Un acuerdo imprescindible
Un acuerdo imprescindible
Las condiciones para un acuerdo económico-social que sea
viable (*)
Las condiciones para un acuerdo económico-social que sea
viable (*)
El nuevo
gobierno tendrá por delante un desafío descomunal. No podrá hacerle frente sin
un amplísimo pacto social. Así lo reconoció el mismo Alberto Fernández. Sin
embargo, hasta ahora no está nada claro cómo se alcanzará ese objetivo ni cuál
será su contenido.
Para
construir ese pacto será preciso aprender de las experiencias previas, que las
hay en abundancia, y tener en claro las circunstancias concretas que
enfrentamos. Para eso es necesario responder los siguientes tres interrogantes:
1) ¿es posible? y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, 2) ¿para qué? y
3) ¿con quién?
Sólo si se
responde afirmativamente al primero tiene sentido plantearse los siguientes. La
experiencia histórica, en el país y el resto del mundo sugiere que los
acuerdos, sean políticos o económico-sociales, son muy difíciles pero no
imposibles. Pueden identificarse muchas experiencias fracasadas pero otras
tantas más o menos exitosas.
Baste
mencionar tres casos exitosos en el plano internacional: el Acuerdo de
Saltsjöbaden firmado en 1938 en Suecia, aún vigente, el Prices and Incomes
Accord suscripto en 1983 en Australia, que rigió hasta 1990, y el Gran Acuerdo
Nacional israelí de 1985, que también estuvo en vigor durante varios años. Pero
también hay buenos ejemplos en nuestro país, entre ellos el Plan de
Estabilización de 1952 y el Plan Económico de Krieger Vasena de 1967 (éste,
claro, en un contexto autoritario). Ambos tuvieron éxito inicialmente, aunque
por factores asociados a nuestra crónica inestabilidad socio-política no
perduraron.
Más allá de
sus claras diferencias, lo que tienen en común estas experiencias es que en
todas en todas hubo un diálogo fructífero entre actores con intereses
contrapuestos, se identificaron objetivos comunes y se acordaron políticas
consistentes. En suma, los acuerdos son posibles. Pero para que sus resultados
sean los esperados y se sostengan en el tiempo es crucial entender el contexto
en que se proponen, incluida la cultura política predominante, y basar los
compromisos en objetivos realistas.
El segundo
interrogante es el “para qué”. Y la respuesta es que depende de las
circunstancias. En ocasiones el componente central es el político, como en los
Pactos de la Moncloa ,
cuyo propósito central fue asegurar la transición democrática española, aunque
también tuvo un rol crucial en contener la inflación, que en esos momentos
estaba en alza y ya era superior al 26% anual.
En nuestro
caso la democracia no está en cuestión. Por lo tanto, un eventual acuerdo
debería concentrarse en la severa crisis económico-social en curso. A corto
plazo lo crucial es contener la inflación y estabilizar la macroeconomía. Está
claro que para lograrlo es fundamental contar con un plan de estabilización
integral y consistente: sus componentes fiscal y monetario son
incuestionablemente centrales.
Pero en el
contexto de nuestros desequilibrios esto no basta. Es imperioso lograr un
Acuerdo de Estabilización con la oposición política y los actores económicos y
sociales relevantes que permita implementar ese plan.
La aprobación
del presupuesto y sus premisas macroeconómicas con el apoyo de la oposición en
el Congreso debe ser un elemento central del acuerdo. El segundo es una
política de ingresos acordada entre quienes fijan precios y negocian salarios,
empresarios y sindicatos pero también el Estado, que decide sobre dos precios
claves: tarifas y tipo de cambio. La desactivación paulatina de la indexación a
la inflación pasada, tanto de precios y salarios como del gasto público, debe
dar lugar a reglas de ajuste basadas en la inflación futura esperada.
Para
viabilizar el acuerdo el gobierno debe ofrecer proyecciones creíbles y
comprometerse a revisarlas en caso de desvíos. No se trata ni de provocar un
shock ni de establecer un congelamiento de precios sine die, sino de proponer
un sendero de desaceleración gradual, basado en un esquema de política fiscal, monetaria
y de ingresos consistente y creíble, que combine reglas con flexibilidad para
acomodar precios relativos cuando haga falta, y en especial para evitar el
atraso cambiario.
Adicionalmente,
el acuerdo tiene que contemplar un piso mínimo de ingresos para quienes no
están incluidos en las negociaciones paritarias.
Si el acuerdo
de estabilización funciona, el dispositivo puede extenderse a la búsqueda de
consensos sobre una estrategia de crecimiento y desarrollo sostenible, que
contemple las reformas en la estructura productiva, la inserción internacional
y las instituciones económicas (laborales, financieras, previsionales y
fiscales entre otras), que condicionan el desarrollo a largo plazo.
El tercer
interrogante, por último, se refiere al “con quién”. Sin entrar en demasiados
detalles cabe señalar tres cosas: 1) que el formato de participación debe tener
una “geometría flexible”; 2) que el Ejecutivo, los empresarios y los sindicatos
son los actores centrales en la negociaciones de precios y salarios, pero que
en materia fiscal, de políticas sociales y de reformas estructurales también
deben estar incluidos los partidos políticos con representación parlamentaria y
las organizaciones sociales y de la sociedad civil; 3) que las negociaciones
requieren asesoramiento “experto” autónomo de los actores involucrados. Un
organismo que puede brindar ese tipo de asesoramiento es la recientemente
creada Oficina de Presupuesto del Congreso; otros dos cuya creación merece
considerarse son un Consejo de Asesores Económicos al estilo del que funciona
en los Estados Unidos y un Consejo de Asesores en Políticas Sociales para la
problemática laboral, previsional y social.
Parece
evidente que la gravedad de la crisis económica hace imprescindible que el
nuevo gobierno pacte con la oposición política y los actores económicos y
sociales más relevantes. La proximidad del abismo es un incentivo poderoso para
intentarlo. Tener en claro para qué y con quién es crucial para que los
acuerdos alcanzados tengan alguna utilidad. En el mejor de los casos, salir del
laberinto en que estamos será muy difícil. Pero sin un pacto social será
directamente imposible.
Guillermo
Rozenwurcel es economista (UBA, UNSAM y CONICET)
(*) Clarín,
31/10/019.
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