Para los lectores de El Informador Público

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La personalidad política de Cristina Kirchner (*)

Hernán Andrés Kruse (04/12/2019)

En su libro “El poder”, Germán Bidart Campos expresa que “el hombre o los hombres que como gobernantes detentan el poder, imprimen y trasladan al poder un estilo que depende, en buena parte, de quién es y cómo es el hombre que gobierna. De ahí que la ciencia política, valiéndose de otras ciencias auxiliares, analice la llamada personalidad política (…) Se trata de indagar-y acaso prever-las predisposiciones e inclinaciones del gobernante, su estructura biosíquica, sus tendencias, etc., que se reflejan y repercuten en su comportamiento. Al estudiar al poder como complejo social, Lucio Mendieta y Núñez menciona como su primer ingrediente la personalidad de quien posee el poder. Vamos a citar, sólo ejemplificativamente, qué cosas son propias de esa personalidad, y cuáles inciden en la personalidad (…): los sentimientos del gobernante; sus aficiones; sus pasiones; su salud física y síquica; su profesión u oficio; su status económico; su instrucción; su educación; su cultura; su actividad, su actuación y su vida anteriores al ejercicio del poder; su familia de origen y su núcleo familiar al tiempo de ocupar el poder; sus ideas, su religión; su extracción social; sus ideas, su estructura mental y doctrinaria; su vida privada; sus resentimientos, su capacidad, aptitud e idoneidad; su vocación política; su edad; su sexo; sus hábitos, defectos y vicios; el partido y los grupos y asociaciones a que pertenece; la situación sociopolítica, cultural y económica correspondiente al lugar y tiempo de ejercicio del poder; todos los elementos de la estructura social de la convivencia y todo lo que encuadra en la expresión, algo ambigua, de “contexto social”; los compromisos adquiridos y los que se van contrayendo; el grado de control sobre los ingredientes intelectuales , emotivos y volitivos que componen la personalidad; el sustrato (subconsciente e inconsciente) de la vida consciente; y para poner un punto final que deja muchos puntos suspensivos, mencionaríamos la totalidad del sistema político en el que se inserta el poder que le ha tocado ejercer al gobernante”.

Para analizar un gobierno X la personalidad de quien detenta el Poder Ejecutivo constituye un factor de vital importancia, especialmente en un país como la Argentina donde el caudillismo siempre ha ejercido un rol gravitante. Sería imposible, por ejemplo, analizar la época de la generación del ochenta sin hacer referencia a la personalidad de Julio A. Roca, o la del peronismo sin hacer foco en la personalidad de Juan D. Perón. Sería imposible, pues, analizar el cristinismo si se ignora la personalidad de Cristina Kirchner. Para hacerlo es fundamental tener en cuenta todos los ítems enumerados por el insigne constitucionalista. Se trata, qué duda cabe, de una tarea compleja que requiere el auxilio de varias disciplinas. Es por ello que me limitaré a destacar algunos aspectos de la personalidad de la ex presidente y vicepresidente electa que emergieron en plenitud durante su ejercicio del poder. Cristina Kirchner es una brillante oradora. Cada vez que hace uso de la palabra atrapa al oyente. Cuenta con una memoria privilegiada (habla sin necesidad de recurrir al ayuda memoria) y, me parece, le encanta que todos se den cuenta de ello. Su ambición de poder carece de límites y es partidaria de una concepción “matrimonialista” de la política. Ella y Néstor Kirchner decidieron en su momento repartirse los períodos presidenciales, proyecto que quedó trunco por la repentina muerte del ex presidente. Es por ello que no sería extraño que Cristina esté pensando en su hijo Máximo como futuro presidente. Cristina se cree superior al resto de los mortales. Cuando habla no dialoga sino que monologa, pontifica. A ella, en el fondo, no le interesa lo que los oyentes piensan de su persona. Sólo le importa que la escuchen porque al hacerlo aprenden. Le encanta ocupar el centro del ring. Se siente imprescindible, como tocada por la varita mágica para marcar un punto de inflexión histórica. No tolera que la desobedezcan ya que quienes trabajan con ella son sus subordinados. Cree que su voluntad es más importante que la constitución de 1853-60. Es autoritaria y prepotente y le apasiona que la admiren y le rindan pleitesía. Su personalidad es volcánica y no admite términos medios: o la aman o la odian. Aparenta ser muy pasional pero en realidad es una persona fría y calculadora.

