La opinión de Sergio Suppo

La opinión de Sergio Suppo

Cristina Kirchner toma el control de áreas claves del nuevo gobierno (*)

Sergio Suppo

A continuación, sus principales conceptos:

Esta semana ha sido muy ilustrativa sobre el futuro de la presidencia de Alberto Fernández, al menos en su primer tramo. Ha ido mostrando con el paso de los días cómo se ha "kirchnerizado", la influencia de Cristina Kirchner salió del Congreso para instalarse en algunos temas centrales del momento previo a la asunción de Fernández.

¿Qué temas? Uno es la formación del gabinete. Otro es la preocupación principal de buena parte del kirchnerismo, empezando por Cristina: la situación judicial de algunos de los funcionarios de la primera fila del kirchnerismo hasta diciembre de 2015.

Esta semana hubo una manifestación, bastante escasa en cuanto a adherentes, que se llamó: "Navidad sin presos políticos". Un día después, Alberto Fernández volvió con su tesis sobre que no debe haber ningún preso acusado por corrupción bajo las rejas. Según el argumento técnico de que, todas las personas que tengan prisión preventiva, pueden estar libres en tanto no tengan una sentencia firme.

En el caso de Julio De Vido, que está por cumplir 70 años, tiene la posibilidad de pedir una prisión domiciliaria. Amado Boudou es difícil que salga de la cárcel porque tiene condena ratificada en la segunda instancia, aunque no está firme. Otros detenidos son Roberto Baratta, Ricardo Jaime, José López, Luis D'Elía, entre otros.

La posición de Alberto Fernández es a favor de la liberación de estos presos, aunque no dijo que fueran inocentes. Pero el presidente electo ha hecho dos salvedades durante la campaña electoral que ha mantenido, de alguna manera, en forma coherente.

Fernández considera que la familia presidencial de los Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia, son inocentes. No dice lo mismo del resto de los funcionarios con problemas judiciales. A ellos los defiende diciendo que deberían estar en libertad.

Pero nadie le preguntó, ni él lo dijo, cuál debería ser el status judicial que debería tener un delincuente común. Porque si se sigue estrictamente la idea de que solo aquellos condenados con sentencia deberían estar detenidos, habría decenas de miles de delincuentes comunes liberados automáticamente.

Alberto Fernández se dedica solo a una porción, la porción política, de los investigados por la Justicia. ¿Por qué lo hace? Tiene una explicación política doble. Por un lado, son sus partidarios. Por el otro, este es el momento de mayor poder: el del presidente que está a punto de asumir.

Dicho eso, el resultado electoral fue mucho menos expresivo de lo que se esperaba, y no llega a sentar las bases de una hegemonía que convierta en indiscutible cualquier decisión política que se tome. Hay un 40% del electorado que sigue con bastante atención la idea de la eventual reposición de la impunidad en la Argentina. Los antecedentes históricos en la Argentina hablan de un alineamiento casi automático entre el Poder Judicial y el poder político de turno.

Otro dato político clave de la semana es la confirmación de que el gabinete de Alberto Fernández tendrá como protagonistas centrales a funcionarios puestos por Cristina Kirchner. Se borró la idea de que Cristina y su hijo Máximo fueran a reinar en el Congreso, mientras que el Poder Ejecutivo iba a ser un escenario exclusivo para Fernández.

El gabinete que se está constituyendo tiene figuras designadas que forman parte del elenco central del kirchnerismo, y están ocupando cargos decisivos en la estructura de poder. Los gobernadores por ahora no han demostrado ningún descontento, al menos en público.

Lo concreto es que hay varios funcionarios del elenco de Fernández que han sido puestos por Cristina Kirchner. El ministro del Interior, responsable de la relación estratégica con los gobernadores, será Wado de Pedro, un hombre de La Cámpora y de máxima confianza de Cristina.

Hay otras designaciones en cargos muy importantes y estratégicos, aunque no sean ministerios. El procurador del Tesoro será Carlos Zannini. Hombre de la más estrecha confianza de Cristina: fue Secretario Legal y Técnico durante los doce años del kirchnerismo.

Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central, controlará la principal caja de financiamiento político que tiene el Estado: la Anses. Mercedes Marcó del Pont, tambien expresidenta del Banco Central, estará a cargo de la recaudación impositiva, de la AFIP. No solo significa recaudar impuestos en la Argentina, sino también controlar la principal caja de secretos fiscales de cualquier país. Estamos hablando de sectores esenciales de la estructura estatal que Fernández le cedió a Cristina.

En el área fundamental que es el ministerio de Economía parece que Martín Redrado todavía no pasó el filtro de aceptación. Redrado es uno de los economistas que se comunica con Fernández con mayor frecuencia. En esta área se han barajado muchos nombres y todavía hay muy pocas certezas.

Surgen una serie de especulaciones en este ámbito. El presidente electo ha cambiado varias veces de interlocutores con el FMI y con los bonistas, con quienes anticipa negociaciones. En su momento fue Guillermo Nielsen, ahora aparece desplazado hacia el área de Energía.

Se vuelve a hablar de Daniel Marx, un especialista en negociación de deuda externa que ha pasado por varios gobiernos. Cobró fuerza esta semana Martín Guzmán, un economista de Columbia, pero sobre el final de la semana parece haber perdido potencia como posible ministro de Hacienda.

Fernández dio esta semana algunos detalles muy significativos respecto a la negociación de la deuda, que dan indicios de una negociación en marcha. Uno es que dijo que no iban a tomar los 11 mil millones que quedan pendientes del FMI. Sucede que el mismo Fondo ya había desistido de seguir prestándole a la Argentina el total del crédito de los 50 mil millones que le otorgó a Macri. Esto habla de una suerte de entendimiento: no toma los 11 mil millones al Fondo, porque en realidad sabe que el Fondo tampoco los iba a prestar.

Pero Fernández dijo lo más importante ayer en la UIA. Se refirió a algo central para el Fondo. Dijo: "Yo no voy a pedir quita". El FMI no acepta quita, no hay ningún antecedente de acuerdos con el Fondo donde haya aceptado una quita de capital del crédito que prestó. También dijo: "Vamos a pagar cuando la economía crezca"; esto quiere decir tratar de reprogramar los plazos de pago con el Fondo.

Esto es viable al cabo de una negociación con el Fondo, pero no es viable en la negociación con los bonistas. Porque estos difícilmente vayan a aceptar una negociación en los mismos términos que el FMI. La Argentina probablemente le pedirá a los bonistas algo muy distinto al Fondo, probablemente sí le pidan una quita entregando otro bono, que, a su vez, reprogramará los pagos.

La duda es a qué tasa de interés. Porque la tasa de interés en el mundo hoy está muy baja, y la Argentina está pagando una tasa extraordinariamente alta por su elevadísimo riesgo país. Hay economistas que se adelantan a advertir que hay que tener cuidado con las tasas que la Argentina vaya a aceptar tomar en la reprogramación, más allá de la voluntad de pago que Fernández se ha esmerado en destacar esta semana.

(*) La Nación, 30/11/019.