El Consejo de la Magistratura, al margen de la ley
El Consejo de la Magistratura, al margen de la ley
El derecho a la defensa no parece ser para todos (*)
El Consejo de la Magistratura le negó
al juez Alejo Ramos Padilla el acceso a las escuchas telefónicas tomadas de
conversaciones a personas que están detenidas en el penal de Ezeiza, en las que
se basa parte del expediente que tramita en su contra. Son las que también
invoca el fiscal Carlos Stornelli para justificar su quinto faltazo a prestar
declaración indagatoria con el argumento de que la causa sobre espionaje ilegal
que tramita el juez Ramos Padilla, pretende debilitar el expediente sobre las
fotocopias de los cuadernos. El abogado del magistrado, que es su padre, el
juez Juan Ramos Padilla, presentó un reclamo ante el organismo donde dice que
“resulta irónico que se le niegue a mi defendido en el propio Consejo el acceso
a la prueba para ejercer nada más ni nada menos que el debido derecho de
defensa, cuando a diversos periodistas les resulta llamativamente más sencillo
obtener tal material clasificado mediante la ley de inteligencia 25.520” .
Ramos Padilla fue
denunciado ante el Consejo por el Gobierno, a través del Ministerio de
Justicia, por haber ido a exponer al Congreso acerca de la causa de espionaje
que comenzó en torno de la figura del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio
y se extendió a una organización que ya tiene 15 imputados, entre ellos
Stornelli, y decenas de otras personas investigadas, incluidos funcionarios de
la administración de Cambiemos, como la ministra Patricia Bullrich. La segunda
denuncia que fue agregada a aquella la hizo un abogado llamado Santiago Deluchi
Levene, y agregaba las escuchas que habían sido difundidas dos domingos atrás
por dos canales de televisión. Se trata de intervenciones telefónicas tomadas
en el penal de Ezeiza ordenadas por el juez de Lomas de Zamora, Federico
Villena, en una causa donde investigaba posibles conexiones de Mario Segovia,
conocido como “el rey de la efedrina”. En uno de los pabellones escuchados
están Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido, y Juan Pablo Schiavi.
El primero hablaba con Carlos Zelkovicz y el segundo, con Eduardo Valdés. Como
en una de ellas hay una referencia al juez de Dolores, terminó
denunciado.
Las escuchas ya se
conocían y de hecho las había usado Elisa Carrió para impulsar una denuncia que
presentaron Paula Oliveto y Mariana Zuvic y que cayó en el juzgado de Bonadío.
Las dirigentes de la
Coalición Cívica ya hablaban de un complot con Stornelli y la
causa de los cuadernos a través de la causa que tramita en Dolores. Las
primeras llamadas interceptadas eran del 18 y 19 de enero de este año. Sin
embargo, la extorsión que denunció el empresario Pedro Etchebest y que dio
origen al expediente a cargo de Ramos Padilla, había ocurrido hacía rato: el 8
de enero, en Pinamar, tras una larga reunión entre Stornelli y D’Alessio. La
difusión de audios dos domingos atrás fue utilizada por el fiscal Stornelli
para reforzar la denuncia ante Bonadío y pedir las indagatorias de los presos y
sus interlocutores, y alegar que por todo eso faltaba una vez más a la
indagatoria. En el Consejo, el oficialismo y el Frente Renovador, aprovecharon
el escenario para citar a Ramos Padilla a que presentara un descargo, mediante
el artículo 11 del reglamento. No es lo mismo que el artículo 20, que es
equivalente a una indagatoria, pero es una forma de ponerle presión.
La presentación de los
Ramos Padilla dice que Bonadio remitió las escuchas al Consejo de la Magistratura en un
oficio del 24 de mayo. Dos días después comenzó la difusión de audios en dos
canales de televisión. Dos días más tarde el juez de Dolores fue citado por el
Consejo. El 30 de mayo fue en persona al Consejo a ver de qué se trataba la
denuncia en la que debería presentar un descargo, pidió acceder a la prueba en
su contra y la respuesta fue que “por expreso pedido del Dr. Bonadio, no podrán
serles exhibidas ni entregadas las escuchas telefónicas realizadas en la cárcel
de Ezeiza y que se encuentran incorporadas en las actuaciones” del organismo.
Al juez cuestionado le dieron 20 días para responder, y pidió en forma
manuscrita que “se pusiera a su disposición la totalidad de la prueba para
ejercer debidamente su defensa y se suspendan los plazos hasta tanto ello
no ocurra”. En el escrito presentado por su defensa se señala también “la
posible violación de la Constitución Nacional , Pactos Internacionales de
Derechos Humanos con jerarquía constitucional, las disposiciones del fallo
Halabi (donde la Corte
objetó una ley que permitía escuchas sin justificación), y la afectación de
principios fundamentales del Estado de Derecho debido a la utilización de escuchas
obtenidas de forma irregular con la complicidad de funcionarios
públicos”.
“La gravísima
irregularidad de lo ocurrido, lamentablemente, alcanza a este Consejo –dice la
presentación– cuando priva a un magistrado de acceder a la prueba que sustenta
su acusación y lo obliga a tomar un conocimiento parcial y sesgado de la misma
por vía de los medios de prensa, donde el material supuestamente clasificado es
continuamente filtrado (…) Debe recordarse que ya en un comunicado de fecha 28
de marzo del corriente el Colegio Público de Abogados de la CABA exhortó a los poderes
públicos del Estado –en especial al Judicial– a poner un límite a este tipo de
violaciones; en particular destacó su preocupación por ‘asombrosa naturalidad
ante el delito que constituye la fuga para su emisión pública de conversaciones
privadas, grabadas de manera legal o incluso ilegal, por parte de servicios de
inteligencia ilegales o clandestinos´”.
Jorge Rizzo, ex
presidente del Colegio de Abogados, anunció ayer que las autoridades de la
entidad habían logrado tener una reunión con el presidente de la Corte Suprema ,
Carlos Rosenkrantz, y le informaron que no paran de recibir denuncias de
abogados ante el festival de escuchas y por el hecho de que son intervenidas
las conversaciones privadas de personas que están presas incluso cuando hablan
con sus abogados, lo que es ilegal. El supremo “coincidió con la preocupación y
se comprometió a hacer lo posible”, relató Rizzo en Twitter.
Ramos Padilla, además de
las pruebas, pidió la versión taquigráfica del debate mediante el cual se
dispuso la apertura del expediente en su contra.
(*) Página/12, 5/6/019.
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