Picada de noticias
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La sartén por el mango
El duelo entre el gobierno nacional y el Poder
Judicial implica pura y exclusivamente una feroz pulseada política entre dos
poderes del Estado, lo que pone dramáticamente en evidencia la decadencia de la
Argentina. En las últimas horas la Corte Suprema, en una fenomenal demostración
de fuerza, aceptó por unanimidad el per saltum de los magistrados Leopoldo
Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que procuran que el máximo tribunal
de garantías constitucionales convalide el dedazo de Mauricio Macri. Pese a
aceptar el pedido de los jueces todavía no se expidió sobre el tema de fondo,
es decir sobre la validez de los nombramientos en juego o, si se prefiere,
sobre la validez de la decisión del predecesor de Alberto Fernández. Si bien la
Corte cedió ante la presión de la oposición y los medios que están enfrentados
con el gobierno, al no definir la cuestión de fondo envió un claro mensaje de
poder tanto al oficialismo como a la oposición. En lenguaje coloquial los supremos
les dijeron que a partir de ahora ellos tienen la sartén por el mango. La
cuestión es que nadie sabe cómo se expedirá la Corte en este asunto tan
delicado. El gobierno consideró la decisión cortesana como un golpe al hígado,
una verdadera afrenta. Con el correr de las horas comenzó a cundir cierto
optimismo especulando con que la Corte finalmente se incline por el gobierno en
el momento de decidir la cuestión central.
En un didáctico artículo publicado el 29/9 en
Página/12, Ernesto Tiffenberg expone diez claves del fallo supremo sobre el per
saltum. Dice uno de los fundadores del matutino:
1-Contrariamente a lo que esperaba de acuerdo a
fallos anteriores, la Corte Suprema admitió el recurso presentado por los tres
jueces trasladados a dedo por el macrismo y devueltos a sus posiciones
originales por decisión del Senado.
2-Al hacerlo, congeló la situación de Leopoldo
Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, por lo que no pueden ser nombrados
sus reemplazantes hasta que la Corte decida la cuestión. Eso claramente mejora
en lo inmediato su situación, aunque no significa un pronunciamiento sobre el
fondo en debate: si los traslados son legales o no.
3-Para ello fija plazos de 48 horas al Consejo
de la Magistratura y al Procurador, destinados a acelerar el tratamiento del
tema. Sin embargo, la Corte no tiene plazos para su propio trabajo, por lo que
si quiere puede demorar su resolución. Si lo hace, habrá transformado un
beneficio circunstancial en prácticamente una sentencia, porque los jueces
siguen en el lugar que no les corresponde. Se verá en los próximos días o
semanas lo que sucede.
4-En principio, los tres afectados pidieron
licencias, según el consejo que les dio el propio titular de la Corte, Carlos
Rosenkrantz, por lo que tampoco vuelven a ocupar sus sillones el día de mañana.
Otra vez habrá que ver qué pasa si se estira la decisión de la Corte.
5-Todos los cortesanos coincidieron en aceptar
el per saltum, pero difirieron en sus fundamentos. Por un lado, siempre solo,
Rosenkrantz prácticamente anticipa su posición sobre el fondo de la cuestión.
Sigue actuando como abogado defensor de los jueces ubicados a dedo por Macri y
lo hará hasta el final. Es más difícil deducir cuál será la posición de los
cuatro firmantes del otro voto, que no ofrece pistas. Aunque sí se preocupa por
dejar claro que son la “mayoría estable de la Corte”, que vienen votando en el
mismo sentido desde hace tiempo y que se basan en “precedentes”, lo que daría
“previsibilidad” a sus pronunciamientos.
6-El argumento que en la óptica de Ricardo
Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti
justifica la apertura del per saltum, algo extremadamente personal, es que si
no se hacía corría riesgo “el derecho de toda persona a una sentencia que pueda
cumplirse de manera efectiva”. El razonamiento se basa en que se había
retrasado el fallo de la cámara y podían sobrevivir resoluciones imposibles de
enmendar a posteriori. El otro argumento que esgrimen es que la “gravedad
institucional” que requieren los per saltum está dada por la necesidad de
definir, para todo el sistema judicial, cuál es el alcance de los traslados de
los jueces federales.
7-Ninguno de esos argumentos, sin embargo,
tiene sentido frente a las sucesivas tomas de posición del Consejo de la Magistratura,
del Poder ejecutivo, del Senado de la Nación, de la jueza de primera instancia
y de la Cámara de Casación, que claramente se pronunciaron en sentido contrario
a la voluntad de esos jueces.
