La columna política de Vicente Massot

 

Pobreza, Aerolíneas y el presupuesto universitario.

Prensa Republicana

3/10/024

El índice de pobreza publicado en el curso de la semana pasada fue motivo de escándalo —no necesariamente de sorpresa— por parte del colectivo ‘bien pensante’ y de toda una serie de periodistas especializados, por un lado, y de políticos de origen opositor, por el otro, que no perdieron la oportunidad de criticar al gobierno libertario como si éste fuese el principal responsable de tal calamidad. En la empresa de enderezar censuras de las más diversa índole contra Javier Milei, no realizaron mayores distinciones y pasaron por alto los matices a los cuales es menester hacer referencia si lo que se desea es dar a conocer un análisis serio.

Lo primero que es imprescindible repasar son los números: en el año 2002 los pobres en nuestro país representaban 54 % de la población, luego de la crisis de comienzos de siglo que obró efectos devastadores en el tinglado societario. Al mismo tiempo, entonces se contaban 2,8 MM de planes asistenciales. Ahora —o sea, 22 años más tarde— aquel 54 % sólo bajó dos puntos, con la particularidad de qué hay 15 MM de transferencias monetarias que paga el Estado nacional, incluyendo los diferentes planes sociales y los 4 MM de jubilados que nunca hicieron aportes.

¿Puede una administración que lleva apenas ocho meses de gestión ser culpable de tamaño desastre? ¿No salta a la vista que las autoridades elegidas en noviembre de 2023 resultan las herederas y no las causantes de los desaguisados que se obraron, sin solución de continuidad, desde el fin de la convertibilidad hasta la clausura del segundo ciclo kirchnerista? Cualquiera con un mínimo de objetividad se daría cuenta de que —si bien resulta cierto que es el actual Ejecutivo el que debe explicar la catástrofe social, y que, de aquí en más, deberá admitir su cuota de responsabilidad, por pequeña que esta sea— supone una injusticia achacarle a sus políticas públicas las consecuencias de los errores y horrores que cometieron, en las últimas dos décadas, otras conducciones ajenas por completo a La Libertad Avanza.

Era cosa cantada que, en atención al sinceramiento de precios y tipo de cambio y al fenomenal ajuste fiscal que ha realizado el oficialismo, la pobreza habría de incrementarse. En un país donde todo estaba patas para arriba, devolverle el orden perdido —que es cuanto intenta hacer Milei— no iba a ser una empresa fácil ni estaba destinada a tener éxito inmediato. Lo que vemos y sufrimos en estos días es cuanto fatalmente sucedería. A medida que se profundiza el ajuste, se sinceran las tarifas de los servicios públicos, se eliminan regulaciones a troche y moche, se cortan subsidios, se dan de baja regímenes preferenciales, se intenta poner coto a las abusivas tasas municipales y se racionaliza la planta de empleados estatales, resulta lógico que se produzcan tensiones, que haya un marcado malestar en los sectores afectados y que descienda el índice de adhesión al gobierno.

La pobreza llegó para quedarse y sólo un proceso de crecimiento de la economía, sostenido durante décadas, podrá lograr que el escandaloso índice de 52 % baje a términos normales. En la mejor de las hipótesis, ello llevará años y durante ese tiempo importará un problema no menor para el gobierno. Básicamente, en razón de que —al resultar imposible reducirla de manera drástica en un espacio corto— tarde o temprano, cuando la paciencia societaria merme, las culpas del mal recaerán sobre la administración de turno. De momento, sólo la baja de la inflación y la creación de nuevos empleos —reforma de la legislación laboral mediante— serán un remedio eficaz para combatir el flagelo de la pobreza. Respecto del primer desafio, todo hace pensar que el indicador de septiembre estará debajo de 4 % —y probablemente en torno a 3,5 %—, lo cual supondría una excelente noticia. En cuanto a la modificación de leyes que son un impedimento para expandir el empleo, habrá que esperar: la decisión del gobierno de negociar con los Gordos dialoguistas de la CGT es más de lo mismo y representa una pésima noticia.

Una cosa es apuntar a la falta de dólares y a la demora de ponerle punto final al cepo, o advertir acerca de las dificultades con las cuales se va a topar el equipo de Luis Caputo para bajar la inflación, o llamar la atención sobre el atraso cambiario. Estas y otras muchas cuestiones que hacen a la política económica oficialista, es natural que levanten encendidas polémicas entre los especialistas en la materia. Que Domingo Cavallo o Carlos Rodríguez disientan de algunas de las directrices vertebradas por la Casa Rosada, puede molestarle al presidente —poco afecto a las críticas— pero no tiene nada de malo. Otra cosa —harto distinta— es insistir en recetas fallidas o defender estructuras obsoletas. Los casos de Aerolíneas Argentinas y la ley de Presupuesto Universitario, que el primer magistrado ratificó a través de un posteo en la red social X, y que vetará en virtud de que su promulgación pondría en tela de juicio el objetivo por excelencia de la administración libertaria —el superávit fiscal— son dos ejemplos arquetípicos de lo expresado más arriba.