Habría mucho más para decir de la personalidad de Cristina. Si hubiera que elegir una frase que la sintetice sería ésta: el mando es la razón de ser de su vida. Cristina es así y jamás cambiará. Es por ello que costaba creer que alguien creyera aquello de que “ahora, luego de estar en el llano durante un buen tiempo, Cristina es una mujer diferente, mucho más tolerante y humilde”. Lo que acaba de acontecer en los tribunales de Comodoro Py ha puesto en evidencia que se está en presencia de la Cristina de siempre, de la Cristina que ejerció el poder con mano de hierro. En consecuencia, a partir del 10 de diciembre Cristina retornará a su “lugar en el mundo” que no es otro que el poder y lo ejercerá como lo hizo siempre.

 

Anexo

Anteayer estuvo en Comodoro Py la ex presidente y vicepresidente electa para hacer su descargo sobre su supuesta responsabilidad en la causa denominada “Vialidad”. La cuestión está tan ideologizada que una causa jurídica mereció visiones antagónicas de parte de dos conocidos columnistas políticos: Raúl Kollmann y Nicolás Wiñazki. He aquí lo que publicaron en las últimas horas. Como siempre, aconsejamos al lector sacar sus propias conclusiones.

La causa armada, punto por punto (*)

Raúl Kollmann (Página/12, 3/12/019)

La lectura del expediente sobre las obras viales en Santa Cruz le da toda la razón a Cristina Fernández de Kirchner: una causa armada, un ejemplo de la lawfare, la utilización de la justicia contra los dirigentes populares. 1.- Mauricio Macri asumió el 10 de diciembre de 2015, pero no nombró director de Vialidad hasta el 15 de enero de 2016. El entonces ex candidato a intendente de General Sarmiento, Javier Iguacel, furioso anti-K, asumió ese día. El 16 de enero, o sea al día siguiente de asumir, ordenó una auditoría. ¿En los 24 distritos del país? No, en uno solo. Santa Cruz. El objetivo estaba claro: ir contra la ex presidenta. 2.- Una acusación inicial fue que a Santa Cruz se le adjudicaron 81 obras en rutas. Según los fiscales, demasiado, 14.000 millones de pesos, comparado con Córdoba que recibió obras viales por 10.000 millones. Pero eso fue votado en el Congreso Nacional, en la ley de presupuesto: fue una decisión política. Es que Santa Cruz tiene el 10 por ciento de la superficie argentina, con pocos habitantes y tenía un considerable atraso en rutas. Aun así, no recibió una parte desproporcionada: el 11 por ciento de la obra vial nacional. 3.- La Auditoría de Vialidad, realizada por el macrismo con dos ingenieros y un contador, designados los tres por el gobierno entrante, dejó algunas cosas clarísimas. Ni Lázaro Báez ni ningún empresario cobraron obras que no se hayan hecho; las obras estaban bien hechas, incluso mejor de lo que señalaba el pliego. La auditoría sostuvo que la diferencia entre lo pagado y lo hecho fue de 0,1 por ciento, lo habitual en todos los distritos. O sea, aquellas acusaciones que se difundieron por todos los medios de que se pagaron obras que no se hicieron o que hubo obras que no se terminaron, naufragaron en forma total y no son ni siquiera hoy materia de acusación. 4.- La auditoría estableció que las demoras registradas no se debieron a razones atribuibles a las constructoras sino que aparecían caños petroleros o de gas, o cables eléctricos o telefónicos que había que correr y eso llevaba un tiempo. O circunstancias climáticas que impidieron trabajar o terrenos que los municipios no habían expropiado. La auditoría también consignó que es lo que sucede en la mayoría de las obras del país. 5.- Otra imputación neurálgica fue que empresas en las que Lázaro Báez era accionista se adjudicaron 51 de las 81 obras. Esto es algo que se repite en numerosas provincias: empresas que tienen el personal (miles de trabajadores), la maquinaria adecuada y ganan la mayor parte de las licitaciones porque juegan de locales: no tienen que trasladar ni la gente ni las máquinas. Y menos todavía a 1.800 kilómetros, como sucede con Santa Cruz, con trabajos en condiciones climáticas muy difíciles.

