La columna económica de Néstor Scibona

La columna económica de Néstor Scibona

La confianza requiere gestos políticos y dólares (*)

Néstor O. Scibona

Con el dólar en el centro de la escena, la Argentina atraviesa otra fase de la crisis económica, cuyos rasgos salientes son la incertidumbre y la desconfianza en el futuro inmediato, cualquiera que sea el resultado electoral. Este paisaje hace que parezca larguísimo el trayecto de ocho semanas hasta las elecciones presidenciales de octubre, que, vale recordarlo, definirán además cómo se integrarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El abrupto fin de la tregua telefónica entre Mauricio Macri y Alberto Fernández arruinó la expectativa de un diálogo civilizado y complicó aún más el panorama.

Demostró que la grieta política ya tiene impacto en los mercados internos y externos.

Su detonante fue el duro comunicado difundido el lunes por el candidato más votado en las PASO, que responsabilizó al Gobierno y al Fondo Monetario por la "catástrofe social" del país y al organismo por financiar la fuga de capitales, minutos después de reunirse con la misión enviada desde Washington. Poco que ver con los "intercambios constructivos" que habían señalado sus integrantes también por escrito, y que, además, debieron desmentir que se hubiera hablado de un adelanto de elecciones.

La consecuencia fue otro "martes negro" en los mercados, que volvió a derrumbar acciones y bonos argentinos en el exterior, catapultó el riesgo país a alturas de default y sacudió al dólar después una semana de calma. Otro revés para Macri, cuyas chances electorales para octubre se mueven como en un subibaja con el billete verde.

Es difícil confirmar los rumores de que detrás de ese giro hacia la confrontación con la Casa Rosada y el FMI hubo una presión directa de Cristina Kirchner, influida por la espontánea marcha del último sábado a la Plaza de Mayo y la decisión judicial de proseguir la causa por corrupción en las obras viales adjudicadas a Lázaro Báez en Santa Cruz. Pero como la realidad suele ser como se cree que es, se tornaron creíbles en medio del silencio autoimpuesto por la expresidenta. Una presunción que Miguel Ángel Pichetto se encargó de reforzar cuando dijo que CFK no comparte la moderación de su candidato y busca una megadevaluación para que la economía se incendie. En esta escalada, Fernández avaló el reclamo de 13 gobernadores peronistas ante la Corte Suprema por las rebajas de IVA y Ganancias, antes de que organizaciones piqueteras del aparato kirchnerista exhibieran en el centro porteño su capacidad de movilización junto con partidos de izquierda.

Sin embargo, lo cierto es que desde su triunfo en las PASO hace tres semanas Alberto Fernández usó inicialmente un discurso para calmar a la platea (votantes independientes y mercados) y ahora otro para enfervorizar a la popular (la base electoral K, mucho más numerosa). En este movimiento pendular afirma que el Presidente debe llegar al 10 de diciembre, pero le reclama soluciones en cuatro meses para el drama de la pobreza que no logró reducir en cuatro años. O dice apoyar la gobernabilidad, pero no desmiente taxativamente la versión del adelanto de elecciones por vacío de poder.

Cuando menos su intención es facturarle de antemano todos los costos políticos de la crisis económica, pero también contribuye a acentuarla. Al aportar más incertidumbre, fogonea la mayor demanda de dólares de quienes pueden cubrirse -típica de la Argentina antes de cada elección- y acelera el drenaje de reservas del Banco Central, aunque sostenga que deben ser preservadas para el próximo mandato presidencial.

Macri se apoyó en este último argumento para dictar el decreto de necesidad y urgencia que dispuso la extensión unilateral de los plazos de vencimiento, sin quita de capital ni intereses, de las letras del Tesoro en manos de personas jurídicas (inversores institucionales y empresas), cuyo porcentaje de renovación -en dólares y pesos- se desplomó después de las PASO.

