Informe
lapidario
diciembre 17, 2019
POR
QUÉ SANGRA CHILE (*)
JUAN GASPARINI
Las 35 páginas del Informe sobre la Misión que visitó
Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre de 2019, compuesta por
funcionarios del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, ahora bajo el
mando de la ex Presidente de Chile, Michelle Bachelet, intentan explicar cómo
fue posible que la noticia de un aumento de aproximadamente 0,04 dólar en la
tarifa del Metro de Santiago, anunciado el 4 de octubre pasado, haya
desencadenado “protestas y conmoción social” que movilizaron, 20 días después,
alrededor de 1,2 de millones de personas en Santiago. El zarpazo represivo que
trajo aparejada la osadía popular dejó un saldo de violaciones de los derechos
humanos bajo responsabilidad del Estado todavía incalculable, pues las víctimas
continúan denunciándose hasta hoy, dice el documento publicado el pasado
viernes por la tarde en Ginebra.
Lo hizo el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, único
invitado latinoamericano a la reciente cumbre de los Estados de raigambre
democrática más poderosos del mundo en el G7 de Biarritz, Francia (menos Rusia
y China) por ser el mandatario tenido entonces por modelo del continente. La ONU saca a luz que detrás
de esa aparente calma, yacía la población de un país sometida a desigualdades
inhumanas. Los datos oficiales recogidos en el documento resultan
significativos: “Mientras que el 50% más pobre de los hogares poseía el 2,1% de
la riqueza neta chilena, el 10 más rico tenía dos tercios (66,5%) y el 1% más
rico representaba el 26,5%”. Se añade que para muchos habitantes “el acceso a
bienes y servicios ha significado asumir una deuda sustancial, incluso para
cubrir artículos de la canasta familiar básica, como alimentos, salud, educación,
vivienda y transporte”.
La hipótesis de la ONU para entender el estallido de la bronca
popular se debe al “incumplimiento de los derechos económicos y sociales” y “la
falta de acceso a tribunales y órganos internacionales de derechos humanos para
reparar violaciones a derechos económicos y sociales y la falta de
reconocimiento constitucional de algunos” de ellos. También por las
limitaciones para disponer de “agua potable y servicios de saneamiento”, y
debido al “uso desproporcionado e insostenible del agua por parte de la
industria minera”. Asimismo, por los insuficientes “servicios básicos de salud…
en particular para los grupos desfavorecidos y marginados de bajos ingresos”.
La respuesta ante el descontento generalizado por parte
del gobierno de Píñera, tal vez el empresario más rico entre los más ricos de
Chile, fue mandar sofocar el alzamiento de la población transgrediendo los
standards internacionales para el uso legítimo de la fuerza, que llevó a la Policía francesa a
cortar la asistencia a Chile, para no quedar como cómplice de homicidios.
Porque para “dispersar asambleas legales y pacíficas”, la represión arremetió
“indiscriminadamente “contra multitudes, por “el mero hecho de que algunos
manifestantes” pudieran ser presuntamente violentos, aunque numerosos casos
identificados por la ONU fueron
probables ejecuciones extrajudiciales perpetradas en zonas cercanas o en
horarios próximos en torno a lugares afectados por “toques de queda”, sin
vínculos probados con disturbios colectivos no pacíficos. Otras víctimas
constituyeron supuestos asesinatos bajo custodia, es decir “muertes ilícitas o
privación arbitraria de la vida” durante detención o cautiverio.
La enumeración que hace la ONU de los delitos
cometidos principalmente por Carabineros y el Ejército, incluye además el uso
de munición prohibida para el mantenimiento del orden público, por ejemplo,
perdigones de plomo en vez de goma y el empleo de gases lacrimógenos cerca de
hospitales. Se suman la práctica de la tortura y los malos tratos, la “violación
y otras formas de violencia sexual” como “la desnudez forzada”, contra
“mujeres, hombres, niñas y adolescentes”, junto a los “arrestos y detenciones
ilegales y/o arbitrarias”, particularmente en perjuicio de indígenas,
migrantes, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTI, en el contexto
del hostigamiento generalizado persiguiendo jóvenes, especialmente “líderes
estudiantiles”. Todo ello pareció encender la cólera y el odio contra las
“fuerzas de seguridad”, que contabilizaron 2.705 heridos.
Pese a los innumerables procedimientos judiciales
iniciados para esclarecer lo ocurrido, de momento solo hay nueve imputados,
como eventuales autores de delitos, y tres militares bajo sospecha de la muerte
de tres civiles. La sombra de la impunidad sobrevuela. “Hasta la fecha las
fuerzas de seguridad no han informado sobre las medidas que se están adoptando
para garantizar la rendición de cuentas. Tampoco han reconocido la comisión o
posible comisión de violaciones de los derechos humanos”. La ONU reclama que
“reconozcan estas violaciones” y que “no haya impedimentos procesales para
determinar la responsabilidad penal individual, como la defensa de la
obediencia a órdenes de superiores”.
Entre las decenas de otras recomendaciones planteadas
por la ONU destacan
encarar una reforma en profundidad de Carabineros, que instaure una supervisión
civil, con “nuevos sistemas de registros de detención”, asegurando
“capacitación de vanguardia” con “perspectiva de género”, acompañadas por
“regulaciones internas “para proteger “personas y grupos discriminados”, y que
la institución exhiba “una identificación adecuada en todas las actividades
relacionadas con la seguridad pública”.
En cuanto a la participación de militares en actividades
de seguridad ciudadana, la
ONU preconiza que sea excepcional, «temporal, y
restringida, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones
civiles, regulada y fiscalizada por órganos civiles competentes”.
El acuerdo de las fuerzas políticas para buscar una
solución de fondo que erradique las desigualdades presentes en el origen de la
crisis que ha hecho eclosión en Chile, pasaría por elaborar una nueva
Constitución, según lo conocido públicamente. La ONU espera que ese
proceso “sea inclusivo, participativo y transparente”, con garantías de
“paridad de género (50% mujeres, 50% hombres)… y la participación de los
pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Los derechos
humanos deben estar en el centro de este debate nacional”.
(*) El cohete a la luna
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