6.- Las 51 obras fueron motivo de licitaciones en las que participaron otras empresas –algunas de las más grandes del país– que no radicaron denuncias por irregularidades en esos concursos. No se puede argumentar cartelización porque, justamente, Lázaro Báez era un adversario de la Cámara de la Construcción. Además, el santacruceño casi no ganó ninguna licitación fuera de su provincia y, para colmo, perdió la licitación más importante de Santa Cruz: la de las dos represas Condor Cliff y Barrancosa (Cepernic y Kirchner), la obra más importante financiada por China fuera de China. 7.- A lo largo de tres años, los jueces y fiscales se negaron a hacer un peritaje para evaluar lo único que quedaba pendiente: la existencia o no de sobreprecios. Finalmente el tribunal ordenó un estudio, pero de sólo cinco obras, porque no había capacidad para analizar las 51 obras cuestionadas. Esto ya demuestra la desesperación por condenar, porque alguno de los imputados no tuvieron nada que ver con esas cinco obras y entonces van a resolver si son culpables o inocentes teniendo como parámetro obras en las que no participaron o que ni siquiera se construyeron cuando eran funcionarios. Para redondear la jugada, los jueces nombraron como perito oficial al ingeniero Eloy Bona, quien registraba tweets groseros contra CFK. La defensa, a cargo de Alberto Beraldi, recusó al perito, pero el tribunal sostuvo que los tweets no eran suficientes para apartar al profesional. 8.- Aún así, una parte de la pericia se firmó de manera unánime: se dictaminó que no hubo sobreprecios en las redeterminaciones ni en los rediseños de las obras. Se habla de redeterminación cuando hay inflación y el valor de la obra debe actualizarse. Se realiza aplicando un decreto de la época de Eduardo Duhalde, o sea que se aplican índices que tienen que ver con los precios de la construcción. Tampoco hubo sobreprecios cuando, por ejemplo, se encontró un obstáculo y hubo que rediseñar el trazado. Esta también era una gran bandera de los denunciadores que hablaban de que se pagaron valores siderales con los cambios. La realidad es que los rediseños y las redeterminaciones fueron mucho menores a las realizadas en las obras del macrismo en estos cuatro años. 9.- Lo que queda como disputa en el juicio es la existencia o no de sobreprecios iniciales de las obras. El argumento debería caerse en sí mismo porque hubo licitaciones y cada empresa podía ofertar. Sin embargo, cuando los tres peritos tenían un acuerdo para firmar de manera unánime, apareció Bona con su propio dictamen sosteniendo que hubo sobreprecios en los pliegos originales. El perito oficial puso sobre la mesa, de manera sorpresiva, la oferta que se hizo por tres tramos de la ruta 3, una vez que le quitaron la obra a las empresas de Lázaro Báez. Los tres tramos fueron adjudicados a CPC, la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa, que ya hostigada por el nuevo gobierno, decidió hacer una oferta fuerte, por debajo del precio de la licitación, para quedarse con la obra. Pero lo asombroso fue lo que ocurrió después: CPC tuvo la obra ocho meses y perdió 100 millones de pesos. La consecuencia fue que la abandonó, se la devolvió al Estado. Y está abandonada hasta ahora, deteriorándose. Pese a esos elementos, quieren tomar la oferta de CPC como parámetro. Es otro ingrediente del lawfare. Esta será la polémica central que aún queda. 10.- Desde el punto de vista estrictamente judicial, hay que tener en cuenta que las obras se votaron en el Congreso y luego se licitaron y adjudicaron en Santa Cruz. El control también fue provincial y los certificados de obra, con los cuales se fue cobrando, igualmente tenían firma de los funcionarios santacruceños. El Estado nacional financiaba, pero la ejecución era provincial. Había un control nacional, principalmente a raíz de denuncias o de controversias y en ocasiones por muestreo.