También para que el ministro Hernán Lacunza anunciara la intención de "reperfilar" en las mismas condiciones los vencimientos de esa deuda en el mercado local a mediano y largo plazo (2020/2023) y la refinanciación voluntaria de los bonos bajo legislación extranjera bajo cláusulas de acción colectiva, a través de un proyecto de ley que enviará al Congreso para comprometer a la mayoría peronista en la voluntad de pago. Aquí el Gobierno busca repartir costos políticos con la mayoría de los candidatos presidenciales opositores que venían proponiendo esa refinanciación, ya descontada por los mercados, aunque no para este momento de alta desconfianza sobre el futuro de la economía a partir de fin de año.

Sin embargo, el empeoramiento del clima político y la ausencia de gestos responsables por parte de Alberto Fernández, que evitó pronunciarse sobre estos anuncios (por el contrario, hizo saber que contribuiría con su silencio), a diferencia de Roberto Lavagna, que los apoyó, hizo que los mercados dejaran de reparar en las palabras del Gobierno y los candidatos para poner bajo la lupa la disponibilidad de dólares de la Argentina a corto plazo y el ritmo de venta de reservas del BCRA. De ahí que el riesgo país trepara ayer a 2500 puntos básicos (que representaría un exorbitante costo financiero de 27% anual para colocar deuda en moneda extranjera) y el dólar a $62, pese a inyectar US$ 387 millones y subir al 83% la tasa de Leliq.

Con los pagos de deuda que el Tesoro patea escalonadamente hacia adelante, el BCRA evita destinar reservas a ese fin y puede volcar un monto extra (del orden de US$7000/8000 millones) a atender la mayor demanda de dólares en el mercado, al menos hasta las elecciones. O en el mejor de los casos hasta el 10 de diciembre, según lo que ocurra antes y después del resultado electoral.

No obstante, el "reperfilamiento" forzoso anunciado por Lacunza, que no alcanza a inversores y ahorristas individuales (incluso en fondos comunes de inversión), endosa de hecho la mayor parte de aquellas obligaciones (60%) al próximo período de gobierno y ya provocó una rebaja en la calificación de la deuda argentina.

Este último riesgo estaba implícito en la decisión de la Casa Rosada, que lo consideró un mal menor ante la alternativa de un control de cambios, como el que propone Alberto Fernández sin llegar al extremo del cepo. De todos modos, en el mercado sacan cuentas con las reservas del BCRA, que cayeron en US$11.700 millones desde las PASO y no descartan restricciones parciales. Por lo pronto, el BCRA acaba de disponer que los bancos deberán pedirle autorización para girar utilidades.

Paralelamente, el desembolso del FMI por US$5400 millones quedó en suspenso y agrega otro elemento de tensión. En los despachos oficiales afirman que hay tantas razones para que lo apruebe (ya que se cumplieron las metas fiscales y monetarias del segundo trimestre) como para que lo demore (para evaluar no solo el costo de las medidas oficiales para aliviar el impacto de la inflación, sino los planes de Fernández si gana en octubre), con lo cual podría quedar postergado hasta después de las elecciones.

De ahí que la Casa Rosada esté dispuesta ahora a frenar la sangría diaria de reservas (no es lo mismo vender 100, 200 o 400 millones por día hábil) y poner sobre la mesa una megaoferta para bajar al dólar, que tampoco está exenta de riesgos.

En medio de la convulsión de estos días, con el dólar por las nubes y la angustia de millones de argentinos que ni siquiera pueden comprar un billete, se dejó de hablar de dos necesidades importantes para recuperar la confianza. Una, volver a los mercados financieros para renovar los vencimientos de capital y pagar solo los intereses, como lo hacen la mayoría de los países, para lo cual se requiere bajar el riesgo país. El principal fracaso de los dos acuerdos con el FMI fue que ni aun con su asistencia récord se pudo lograr. Otra, diseñar un programa articulado de estabilidad y crecimiento apoyado en mayores exportaciones, para generar divisas genuinas y evitar que cada año haya que endeudar al país por US$30.000 millones. Paradójicamente, los activos de argentinos en el exterior superan los 330.000 millones, que equivalen al total de la deuda pública.

(*) La Nación, 31/8/019.