La inquietante pregunta de Iván Hirsch

 

¿Se viene un invierno sin gas? (*)

El gobierno tuvo que salir a calmar los ánimos ante las alertas que enciende la incertidumbre sobre el abastecimiento de energía de cara al invierno que se viene. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti aseguró en conferencia de prensa que no escaseará el gas, luego de que los industriales reclamaran una racionalización del consumo en los hogares y de que el inicio de la cosecha gruesa en el campo se topara con faltante de gasoil en las estaciones de servicio del interior del país.

El mensaje oficial no tuvo más precisiones que el anuncio de que el ministro Martín Guzmán y el secretario de Energía Darío Martínez estarían en negociaciones, cuyos resultados se conocerán en los próximos días. Cerruti saludó también que este año habría menor necesidad de importación, cuando en realidad se estima que de 56 buques que arribaron en 2021 pasaríamos a 70 para cubrir la demanda en 2022. El hecho es que incluso si se mantuviera el número de embarcaciones el costo de importación puede llegar a los 6.000 millones de dólares, divisas que el Banco Central no tiene.

La UIA ya abrió el paraguas ante los cortes de energía que descuenta que se sucederán en el invierno. Claro, no propone nada que optimice el consumo industrial -mayor a la cuarta parte de la demanda nacional- sino que carga las tintas sobre los usuarios residenciales que lo usan para cocinar y calefaccionarse. Para incentivar un uso “más racional” incluso deslizan la propuesta de un tarifazo mayor al pactado con el Fondo en la boleta que pagan los hogares, o eventualmente que sean estos quienes sufran los cortes de suministro.

Si los nubarrones negros en torno al abastecimiento de gas ya desmienten el supuesto éxito que se autoadjudica el gobierno acerca de haber reducido el déficit energético, en el caso de los combustibles líquidos la deficiencia oficial es lapidaria.

YPF volvió a citar a los directivos de las principales petroleras del país para explorar acuerdos que le permitan satisfacer sus necesidades de crudo para las refinadoras que nutren el mercado local. Es que con un precio de exportación que duplica a los de venta en el país, las compañías priorizan los despachos al exterior y dejan a YPF en la necesidad de importar crudo para satisfacer la demanda de combustibles, una operación que con los precios internacionales actuales –disparados por la guerra en Ucrania– se vuelve imposible de afrontar.

Al lado de este negocio a costa de las necesidades del país (que se embolsan PAE, Vista, Tecpetrol, Chevron) aparece otro aspecto clave, que es la huelga de inversiones. Esta incluye a la propia petrolera “nacional”, cuya extracción de crudo pesado en el Golfo San Jorge de Chubut se desplomó en los últimos tres años.

Así y todo el gobierno insiste en buscar un acuerdo “entre privados”, es decir entre las petroleras y la empresa de mayoría accionaria estatal, para abstenerse de intervenir mediante la Secretaría de Energía acotando los permisos de exportación. Incluso más, Sergio Massa estaría negociando con los jefes parlamentarios de la oposición un proyecto de Ley de Hidrocarburos que incentiva las exportaciones a base de eliminar retenciones y otros impuestos y permitir mayor acceso a divisas para repatriar sus ganancias sorteando el cepo cambiario (Econojournal, 30/3). Con estos estímulos a las petroleras la crisis energética no se revertiría sino que se agravaría.

De hecho, ya hay alertas por la fijación de cupos a las ventas de gasoil en los surtidores las estaciones de servicios del interior. Además de a los particulares, la escasez complica el inicio de la cosecha gruesa. Se calcula que Argentina debe importar hasta el 30% de su demanda de gasoil, a pesar de que las plantas refinadoras tienen parte de su parque ocioso. El problema se agranda por el derrumbe de la producción de biodiésel, porque los pulpos agroindustriales prefieren dejan sin operar sus plantas de biocombustibles ante la mayor rentabilidad de destinar la soja a la producción de harinas y aceites para exportar.

Lo que anticipa todo esto es que el rumbo de naftazos, que ya escaló al 25% en apenas dos meses, tenga nuevos episodios. Va de suyo que esto echará combustible al fuego de la inflación explosiva que estamos sufriendo, porque repercute con mayores costos en toda la cadena de producción, logística y comercialización de los artículos de consumo masivo.

La crisis energética no es entonces un mero resultado del impacto económico de la guerra en Europa del Este, como busca presentarlo el gobierno. En efecto, quienes se apropian de la renta petrolera del país están haciendo un negocio fenomenal con los altos precios internacionales. La salida al laberinto requiere por eso de la apertura de los libros de toda la industria energética y de la nacionalización del comercio exterior, como punto de partida para tomar los resortes económicos en función de satisfacer las necesidades sociales y productivas del país. Un rumbo opuesto al remate de nuestras riquezas para pagarle al FMI.

(*) Prensa obrera, 31/3/022