La columna económica de Horacio Rovelli
La columna económica de Horacio Rovelli
EL
TRAMO FINAL (*)
La declaración del default
Ineptos e improvisados
[1] Que no actualizó a la fecha, siendo una suma fija
de $ 3.- por dólar industrial y $ 4 por dólar primario, en un claro beneficio
para los exportadores ante un dólar que se incrementó en un 50%.
[2] Por más que respete las tasas de interés, el
alargamiento de los plazos es default, que en finanzas es el
incumplimiento de las obligaciones legales o condiciones de un préstamo.
Por
otra parte, como detalla un Informe de
[3] ARTICULO 65.- El Poder Ejecutivo Nacional podrá
realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y
los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación,
conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de
los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.
[4] A su vez, de los títulos bajo legislación argentina
serían unos 32.000 millones de dólares si se les restan las Letes y Lecap ya
“reperfiladas” por el Decreto 596/2019.
[5] Ante la abrupta caída de los depósitos en dólares
la mayoría de los bancos salieron a cancelar de manera acelerada los créditos
que habían otorgado a las empresas para prefinanciar exportaciones,
ofreciéndoles por esos créditos en divisas otorgarles en pesos, pero la
diferencia de tasas es abismal. El costo que se cobra por una prefinanciación
de exportaciones se suele ubicar incluso por debajo del 5% anual en dólares.
[6] En este escenario, por ejemplo, los títulos
públicos a 10 años muestran un rendimiento promedio del 23,8% anual en dólares
y no valen más del 45% de paridad. Y lo mismo sucede con las acciones de
empresas locales.
EL
TRAMO FINAL (*)
El gobierno de Cambiemos que endeudó irresponsablemente
al país, que desindustrializó, que redujo en términos reales los salarios, las
jubilaciones y pensiones, que empujó a gran parte de la población a la pobreza
mientras permitió que se fugaran capitales e hicieran negocios los bancos, las
principales empresas prestadoras de servicios públicos y los grandes
acopiadores y comercializadores de granos, está terminando su mandato.
Un gobierno que comenzó “liberando” el precio del dólar
aduciendo que el del mercado era el dólar paralelo y que permitió comprar la
cantidad de divisas que se quiera (y pueda); que sacó la mayoría de las
retenciones (derechos de exportación) y redujo la de la soja; que eliminó todos
los plazos para liquidar las operaciones de comercio exterior; que disminuyó
los impuestos internos para la compra de autos de alta gama, yates, artículos
de lujo y la alícuota de Bienes Personales; que hizo un “blanqueo” de capitales
para todos aquellos que evadieron el pago de impuestos; que acrecentó
sideralmente las tarifas eléctricas, del gas, de los combustibles, del agua, de
las comunicaciones; y que subió las tasas de interés muy por encima de los
precios y mucho más que los salarios, termina restableciendo las retenciones en
septiembre de 2018[1],
reprogramando los vencimientos de la deuda de corto plazo desde el 28 de agosto
de 2019 y entablando negociaciones con los acreedores por la deuda de
mediano y largo plazo y, desde el 1° de septiembre de 2019 fijó límites a la
compra de divisas, bloqueó la remesa de utilidades, limitó a las entidades
financieras a que la posición propia en divisa no puede superar el 4% de su
patrimonio e impuso severos plazos para liquidar las exportaciones.
La lógica inicial en el modelo macrista era la búsqueda
y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficit
que ellos mismos generaron con endeudamiento, aprovechando la alta liquidez
internacional, que a su vez fue el camino para que los sectores más favorecidos
del modelo adquieran las divisas y fugarlas a posteriori.
Ingresaron divisas por el sector financiero (deuda,
blanqueo de capitales) pero en forma sistemática: por un lado se fugaron y por
otra parte se pagaron intereses de esas mismas deudas contraídas y se
financiaron importaciones que mayoritariamente sustituyeron producción local.
