El punto de vista de Jorge Enríquez

El punto de vista de Jorge Enríquez

Los malos jueces agravian a la Justicia y a la República (*)

La existencia de un Poder Judicial idóneo, independiente y honesto no es una cuestión que ataña solo a los abogados, sino que es de esencial importancia para todos los ciudadanos. Como seres humanos, los jueces pueden equivocarse. Más aún, dadas las diversas interpretaciones que en muchos casos pueden hacerse de buena fe de las leyes, podemos discrepar de la manera más vehemente con relación a algunas resoluciones judiciales. Si nos afectan, podemos pedir que sean revisadas por tribunales superiores y cuando ya no quedan recursos disponibles, mal que nos pese si el resultado nos es desfavorable, debemos acatarlas.

"Res iudicata pro veritate habetur". La cosa juzgada se tiene por la verdad, dice el viejo adagio latino. No es necesariamente la verdad, pero se tiene por ella. En esa presunción descansa la paz social. Pero para que todos aceptemos las decisiones de la Justicia estas deben provenir de magistrados probos. La Constitución les otorga garantías -la inamovilidad en el cargo mientras dure su buena conducta, la intangibilidad de sus remuneraciones- para que ejerzan la eminente función que la sociedad les confía con dedicación y ajenos a cualquier presión espuria. Se parte de la base, además, de que quienes nos juzgan son personas moralmente intachables. ¿Cómo podríamos respetar el fallo de un delincuente?

Lamentablemente, hay ejemplos en la Argentina que desmienten esa idea. Sin dudas, la inmensa mayoría de los jueces cumple honradamente sus deberes, con dedicación de tiempo y esfuerzo, entrega personal, idoneidad profesional e integridad moral, pero hay algunos, de especial resonancia por los casos de gran repercusión pública en los que intervienen, que nos hacen sentir avergonzados como sociedad.

En estos días hemos tomado conocimiento de que, en su carácter de imputada colaboradora, la viuda del exsecretario del expresidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, declaró que el juez federal Luis Rodríguez recibió un soborno de 10 millones de dólares para beneficiar a su familia. Lo hizo en la investigación que realizaba respecto del presunto enriquecimiento ilícito de Muñoz, cuyo incremento patrimonial fue tan obsceno que no se requiere de una especial perspicacia para demostrar su ilicitud.

Rodríguez ya fue objeto de cuestionamientos muy severos, primero en cuanto a su oscura designación y, luego, en cuanto a su intervención en otras causas, como la del exsubsecretario Legal y Técnico de la Presidencia durante los gobiernos de los Kirchner Carlos Liuzzi. En aquella oportunidad la Cámara Federal no solo revocó el sobreseimiento dictado, sino que apartó a Rodríguez de la causa.

Sobran, entonces, los elementos como para que el Consejo de la Magistratura tome cartas en el asunto en forma urgente. Necesitamos jueces y fiscales no solo irreprochables en su conducta, sino con el coraje suficiente para avanzar en causas que involucran las maniobras de megacorrupción organizadas por dos presidentes de la República, no solo sin parangón en nuestra historia, sino seguramente con pocos antecedentes mundiales, por su envergadura. La reciente y burda operación contra el fiscal Carlos Stornelli, con credenciales morales y profesionales impecables y largamente acreditadas a través de su honesta y valiente trayectoria, prestigio ganado por su contracción al trabajo, idoneidad técnica y honestidad habla a las claras de la desesperación en que están sumidos quienes participaron de ese descomunal desfalco y de los extremos a los que pueden llegar para intentar ensuciar las investigaciones en curso.

La pretensión de salpicar su integridad a través de una denuncia de extorsión no es más que una burda operación promovida por los siniestros personajes que el fiscal persigue por su condición de autores penalmente responsables del mayor saqueo de las arcas públicas llevado a cabo por esa verdadera asociación ilícita que tomó por asalto las estructuras del Estado para enriquecerse ilícitamente a costa del hambre del pueblo.

Resulta además ponderable su templanza y calma ante tal felonía, sometiéndose -como corresponde- a la investigación de los hechos por los que se lo acusa, y denunciando a su vez judicialmente al falso abogado que se prestó a esta írrita maniobra. Sin duda se demostrará la maniobra, se restablecerá su buen nombre y honor, y se procesará a los responsables de este manotazo de ahogado.

Hay que separar a los malos jueces y apoyar a los que dignifican su labor. No debemos dejarlos solos. La ciudadanía tiene que involucrarse activamente. Es necesario recalcarlo: no se trata de un asunto solo ni principalmente del mundo jurídico, sino de toda la sociedad. Es un desafío más trascendente que el que nos plantean los problemas económicos. Está en juego el fundamento mismo de un sistema de convivencia que es el único que nos garantiza ser libres y poder prosperar.

(*) La Nación, 27/2/019.