Todo esto demuestra que un presidente tiene una cantidad enorme de instancias y de firmas que se sitúan entre una obra y sus decisiones. Desde ya toda la estructura provincial, desde los inspectores, secretarios y ministros, hasta el gobernador. Y luego la estructura nacional, también de inspectores, secretarios, ministros y hasta el jefe de Gabinete que es quien ejecuta el presupuesto y redirecciona fondos cuando es necesario. O sea que ningún presidente está en contacto directo con una obra. Lo que exhibe la lawfare en esta causa es que ningún gobernador de Santa Cruz ni ningún jefe de Gabinete fue imputado. El objetivo era la ex presidenta y adjudicarle a la mandataria ser la cabeza de una asociación ilícita. No pueden exhibir ni una firma ni una orden sobre las obras, porque nada de eso existe. Entonces emparentan la asociación ilícita con el gobierno, porque a falta de pruebas, lo único posible es condenar a la totalidad de un gobierno.

Las falacias de Cristina Kirchner y las preguntas que no quiso responder (*)

Nicolás Wiñazki (Clarín, 2/12/019)

Por primera vez en la historia argentina, una ex Presidenta, ex diputada y senadora, flamante vicepresidenta electa, se defendió en declaración indagatoria en un juicio oral y público, en el cual es la principal acusada de montar un sistema de corrupción con el negocio de la obra pública. Las singularidades de la carrera política de Cristina Kirchner, y la génesis y el desarrollo de esta causa judicial, no la ayudan a sostener sus argumentos sobre este infortunio. Los difundió en su cuenta de twitter. Y los repitió ante los jueces y el fiscal. Según dijo ella misma, es víctima de una persecución del Poder Judicial, iniciada por el gobierno de Mauricio Macri en contra de opositores. Mencionó el lawfare, una conspiración entre “los medios de comunicación hegemónicos” y el “aparato judicial” con el fin de “destruir y demonizar a los gobiernos populares y democráticos”. Agregó que ese complot abarca al resto de “América Latina”. Y afirmó que se trata de un “plan sistemático”. La vicepresidenta electa se quejó de que el TOF 2 no permitió transmitir su indagatoria a través de las cámaras del Centro de Información Judicial (CIJ).

Cristina usó la retórica y las falacias para defenderse. Algunos ejemplos: La ex presidenta dijo que la causa de Vialidad es el ejemplo de que ella es víctima de una persecución contra dirigentes políticos impulsada por el poder. En realidad, la causa Vialidad empezó con una denuncia de la diputada Elisa Carrió en el 2008, cuando Fernández era Presidenta. Cristina también acusó al juez Julián Ercolini de ser parte de esa supuesta persecución contra opositores. En realidad, la diputada Carrió denunció a Ercolini en 2014 por el posible retraso adrede de la investigación sobre el favoritismo de Cristina con respecto a las empresas de Báez. Esa acusación no prosperó. Ocurre que durante la gestión presidencial de Cristina los organismos públicos dedicados a instrumentar los pagos y las concesiones viales que ganaba Báez casi de forma monopólica en Santa Cruz se negaban en forma sistemática a entregarle información a la Justicia sobre las decisiones de Vialidad Nacional. Una vez que los K dejaron el poder, el nuevo titular de Vialidad Nacional accedió a entregarle al Poder Judicial lo que antes se le negaba. A eso se suma que la instrucción del caso la llevó siempre el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, a quien Ercolini le delegó la pesquisa. En su indagatoria en el juicio oral, Cristina se quejó porque el TOF 2 le rechazó su pedido de transmitir por televisión su defensa. El tribunal siempre mantuvo la misma posición: permitió que se transmitiera solo el primer día de la audiencia del juicio oral. A Clarín le consta que los mismos jueces, y también en la Corte Suprema, no le permitieron al periodismo acceder a las filmaciones de otras audiencias del caso. Por ejemplo, una en la que el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, había hecho declaraciones polémicas sobre qué podría pasarles a los magistrados y el fiscal en un futuro en el que su defendida podría volver al poder.