El 25 de abril de 2018, ante la suba de la tasa de
interés de largo plazo (10 años) de los EE.UU., acercándola al 3% anual, se
produce en el país la fuga de capitales encabezada por los mismos bancos que
colocaron los títulos de deuda (JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, Morgan Stanley,
Merrill Lynch, etc.). Los que no pudieron irse por tener vencimientos a
posteriori, esperaron cierta estabilidad para vender títulos públicos y
privados argentinos, y cuando esa estabilidad lograda tras las PASO se perdió,
no trepidaron en vender tratando de salir como sea de un mal negocio.
Pero también hubo quienes ingresaron fuertemente a
mediados de 2018, incluso acrecentando sideralmente su posición en títulos
públicos y acciones de empresas argentinas, principalmente la aseguradora
suiza-francesa Allianz SE (Pimco), el banco de inversión Goldman Sachs y los
fondos Franklin Templeton y BlackRock.
Pimco, por ejemplo, posee el 50% del total de título
público denominado por su sigla BoPoMo (Bono de Política Monetaria), que es un
bono en moneda nacional por 24.000 millones de pesos, atado a la tasa de
interés de política monetaria que cerró al 83,205% anual y se paga el lunes 23
de septiembre. La otra mitad está en manos de otros fondos del exterior.
Obviamente, PIMCO y tal vez los otros tenedores esperaron la fecha de
vencimiento para cobrar e irse, más que probablemente con el mecanismo de
contado con liqui, comprando con esa plata otros títulos públicos y privados y
vendiéndolos en el exterior a un dólar a mayor precio, que es el costo de
volver a esa moneda, por lo que definitivamente no ganaron plata.
La declaración del default
Ante lo desproporcionado del endeudamiento incurrido por
la administración de Cambiemos y la imposibilidad de hacer frente a los
vencimientos, el gobierno mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 596/2019
del 28 de agosto de 2019 modificó las condiciones de los pagos de los títulos
públicos que vencen en el año. Solamente se abona el 15% del valor a la
fecha original de cancelación y el 85% restante se refinancia (25% a los 90
días y 60% a los 180 días de la fecha de vencimiento), configurando un default
de hecho [2].
El mismo día del Decreto, el ministro Hernán Lacunza
dijo también que se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para el
“reperfilamiento” de los vencimientos de los títulos de deuda de mediano
y largo plazo 2020-2023 con jurisdicción nacional, en forma similar a los
títulos bajo ley extranjera. Y que la Secretaría de Finanzas se contactaría con bancos
internacionales para recibir propuestas de diagramación y ejecución de un
“reperfilamiento” de los títulos públicos regidos por jurisdicciones externas
que vencen en los próximos diez años.
A última hora del jueves 19 de septiembre de 2019, el
gobierno de Cambiemos envió al Congreso de la Nación el Mensaje 174/2019 y Proyecto de Ley por
el cual se faculta al Poder Ejecutivo Nacional para que con los títulos de
deuda emitidos bajo legislación argentina se le den al gobierno las
“herramientas legales para proceder a la modificación de los términos y
condiciones de los títulos representativos de deuda pública nacional, mediante
el consentimiento de una mayoría calificada de sus titulares, de manera
concordante con lo previsto en las emisiones efectuadas bajo legislación
extranjera”. De aprobarse el Proyecto, se habilita al Gobierno de Cambiemos a
entablar una negociación con los acreedores para tal fin.
En esa negociación el gobierno va a incorporar a los
títulos públicos la Cláusula
de Acción Colectiva “que establece que si el 66% de los bonistas acepta la
propuesta de reperfilamiento, el resto debe acatar, con un mínimo de 50% por
especie”.
Pero en el Mensaje 174/2019 propone:
1. Determinar el
monto de capital pendiente de amortización de aquellas series de títulos que
estén denominados en moneda extranjera, convertidas a pesos argentinos
utilizando el tipo de cambio que se establezca en la respectiva solicitud.
