de Justo
José de Urquiza, lo cierto es que el enfrentamiento con el puerto de Buenos
Aires de la
Confederación Argentina permitió que se incorporara a Buenos
Aires en 1859 a
la Constitución
redactada y aprobada por la
Confederación en 1853, tras la derrota de Mitre en la Batalla de Cepeda,
posibilitado por el Pacto de San José de Flores. Pacto que, por supuesto, Mitre
firmó pero no cumplió, como tampoco lo hizo tras la derrota de Urquiza en
Pavón, Constitución nacional que modificó en 1866 durante su mandato
presidencial (1862-1868).
Sin embargo, Mitre no modificó lo establecido
en 1853, que es el actual art. 116, por lo que corresponde a la Corte Suprema de
Justicia y a los tribunales anteriores el conocimiento y decisión de “todas las
causas” que versen sobre puntos regidos por la Constitución y las
leyes de la Nación.
Los decretos de necesidad y urgencia (DNU)
en la Argentina
se establecieron en la
Constitución nacional en la reforma de 1994, pero si el Poder
Ejecutivo dicta un decreto de necesidad y urgencia que no cumple con los
requisitos de habilitación constitucional, entonces, la ineludible consecuencia
jurídica constitucional es la nulidad absoluta e insanable de este, tal lo
dispuesto en el inciso 3 del art.99 de la Constitución [5].
El DNU 70 fue publicado en el B.O. el 21 de
diciembre de 2023, entró en vigencia el 29 de diciembre de 2023 y, dispone más
de 300 modificaciones a la legislación en uso [6],
en el marco de declarar la emergencia pública en materia económica, financiera,
fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31
de diciembre de 2025 (art. 1º). Para asegurar el libre mercado se dispone de la
más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el
territorio nacional (art. 2º).
El Senado de la Nación, el 14 de marzo de
2024, rechazó el DNU 70/23, pero en la Cámara de Diputados no se dignaron a tratarlo y
en este mes de octubre de 2024 están trabajando en varios proyectos que tienen
como fin el de fijar un plazo de entre 30 y 60 días para que el Congreso de la Nación se pronuncie sobre
la validez de un DNU.
El DNU 70 es una reforma constitucional
impuesta por las grandes empresas que pagaron a los grandes estudios para su
redacción, para su exclusivo beneficio y en desmedro de la población. La
población que lo votó a Milei es estafada porque, en lugar de que el ajuste lo
pague la casta, lo paga el pueblo y sobre todo los más vulnerables, trabajadores
precarizados, trabajadores estatales, jubilados y pensionados, desocupados,
pequeñas y medianas empresas ligadas al mercado interno, incluso productores
agropecuarios, por el precio de las divisas que obtienen por sus ventas y la
banda etaria de 16 a
25 años de edad, presionados por los bajos salarios y las limitaciones
económicas y geográficas para poder estudiar.
En el caso del “campo” —como les gusta
llamarse— van a pagar el dólar barato del sector más rico de la sociedad que va
a veranear al exterior. Según estimaciones del presidente del BCRA, Santiago
Bausili, la demanda de dólares por turismo en este verano requerirá de 1.300 a 1.600 millones de
dólares por mes, pero los va a obtener de la liquidación de la venta de la
cosecha fina.
En síntesis
El enemigo del pueblo argentino queda
encubierto por un gobierno elegido por la población, que lleva adelante una
política interna para favorecer al gran capital que opera en el país, que no
trepida en ceder los recursos naturales que le pertenecen a la Argentina, y a su vez,
se dispone a privatizar las compañías más relevantes como el tren Belgrano
Carga y otras ramas ferroviarias, Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Administración
General de Puertos, Concesiones Viales, ARSAT, ENARSA, IMPSA, Casa de Moneda,
los bancos Nación Argentina y BICE, Fabricaciones Militares, Tandanor, Aguas y
Saneamiento (AySA) y la
Televisión Pública.
Es más, se plantea vender la participación
de la ANSeS en
grandes empresas locales (Pampa Energía; Banco Macro; Banco Galicia; Banco
BBVA; Banco Supervielle; Aluar; Capex, Central Puerto; Central Costanera;
CRESUD; Grupo Clarín; Ledesma SAIC; Molinos Ríos de la Plata; Transener; TGN; TGS;
etc.)