Entre sus argumentos para desacreditar la causa Vialidad, la ex presidenta adujo que ella no tuvo injerencia en el modo en el que se le pagó a las empresas de su socio, Báez. Dijo que el dinero estatal que recibió el empresario estaba incluido en los Presupuestos que aprobaba el Congreso Nacional. La realidad de la causa es otra. Entre las pruebas que usaron los fiscales Pollicita e Ignacio Mahiques, se incorporaron decretos de necesidad y urgencia (DNU), firmados por Cristina en los que se permitió, por ejemplo, que la plata que usaba Vialidad Nacional o la Secretaría de Obras Públicas de José López para abonarle a Báez pudiera ser retirada de forma discrecional de un fideicomiso con cuenta en el Banco Nación en el que el Estado K depositaba dinero proveniente de un impuesto que se cobra mediante una tasa de venta de gasoil. Durante su Presidencia, Néstor Kirchner firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 140/04, en el que especificó qué obras públicas que construía Báez en Santa Cruz podían ser financiadas con dinero de ese fideicomiso. Fue Cristina Kirchner, ejerciendo la Presidencia durante el año 2009, la que liberó totalmente la discrecionalidad con la que la Secretaría de Obras Públicas determinaría sin detalle cuánta plata se podía retirar de ese mismo instrumento financiero alimentado con la tasa de gasoil para completar los pagos a las constructoras “amigas” del poder K. Cristina defendió las obras públicas de Báez en Santa Cruz diciendo que “un amigo por sólo ser amigo no es un delincuente, o como delitos ser amigo del presidente de la República, y se nos denegó prueba por prueba en estos cuatro puntos…”. Los hechos muestran que Báez creó Austral Construcciones apenas días antes de la asunción de Néstor Kirchner como Presidente. Las pruebas recolectadas indican que Báez era socio comercial de los Kirchner cuando se presentaba en licitaciones de obras en las que, en muchos casos, competía contra sí mismo, debido a que había adquirido muy rápidamente otras compañías del rubro, como Sucesión de Adelmo Biancalani, Kank y Costilla o Loscalzo y Locurto. Los ofertantes, en muchos casos, eran todas firmas de Báez que pujaban por ganar las obras públicas. En esos casos era Báez quien le ganaba a Báez. Eso pasó aunque el grupo de constructoras de Lázaro cobraba por anticipado certificados de obras que no había terminado; o ganaba concesiones a pesar de que las normas indicaban que su capacidad empresaria estaba sobrepasada. Eso, sin contar que Báez recibía dinero del Gobierno K mientras al mismo tiempo construía edificios de departamentos con los Kirchner, les alquilaba tres hoteles a precios exhorbitantes para el mercado; e incluso hasta construyó el hotel Los Sauces, pegado a la residencia de los K en Santa Cruz, un trabajo por el que nunca les cobró a sus socios. Además, Báez les compró casas a los Kirchner a precios elevados. Todo, mientras era beneficiado con fondos para construir rutas, asfaltar otras y demás obras que en buena parte se retrasaron sin explicación firme, o nunca se terminaron.

Cristina F insistió con que no era ella quien favorecía con el dinero público a su socio e inquilino, sino los jefes de Gabinete que elevaban al Congreso los Presupuestos del Estado. Como se dijo, hay infinidad de decretos presidenciales y resoluciones de Vialidad Nacional que van en contrario a esas afirmaciones: sin esas herramientas estatales, Báez no podría haber cobrado los millones que cobró. La vice electa dijo que si se hubiese ocupado de esta ingeniería estatal no habría tenido tiempo para gobernar. Allí están firmados sus decretos que aceleraron pagos a Báez usando fuentes diversas de financiación del Tesoro Nacional. Y también los decretos que Néstor Kirchner o ella firmaron para designar gente relacionada con el empresario en cargos claves de Vialidad, como fue el caso del ex gerente de administración general del organismo, Sergio Passacantando. En su curriculum tenía una condición crucial: trabajaba en Austral Construcciones. Que Báez fue beneficiado por el gobierno de sus socios es también un hecho. El 10 de diciembre del 2015, cuando Fernández dejó el poder, las constructoras de Báez eran las únicas de toda la Argentina a las que el Estado no les debía un solo peso. La vice electa se quejó de los tiempos que tomó instrumentar la causa. Entre todos los procesados K presentaron más de 200 nulidades o planteos leguyelos, solo en la instancia oral. Otro caso único. Fernández habló pero evitó responder preguntas de las querellas y del fiscal Diego Luciani. Lo mismo hizo el resto de los acusados, como si su estrategia defensiva estuviera coordinada. Resta saber qué hará Báez, que aún no declaró en indagatoria en la instancia oral.