8-Lo que deja en evidencia una de las
principales claves del fallo de hoy. La Corte Suprema quiere dejar claro su
lugar en el tablero político nacional, marca el territorio. Reclama para sí la
potestad de decidir cuestiones evidentemente políticas, en el mismo sentido que
lo vienen haciendo los poderes judiciales de todos los países de América
Latina, en la mayoría de los casos con desgraciadas consecuencias para la
participación democrática de sus poblaciones. El poder más aristocrático de la
república hace honor a su historia. En este caso particular, se reserva la
definición de los procedimientos de la organización de las diferentes
instancias del aparato judicial.
9-Aunque la oposición y todos sus medios estén
festejando la decisión de la Corte, y aunque el Gobierno guarde por ahora
silencio, no está dicha la última palabra. Los sectores más duros de la
oposición se quejan porque el tribunal no tomó de una vez la resolución de
fondo y sospechan que finalmente la Corte no permitirá el regreso de los
cruzados de Macri a Comodoro Py. Es
difícil saber si se equivocan, pero la información que durante todo el día
salió de los allegados a los cortesanos es que no les fue posible ponerse de
acuerdo sobre un fallo de fondo.
10-Con un escenario poco transparente (como
todo en el Poder Judicial) y la palpable intrusión de los jueces en el
territorio de los otros poderes la democracia argentina vuelve a estar bajo
tensión. ¿Cedieron los jueces a las desembozadas presiones políticas y
mediáticas de los últimos días? ¿Temieron por la continuidad de sus amistades o
privilegios?= difícil asegurarlo. Pero sí cabe lamentar, como tantas otras
cosas producto de esta pandemia, que las grandes mayorías no puedan expresar su
posición en las calles, como tan claramente lo hicieron en el caso del 2X1.
El festejo de Joaquín Morales Solá
Un
exultante Joaquín Morales Solá publicó al día siguiente del golpe supremo al
gobierno el siguiente artículo en La
Nación.
Una derrota
política y judicial para Alberto Fernández y Cristina Kirchner
Cuando parecía que la propia Justicia les soltaba las manos a los
tres jueces destituidos por el kirchnerismo, la Corte Suprema pegó un golpe sobre la mesa y dijo basta. Por decisión
unánime, el máximo tribunal del país decidió aceptar el pedido de per saltum
presentado por los jueces Leopoldo
Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli; congeló de esa manera el proceso de sustitución
definitiva de ellos en los cargos que tenían. La decisión significa en los hechos
un serio revés político y judicial
para el gobierno de Alberto Fernández, docente de la Facultad de Derecho, y, sobre todo,
de su vicepresidenta Cristina Kirchner, la principal interesada en echar a esos jueces de los cargos
que tenían hasta hace poco.
Más allá
del caso específico que se resolvió, lo cierto es que la resolución de los jueces supremos indica
que prevalecieron en ellos los intereses de las instituciones en un momento crítico, por encima
de las diferencias internas que realmente existen. Uno de los hechos que volcó
la decisión de la Corte Suprema fue la confesión pública, hecha ayer,
por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Ese tribunal, que era
la instancia inferior a la Corte que debía decidir sobre la situación
de los jueces, reconoció que estaba empantanada. Un juez, Guillermo Treacy,
había votado a favor de los intereses del Gobierno. Otro magistrado, Jorge
Alemany, había escrito su veredicto en defensa de la situación de los jueces.
Empate. El tercer juez se había excusado porque él mismo es un juez trasladado;
es decir, está en la misma situación de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El
procedimiento indicaba que debía sortearse otro camarista, lo que sucedió ayer.
La jueza Clara Do Pico, que resultó elegida en el sorteo, requería un tiempo
para conocer el expediente y tomar una posición. La Cámara ya se
había demorado más de lo necesario cuando pidió hasta el diario de sesiones del
Senado para leer el soporífero debate sobre los acuerdos para los tres jueces,
que obviamente fueron rechazados. Lo único que encontrarán es una larga lista
de menciones a Mauricio Macri por parte de los senadores peronistas, que
culparon al expresidente hasta de la lluvia y de la sequía. Esa Cámara tiene el
planteo de los tres jueces destituidos desde hace más de un mes. Solo el lunes
aceptó que no estaba en condiciones de decidir rápidamente.