2. Vuelve a introducir
el no cumplimiento del Art. 65 de la
Ley 24.156 [3],
que implica que las modificaciones que acepte el gobierno pueden ser a favor
del tenedor del título de deuda y no un mejoramiento de los montos, plazos y/o
intereses de las operaciones originales.
3. El ministerio de
Hacienda puede realizar la compra, venta y/o canje de instrumentos financieros,
pases de monedas, tasas de interés o títulos; la compra y venta de opciones
sobre instrumentos financieros y cualquier otra transacción financiera habitual
en los mercados de productos derivados y esas transacciones podrán realizarse a
través de entidades creadas «ad hoc» y no estarán alcanzadas por las
disposiciones del Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001, que es el Régimen
de Contrataciones de la Administración Nacional , cuyo Art. 5to Inciso “d”
excluye expresamente las contrataciones en operaciones de crédito público.
Sin embargo, el “reperfilamiento” queda reducido a la
extensión de plazos y no está acompañado de una quita del capital ni una rebaja
de los intereses, como fueron las reestructuraciones de 2005 y 2010.
Finalmente, para los títulos que se emitieron bajo
legislación extranjera estarían iniciando las mismas tratativas, con lo que es
el gobierno de Macri el que está reestructurando la deuda que generó y luego,
como debe ser el orden de los factores, una vez acordada la reestructuración de
la deuda, remitirla al Congreso de la
Nación para su aprobación y autorización.
Según informa el Ministerio de Hacienda, el año próximo
vencen títulos por 12.000 millones de dólares bajo ley local y solo 400
millones bajo ley extranjera, mientras que en 2021 se revierte esa situación ya
que vencen 4.500 millones bajo ley extranjera y 3.800 millones de dólares bajo
ley argentina.
Y afirma que la deuda pública bruta total asciende a
unos 307.000 millones de dólares, de los cuales 113.000 millones corresponden a
títulos con acreedores privados. De este total, 48.000 millones de dólares [4] son
de bonos bajo legislación local y 65.000 millones de dólares bajo ley
extranjera.
Por otra parte, la deuda con organismos internacionales
(FMI, Banco Mundial, BID) asciende a 67.600 millones de dólares, dentro de los
cuales también se incluyen unos 1.900 millones de dólares que todavía resta
pagarle al Club de París.
Independientemente de cómo le vaya al gobierno de Macri
en el “reperfilamiento” de la monstruosa deuda contraída, lo cierto es que el
gobierno que lo suceda se va a encontrar con una situación imposible de pagar y
con una catarata de juicios por incumplimiento del contrato o default.
Según un cuadro elaborado por la ODE de la UMET (Universidad
Metropolitana para la
Educación y el Trabajo), el perfil de vencimientos de capital
más intereses es:
Y el superávit comercial no logra compensar el resto de
los componentes de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos.
De allí que economistas vinculados al candidato ganador
de las PASO sostienen que se debe recurrir a un acuerdo con los acreedores para
estirar los vencimientos de capital (de 2020 a 2025, por ejemplo) y reducir a la vez la
carga de intereses durante los primeros años a cambio de aumentarlos en los
siguientes, al que denominan “Step Up” (un paso adelante) para hacer compatible
la capacidad de pago del país con su crecimiento.
Ineptos e improvisados
El mejor equipo de los últimos 50 años y su jefe,
Mauricio Macri, han demostrado una manifiesta incapacidad para la
administración pública, desconociendo no solo su funcionamiento, la legislación
y la técnica administrativa, sino y fundamentalmente una falta de vocación para
defender a la Nación.
Han priorizado sus negocios. La deuda, su empleo y
gestionamiento lo demuestran palpablemente, como también lo corrobora la
reciente denuncia del dueño de medios Daniel Vila, sobre el uso de las
frecuencias para telefonía celular y la extorsión del gobierno de Cambiemos,
pero, sobre todo, lo que la abogada Graciana Peñafort explica que esas
frecuencias son propiedad de todos y que administra el Estado Nacional y que
por ley están asignadas a la empresa estatal. Concepto que no entienden ni Vila
ni Macri.
