La convivencia social es compleja cuando se desdibuja el sentido
de justicia. Ayer fue absuelto César Milani. ¿Qué sigue ahora?. La afirmación
que anticipa una amnistía colectiva formulada por Alberto Fernández es
engañosa. “¿Por qué el que supuestamente recibió coimas está detenido y el
que las pagó no? Ninguno de los dos tiene que estar preso”, dijo el presidente electo. No se infiere lo que él concluye,
sino exactamente lo contrario.
En todo caso, de acuerdo a ese mismo razonamiento, ambos, el que recibió el
soborno y el que lo pagó deberían estar presos. Se desprende como en un
silogismo que si el detenido lo está por haber sido sobornado, también entonces
debería estarlo quien lo sobornó. Es un ilícito con dos actores complicados
penalmente.
Alberto, profesor penalista, decidió calificar de “detenidos
arbitrarios” a los corruptos encarcelados, en lugar del desviado calificativo
de “presos políticos”. Pareciera que estamos en los umbrales de la era de los liberados
arbitrarios.
Alberto, desde luego, no
propone la abolición de los procesos en curso. Seguirían siendo juzgados pero
en libertad. Cabe apostar, sin embargo, que una vez en libertad, a la
cárcel no vuelven más.
Sin reparar en las sutilezas de Alberto, Oscar Parrilli no dudó
en oficiar de Papá Noel y proclamar su piadoso deseo: “Navidad sin presos
políticos”.
Hay dos líneas entonces en el gobierno que ya llega: la
persuasiva argumental aunque por momentos equívoca, y la literal, rasa y
burda de los subordinados
directos de Cristina. Esta última es más sincera.
La Justicia es la clave en derredor de la que gira todo el sistema social.
Es un rumbo enmarcado en la sabia definición helénica “lo justo es dar a cada
uno lo que corresponda”.
Ese ideal no se alcanza cabalmente nunca, pero es posible que
las sociedades apunten a ese objetivo o que elijan postergar la justicia en
función de priorizar las conveniencias del poder de turno.
La Justicia entonces aparece subordinada a la variación inherente de la
calesita del poder. Se puede
suponer que el nuevo gobierno pagaría un alto costo político tras la eventual
liberación de esos detenidos arbitrarios. Sin embargo, es probable también que
nada tenga un costo importante. Habrá que ver si la sociedad en
su mayoría valora castigar la corrupción, o si eso no importa.
Hay un destino si el umbral de tolerancia a la corrupción es
alto, y hay otro destino cuando el umbral de tolerancia hacia la corrupción es
bajo o nulo.
Nosotros
optamos.
Hay un
caso aún más grave que el de los corruptos en general: el de Milagro Sala. Ella ha golpeado a sus víctimas en la cabeza, con sus propias
manos, en especial y con sadismo a mujeres que no se entregaban a un ominoso
pacto de esclavitud política y sexual.
¿Quién puede creer con fundamentos que su eventual liberación
sería un acto de justicia? La
Argentina es un péndulo.
Todo cambia, inclusive la conciencia moral
colectiva dominante. Es la mayoría
quien impone la noción de lo que es justo.
A la vez nada cambia. Permanecen los antiguos privilegios
feudales, los fueros literales o implícitos de los jerarcas de la política. Se
astilla la transparencia de los procesos jurídicos imbricados como están con el
veleidoso claroscuro del sistema de que debiera sostener la independencia del
Poder Judicial respecto del Ejecutivo.
Hay otro modo de interpretar la liberación propiciada de los
funcionarios acusados de corrupción: si ellos son culpables, la culpa en
términos lógicos podría implicar al menos simbólicamente y por carácter transitivo
a quien fuera la jefa de todos ellos: Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el
límite. Ninguna culpa debe complicar a la próxima Vicepresidente. Ella
será intocable. Ella está ahora, de hecho, más
allá del bien y del mal.
Así lo
ha dispuesto el resultado electoral. El
desenvolvimiento del futuro gobierno requiere según sus próximos inminentes
integrantes de las manos libres de todo apremio jurídico, sea este fundado o
no. Cristina será eximida de toda responsabilidad relativa a la
corrupción.
Hay diversos estudios que demuestran que el descenso de los
ingresos per cápita en países emergentes preanuncia un descenso equivalente de
la calidad democrática. El fracaso económico de la administración vigente
podría haber producido un daño profundo en la escala de los requerimientos
éticos de un futuro gobierno. No es una regla fatal. Tal vez eso no ocurra y
quizás la sociedad no se haya degradado de ese modo.
La respuesta a ese interrogante sustancial es apremiante.
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