Para
peor, el Consejo de la Magistratura debe seleccionar a los
reemplazantes de Bruglia, Bertuzzi y Castelli con los dos tercios de los votos
de los presentes, no del total de los consejeros. El Gobierno no tiene los dos
tercios, pero nunca falta una caída oportuna del sistema de internet o un corte
de luz. Si se
hubieran designado a los reemplazantes de los tres jueces destituidos, estos
habrían perdido la batalla definitivamente. Y si, encima, la Corte Suprema hubiera
recurrido al purismo jurídico para rechazar el per saltum (que significa precisamente saltearse
la instancia de la Cámara en los Contencioso), los tres jueces
podrían haber denunciado que eran víctimas de dejación de justicia. Esto es:
que la Justicia habría abandonado sus deberes esenciales y habría
dejado a los jueces en un limbo, sin la opinión definitiva de las más altas
instancias del Poder Judicial. La Corte decidió, en cambio, poner un pie en el conflicto y
parar el partido hasta que ella resuelva la cuestión de fondo. En 15 días más, el tribunal
estará en condiciones de tomar una decisión. El primer mérito es del presidente
de la Corte, Carlos
Rosenkrantz, porque
decidió recurrir a una de las pocas facultades que le dejaron para convocar a
una reunión extraordinaria y tratar de una buena vez la situación de los tres
jueces damnificados. Es lo que sucedió. Hubiera sido mejor que los cinco jueces
supremos firmaran el mismo voto, pero Rosenkrantz debió suscribir el suyo en
solitario. De hecho, el expresidente de la Corte Ricardo Lorenzetti se atribuyó luego la arquitectura
del acuerdo en mensajes a varias personalidades destacadas del país.
A los cuatro jueces restantes (Elena
Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y el propio
Lorenzetti) no les gustó evidentemente la resolución del titular del cuerpo de
convocarlos por decisión propia. Rosenkrantz no fue invitado a compartir el
voto de los otros cuatro. A Rosenkrantz le quedan dos semanas para tratar de
recomponer la relación con algunos, al menos, de los otros jueces. Y los otros
también deberán hacer un esfuerzo para convivir civilizadamente mientras dure
el mandato del actual presidente. Los mandatos deben cumplirse, sean constitucionales
o reglamentarios, y la Corte tiene que dar ese ejemplo. No son,
además, un centro de estudiantes universitarios como para llevar las discordias
hasta el infinito. La diferencia perceptible en el voto de Rosenkrantz con
respecto de los otros jueces es que sostiene que el desplazamiento de Bruglia,
Bertuzzi y Castelli abarca mucho más que la situación de estos tres. Si
se aceptara que fueron mal trasladados en su momento, centenares de jueces que
están en la misma situación de los damnificados ahora podrían ser destituidos
también, eliminando el principio de la inamovilidad de los jueces y el derecho
al juez natural, sostiene Rosenktantz. No se trata solo de esos tres
magistrados, señaló el presidente de la Corte, sino de la estabilidad del
sistema republicano y de la plena vigencia de los derechos y garantías
de la Constitución. Por eso, calificó lo que está sucediendo con los
tres jueces de "gravedad inusitada".
La posibilidad de una derrota, que
finalmente sucedió, excitó al Gobierno en los últimos días. Hizo monumental lo
insignificante, como a veces hace insignificante lo monumental. Sucede que el
segundo hecho determinante de la decisión judicial fue la movilización social
en defensa de los tres jueces. Desde la medianoche del domingo hasta el
mediodía del lunes, la administración en pleno se declaró consternada por una
manifestación de 20 automóviles que pasaron tocando bocina delante de la casa
del juez Lorenzetti, en Rafaela, Santa Fe. La catarata de expresiones concluyó
con un discurso del propio Alberto Fernández, que señaló que esas
manifestaciones son parecidas a las prácticas del fascismo y del nazismo. En
las últimas horas, la DAIA, la principal organización política de la
comunidad judía, le recordó al Presidente en un documento oficial que no es
conveniente comparar el genocidio de millones de personas durante la Shoá,
el holocausto que mató cruelmente sobre todo a personas de religión judía, con
pobres peleas políticas locales. Ninguna presión a un juez es buena, pero debe
recordarse que nadie del kirchnerismo ni del peronismo se solidarizó con tres
jueces supremos cuando estos decidieron aplicar el sistema de 2 por 1 que
beneficia a los delincuentes comunes (un año de prisión se computan como dos)
para los delitos de lesa humanidad. Más allá de si esa sentencia fue correcta o
no, lo cierto es que los jueces Rosenkrantz, Highton de Nolasco y Rosatti
fueron escrachados en universidades y una manifestación enorme se agolpó en el
Palacio de Tribunales en protesta contra la decisión de los magistrados.
Silencio. Nadie dijo nada.