Paralelamente, la realidad también demuestra que las
reservas internacionales del BCRA siguen bajando a ritmo acelerado, de manera
tal que el lunes 16 de septiembre de 2019 habían perforado el piso de los
50.000 millones de dólares, cuando al 9 de agosto de 2019 ascendían a 66.308
millones de dólares.
Los depósitos en dólares de los bancos continuaron en
baja. La última información disponible es para el lunes 16 de septiembre y ese
día los depósitos se ubicaron en 24.851 millones de dólares y desde las
elecciones se perdieron 10.392 millones, el 35 por ciento del total [5].
Y no se genera, hasta ahora, un mayor derrape porque los
grandes fondos nombrados están posicionados en acciones y títulos públicos en
pesos y grandes empresas y grupos económicos locales tienen deudas en divisas,
convencidos como estaban que la gestión de Cambiemos iba a durar no menos de
dos períodos.
Existe una sorda, pero visible puja entre los que se
benefician y los que se perjudican con la devaluación. Para los primeros, cuantos más pesos les den por sus
divisas van a comprar por la mitad lo que vale el doble [6]. Los segundos, en
cambio, esperan que la situación no se desestabilice más porque ya tienen un
dólar competitivo, se opera con superávit comercial de mercaderías, base
imprescindible para poder pagar las obligaciones y, fundamentalmente, porque
los salarios y los costos medidos en dólares son menores a los de Brasil,
referente ineludible para ellos para poder producir y comercializar en el país
y en la región.
En síntesis, se trata de un final abierto entre los
intereses de los que propician una mayor devaluación de nuestra moneda y los
que buscan sacar partido de la devaluación ya realizada. Los convidados de
piedra son los trabajadores, los jubilados y pensionados y en mayor o menor
medida todos los que están vinculados al mercado interno y ese es el verdadero
problema a resolver, de los cuales el endeudamiento del macrismo es un
agravante.
[1] Que no actualizó a la fecha, siendo una suma fija
de $ 3.- por dólar industrial y $ 4 por dólar primario, en un claro beneficio
para los exportadores ante un dólar que se incrementó en un 50%.
[2] Por más que respete las tasas de interés, el
alargamiento de los plazos es default, que en finanzas es el
incumplimiento de las obligaciones legales o condiciones de un préstamo.
Por
otra parte, como detalla un Informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación , el
“reperfilamiento” invirtió la carga de los vencimientos: bajo las condiciones
originales, el 77% de los pagos debía realizarse este año. Pero de acuerdo al
nuevo cronograma, el 72% de los mismos se cancelará en el 2020. Los
vencimientos estimados para 2019 se reducen en U$S 9.306 millones, pero como
resultado de la extensión de los plazos se deberá pagar U$S 1.472 millones
adicionales de intereses con respecto al cronograma de pagos original.
[3] ARTICULO 65.- El Poder Ejecutivo Nacional podrá
realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y
los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación,
conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de
los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.
[4] A su vez, de los títulos bajo legislación argentina
serían unos 32.000 millones de dólares si se les restan las Letes y Lecap ya
“reperfiladas” por el Decreto 596/2019.
[5] Ante la abrupta caída de los depósitos en dólares
la mayoría de los bancos salieron a cancelar de manera acelerada los créditos
que habían otorgado a las empresas para prefinanciar exportaciones,
ofreciéndoles por esos créditos en divisas otorgarles en pesos, pero la
diferencia de tasas es abismal. El costo que se cobra por una prefinanciación
de exportaciones se suele ubicar incluso por debajo del 5% anual en dólares.
[6] En este escenario, por ejemplo, los títulos
públicos a 10 años muestran un rendimiento promedio del 23,8% anual en dólares
y no valen más del 45% de paridad. Y lo mismo sucede con las acciones de
empresas locales.
(*) El cohete a la
luna, 22/9/019.
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