Comencemos por la famosa línea de bandera. Hay una realidad, cantante y sonante, que no es dable tapar con discursos falsamente nacionalistas o con los consabidos slogans respecto de la conveniencia de tener una empresa estatal de estas características. Una vez más los números no mienten: mientras American Airlines cuenta con 36.000 empleados —cuyos sueldos pagan sus dueños— Aerolíneas Argentinas suma 11.900 agentes —que el Estado liquida con nuestros impuestos. En tanto la americana acusa 921aviones de su propiedad —lo que arroja una relación de 39 empleados por aeronave—, la criolla sólo tiene 81aviones, lo cual supone 145 empleados por aparato. La dotación de pilotos de Aerolíneas Argentinas llega a 1204 —esto es, 15 por cada avión operativo. Pero ahí no terminan los excesos, por llamarlos de alguna manera. Desde que se estatizó, el déficit operativo acumulado orilló los U$ 6.600 MM y los aportes del fisco a la empresa superaron los U$ 8.000 MM.

La decisión de no financiar tamaño despropósito inicialmente chocó con la irresponsabilidad —no hay otra palabra para calificarlos— de los diputados kirchneristas, buena parte de los radicales, los federales y los de la Coalición Cívica, que hicieron causa común y lograron quitar de la lista de empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas. Por supuesto, y como es costumbre en ellos, nada dijeron acerca de la manera de financiarla para que no requiriese nuevos aportes del Tesoro. Buscaron el aplauso de la tribuna, el tachín, tachín patriotero, y poco más. Milei no se dio por vencido y volvió a la carga eliminando el marco regulatorio y los beneficios derivados de la categoría de exclusividad y de aerolínea de bandera que tenía la compañía nacional. El presidente es consciente de que, en esta pulseada y en la del presupuesto universitario, dar marcha atrás significaría que los distintos intereses afectados por su política de ajuste se le echarían encima.

La situación parece ahora propicia para avanzar con la privatización, la cesión a sus empleados o, lisa y llanamente, la quiebra de la empresa. En esto la tozudez y falta de criterio de los líderes sindicales de la aerolínea han jugado a favor del gobierno. Acostumbrados a que todos las administraciones que intentaron enfrentarlos terminaron cediendo a sus demandas, creyeron que podrían repetir la extorsión. Se equivocaron de medio a medio. Lo que hizo la Casa Rosada fue dejarlos expuestos ante la opinión pública en un momento en que la mayor parte de la sociedad no está dispuesta a tolerar las groseras prerrogativas que monopoliza un ineficiente conjunto de empleados estatales, a expensas del contribuyente.

Por una serie de razones que exceden claramente el marco financiero y el superávit fiscal, el capítulo del Presupuesto Universitario, votado por una y otra cámara del Congreso de la Nación, es bastante más complicado que el de Aerolíneas. La educación pública ha sido siempre un motivo de orgullo para el grueso de la sociedad. Meterse con el ingreso irrestricto —aunque sea un despropósito—, con el sueldo de los docentes o con la autonomía universitaria, genera una reacción en cadena, no sólo del colectivo de profesores y de no docentes sino del grueso de las clases medias que saldrán mañana, como lo hicieron en el pasado mes de abril, a protestar en las calles. Por supuesto, a ellos se le sumarán los partidos opositores y, en general, la totalidad de los medios, think tanks, academias y centros culturales progresistas.

Que el ingreso irrestricto sea un régimen que premia la masividad en perjuicio de la excelencia e implica una injusta transferencia de ingresos de los que menos tienen hacia los que más tienen, no lo dice nadie. Que el despilfarro de fondos asignados a las universidades es cosa de todos los años, tampoco. Que las casas de altos estudios de nuestro país, comparadas con cualquiera de los demás países de Iberoamérica, son las que más estudiantes reciben y que menos graduados acreditan, es otra realidad innegable. Alguien —alguna vez— debería levantar la voz y decir que si la FUA, la FUBA y sus pares del resto del país quieren ser autónomas, tienen que imaginar formas de financiarse sin andadores estatales. Gastar con bolsillo de payaso y rasgarse las vestiduras cuando un gobierno les pide transparencia y racionalidad, es lo que han hecho por espacio de décadas. El actual gobierno está dispuesto a aumentar el presupuesto, sujeto a las restricciones que son de público conocimiento. Por supuesto, la oferta de la administración mileísta fue rechazada de plano. Luego de la manifestación pública de mañana, vendrá el veto y se verá si La Libertad Avanza puede sumar suficientes diputados para mantenerlo en pie. Esta vez la partida luce más difícil que la disputada respecto de la ley jubilatoria. Pero Javier Milei está dispuesto a dar la batalla.