Todo ello amparado en el DNU 70/23 y todos
los DNU que precise el Presidente hacer para llegar a tal fin, para pagar los
servicios de una deuda que no se investigó y que beneficia a esos mismos grupos
económicos que pagaron los estudios que redactaron las leyes y decretos de esta
Administración.
Y en el plano externo, subordinación total e
incondicional al Departamento de Estado de los Estados Unidos, llegando a echar
a la canciller y poner en su lugar al que hacía de embajador argentino en los
Estados Unidos, para no contrariar su voluntad.
Bernie Sanders publicó una nota de reflexión
sobre la victoria de Donald Trump del martes 5 de noviembre de 2024, en donde
critica a la conducción demócrata y se cuestionó “si los muy bien remunerados
representantes de su partido comprenden el dolor y la alienación política que
experimentan decenas de millones de personas”. También se preguntó: “¿Tienen
idea de cómo enfrentar a una oligarquía que está creciendo y tiene un enorme poder
político y económico? Probablemente no”.
La misma pregunta de Bernie Sanders se la
podríamos hacer a los 134 diputados y los 38 senadores que votaron el
RIGI [7],
a Edgardo Kueider o a Martín Lousteau, el primero firmó el dictamen y el
segundo dio el quorum para que se apruebe el RIGI. No saben ni les interesa
saber que en la Argentina
un millón de chicos se van a dormir sin comer y no se sabe qué comieron durante
el día. Tampoco les interesa el futuro argentino, solo les preocupa su interés
personal.
Si no se plantea otro camino, no va a haber
cambio alguno y se le da la razón al prócer Juan José Castelli.
(*) El Cohete a la Luna
10/11/024
[1] Castelli y Moreno propiciaban el libre comercio
entre naciones (sin la tutela de España), no el libre mercado. Esto es que el
Estado podía fijar aranceles y medidas arancelarias, así como apoyar
determinadas ventas al exterior.
[2] “El Comercio”, nota de Bartolomé Mitre en Buenos
Aires, 6 de diciembre de 1869.
[3] Expresiones de Laurindo Lapuente, un testigo de la
época, citado por Juan José Hernández Arregui en “Nacionalismo y Liberación”.
[4] El Papa Francisco: El gobierno de Milei gasta en
gas pimienta más que en la jubilación (el valor de cada envase de gas pimienta
utilizado por las fuerzas de seguridad durante los mega operativos desatados
por Patricia Bullrich es de 250.000 pesos aproximadamente).
[5] Art. 99, inc. 3: El Poder Ejecutivo participa de la
formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral
o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.
El jefe de gabinete de ministros, personalmente y dentro de los diez días,
someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las
representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en
un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento,
el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso.
[6] Entre otras derogó la ley de alquileres; de
góndola; de abastecimiento; desregula las tarjetas de crédito; la obligación de
los depósitos judiciales en el Banco de la Nación Argentina;
deroga la ley de compra nacional; desregula funciones del Estado; deroga la ley
N.º 14.499 Bases para la fijación de haberes a los jubilados y pensionados;
deroga la ley N.º 20.705 de Sociedades del Estado; modifica la Ley de Empleo N.º 24.013 a los efectos de
realizar su flexibilización laboral; deroga la Ley de Indemnizaciones Laborales N.º 25.323 y con
ello la duplicación de la indemnización por despido; modifica la ley de empleo;
modifica la ley de Contrato de trabajo; elimina la Política Nacional
Aeronáutica, atentando contra la integridad y el control territorial. Utiliza
lenguaje restrictivo para referirse al espacio argentino; modifica la Ley N.º 26.522 de
Servicios de Comunicación Audiovisual; facilita el proceso de privatización del
fútbol argentino mediante la introducción de las Sociedades Anónimas
Deportivas; etc.
[7] El Régimen Incentivo Grandes Inversiones es la
extensión y profundización de la ley de Gran Minería sancionada durante el
menemismo, al posibilitar que tanto los recursos exportados como las divisas
obtenidas se queden fuera del país, acompañada de inauditas prebendas
tributarias y aduaneras, sin obligación de abastecer al mercado interno y con
prioridad en el uso de nuestros recursos naturales.
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