¿Acaso veinte automóviles tocando
bocina son una presión más importante que la presión pública que hicieron
notables figuras del Gobierno? El Presidente se refirió directamente a
Rosenkrantz y le reprochó indirectamente que haya convocado a la reunión de hoy
al mediodía. Cristina Kirchner, en un tuit más directo, le dedicó destempladas
frases a la Corte. Su abogada de confianza, Graciana Peñafort, había
señalado antes, cuando el máximo tribunal trataba un pedido de Cristina para
que avale las reuniones por videoconferencia del Senado, que lograrían el
acuerdo de los supremos "por la razón o por la sangre". Hoy, la ministra
de Justicia, Marcela Losardo, una persona que convocó en su momento el respeto
de muchos jueces y fiscales, calificó de "escándalo jurídico" la
posibilidad de que la Corte le diera la razón a los tres jueces.
¿Escandalizados por las bocinas de 20 automóviles mientras el propio Gobierno
presionaba y presionó a la Corte encandilado por las luces del
escenario público? La razón -o no- de los tres jueces será la próxima noticia
de la Corte Suprema cuando trate la cuestión de fondo. Los cinco jueces de la Corte se pronunciaron
en distintas acordadas a favor de los traslados de los jueces si estos tienen
la misma jerarquía y jurisdicción. Rosenkrantz y Highton de Nolasco fueron más amplios en una
acordada previa en la que autorizaron inclusive los traslados de jueces de
tribunales ordinarios a los federales.
En una
acordada posterior, Maqueda, Rosatti y Lorenzetti señalaron que los traslados
estaban bien hechos si se tratada de jueces de igual jerarquía y jurisdicción.
Estaban tratando el caso específico de Bruglia, uno de los tres jueces
destituidos por el kirchnerismo por supuesta incorrección en sus
traslados. En
el fallo de hoy, la mayoría no calificó de "gravedad institucional"
lo que sucede con los tres jueces destituidos, pero eso podría significar mucho
o nada. Podría
anticipar que esperarán, otra vez, la opinión de la Cámara inferior o
que simplemente se pronunciaron de manera implícita por la gravedad
institucional al aceptar el per saltum. Los jueces supremos podrán tener
disputas internas, ciertas inclinaciones políticas o ideológicas y hasta
algunos rencores, pero siempre han preferido no tropezar con la incoherencia.
No es poco, sobre todo cuando se echa de menos cierta coherencia entre los
gobernantes.
“Nunca es
triste la verdad, lo que no tiene es remedio” (Joan Manuel Serrat)
La Encuesta Permanente de Hogares
del Indec acaba de confirmar esta sublime reflexión del artista catalán. La
pobreza afectó nada más y nada menos que al 40,9% de los argentinos en el
segundo semestre de 2020. Por su parte, la indigencia saltó del 8,1% al 10,5%
de la población, lo que significa que tres millones de personas (el doble de la
población de Rosario) son indigentes. Lo más aterrador es que más de la mitad
de las personas (56,3%) de
Cuando el presidente planteó la disyuntiva salud o economía, tomó una decisión que seguramente marcará a fuego su presidencia. Priorizó la salud afirmando que era preferible un incremento del 10% en el nivel de pobreza que sufrir la muerte de miles de personas por la pandemia. Lamentablemente, la realidad está demostrando que no pudo evitar que miles de argentinos murieran por el coronavirus y la pobreza alcanzara niveles estratosféricos. Resulta por demás evidente que Alberto Fernández lejos estuvo de imaginar que a esta altura del año el escenario sanitario y socioeconómico sería tan dantesco. Su fracaso es estruendoso por donde se lo mire, lo que está siendo aviesa e impúdicamente utilizado políticamente por una oposición que por estas horas debe estar festejando con champagne este desastre.
¿Cómo es posible que un país que
supo ser el granero del mundo un siglo después tenga sumida en la pobreza al
40% de su población? ¿Tiene alguna explicación semejante afrenta? Si bien se
trata de un problema sumamente complejo creo que a esta altura de los
acontecimientos no cabe duda alguna que la corrupción constituye un factor
clave. Nada mejor, entonces, que leer con suma atención las atinadas respuestas
brindadas en la siguiente entrevista por el ex procurador anticorrupción del
Perú, el jurista y docente universitario José Ugaz (www.camaralima.org.pe). Si bien atañen
a su país cuajan perfectamente con lo que sucede en
¿Cómo la corrupción se convierte en una de las causas de la pobreza?
La corrupción tiene dos tipos de impacto sobre la pobreza. Uno de ellos es el material, en términos de costo económico, y particularmente este se traduce en una privación de servicios básicos para los sectores más vulnerables de la sociedad. Es decir, para quienes están en situación de pobreza o pobreza extrema. Esto porque implica claramente un desvío de fondos que de haberse aplicado adecuadamente en el presupuesto nacional permitirían implementar servicios para quienes más lo necesitan en términos de salud, educación, subsidios alimentarios, programas sociales, etc. Cuando esos fondos se van a los bolsillos de los corruptos, evidentemente se perjudica el financiamiento e impacta en los programas y áreas de prestación de servicios básicos y eso tiene una consecuencia directa sobre los más pobres.
¿Cuáles serían entonces los costos inmateriales?
Las consecuencias inmateriales se dan cuando la corrupción termina afectando la institucionalidad de un país, y esto también se traduce en un impacto negativo para los sectores más pobres. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre con la Policía, la burocracia o los servicios de justicia, que al ser copados por la corrupción provocan también una serie de consecuencias adversas para quienes se encuentran vinculados a la pobreza. Si la Policía está corrompida tratará siempre de usurpar los pocos recursos de los más vulnerables, la justicia no resolverá con equidad sino a favor de quien más le puede pagar y normalmente eso no está del lado de los pobres. Por eso se sostiene que hoy en día la gran corrupción, que es la cometida por actores poderosos económica o políticamente, genera una afectación de los derechos fundamentales de los menos favorecidos.
¿Cuáles son para Ud. los ejemplos más graves del costo de la corrupción?
Estamos viendo ahora un caso de gran impacto como es Lava Jato, con las decenas de millones de dólares que han sido desviados para el pago de sobornos o aplicados a sobrecostos de obras, y cómo eso se ha traducido, por ejemplo, en una cantidad importantísima de pérdida de empleos y una ruptura de la cadena de pagos, que al final terminan afectando a la mano de obra. Solo en el caso del Gasoducto del Sur se calcula que se han perdido US$2.000 millones. Imagínese lo que se podría hacer con esa cantidad de dinero en términos de alivio de la pobreza, de mejores servicios de educación, salud, condiciones dignas de vida, vivienda, saneamiento, agua potable, etc.
¿Vivimos hoy en día en una sociedad más corrupta?
La corrupción en el Perú es histórica por un lado y sistémica por otro. No es un fenómeno nuevo, tal vez en sus dimensiones hoy en día estamos viendo un rostro de la gran corrupción que no conocíamos, pero al decir que es sistémica me refiero a que está impregnada en las estructuras del Estado peruano, y ha permeado a la sociedad misma. Hay un nivel de tolerancia en la ciudadanía que en los últimos tiempos se ha reducido pero que sigue siendo bastante alto. Aproximadamente el 75% de la población es indiferente frente a la corrupción y muchos ciudadanos son partícipes de las prácticas corruptas. Cuando la corrupción se normaliza y la ciudadanía la asume como una forma de vivir, hay un doble problema.
¿Cómo se puede solucionar un problema tan grande?
Las recetas ya están ahí hace tiempo. No hay que inventar mucho. Para un problema sistémico hay que pensar también en soluciones estructurales y esas pasan por las grandes reformas del Estado, algo de lo que anunció el Gobierno en su momento y que ahora se le cuestiona por haber perdido velocidad y fuerza. La reforma de justicia, la de educación, la de los sistemas de compras públicas, todos los cambios que se requieren en materia de acceso a la información y transparencia, etc. Por otro lado, hay que pensar en el ámbito preventivo, que tiene que ver con la educación ciudadana y el tránsito que tiene que haber desde una cultura de corrupción hacia una de integridad. Eso se tiene que hacer a través de campañas en los centros escolares, la formación universitaria y, por supuesto, a través de los medios de comunicación.
¿Qué papel juega en esta solución el sector privado?
El sector privado es clave para solucionar este problema, porque durante mucho tiempo ha sido partícipe, como ya vimos en casos recientes. Tiene que haber un cambio de cultura empresarial para desarrollar un modelo de negocios con integridad. Ese es un reto para los empresarios y hay un grupo de ellos que ya están trabajando en el tema. A fin de cuentas la corrupción significa la ruptura de las reglas de concurrencia al mercado. No todos acceden al mercado con las mismas reglas, hay ventajas indebidas para algunos. Además, la corrupción termina teniendo un costo para la empresa, no solo económico sino uno del que se han demorado en recuperar décadas, el de perder su prestigio. Si el líder de una empresa va a prisión, esto les generará un costo muy grande.
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