Picada de noticias

 

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Capuchetti, un emblema de la corporación judicial

 

Los graves hechos de Guernica y Entre Ríos, y la abrupta bajada del dólar mantuvieron tan ocupados a los argentinos que hubo un hecho que pasó inadvertido pero que no deja de ser muy grave desde el punto de vista institucional. La jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió en las últimas horas dejar languidecer la causa por enriquecimiento ilícito contra la vicepresidenta de la nación, que en 2009 había sido cerrada por sobreseimiento por el impresentable ex juez federal Norberto Oyarbide, quien habría sido presionado por operadores judiciales del kirchnerismo con estrechos contactos con la ex SIDE para tomar semejante decisión.

 

Según la jueza “teniendo en consideración la trascendencia que ha adquirido el pedido de nulidad del sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner resuelto en el año 2009 por el entonces juez a cargo de este juzgado, corresponde adelantar que lo tendré por desistido en atención a las recientes presentaciones realizadas por la UIF y el Ministerio Público Fiscal en las que afirman que no existen elementos que permitan conmover la sólidas bases sobre las cuales se asienta la cosa juzgada de aquella resolución. De esta forma, no existe impulso que permita el resurgimiento de la acción penal tal como originalmente se había requerido. Además, se ha podido establecer que se encuentra siendo juzgada en otros procesos en los que se la acusa-entre otras cuestiones-de supuestos lucros indebidos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2015, es decir, un período temporal que claramente abarca lo aquí denunciado”.

 

En la resolución la jueza hace un resumen de la postura del fiscal Eduardo Taiano quien también se manifestó contrario a la reapertura de la causa. Así lo explica su señoría: “En tal sentido, afirmó que la utilización de la cosa juzgada fraudulenta debe apreciarse con un criterio sumamente restrictivo y que, sin perjuicio de ello, tampoco se advertía que el mal desempeño del entonces magistrado a cargo de esta causa encuentre sustento fáctico en los elementos aunados a la presente pues entiende que, por el contrario, cada una de las medidas probatorias ordenadas dieron cuenta de que no existen motivos sustantivos para afirmar esa circunstancia”. Concluyó el ministerio público fiscal que “hacer lugar a la nulidad impetrada y reanudar la investigación, avasallaría la garantía constitucional de la cosa juzgada y los superiores intereses que ampara, en tanto no constan elementos para afirmar que el pronunciamiento cuestionado haya sido dictado mediante fraude de parte de la judicatura o cualquier otra circunstancia indicativa de que la resolución no fuera el corolario de un debido proceso”.

 

La causa por enriquecimiento del matrimonio Kirchner tuvo su origen en el lejano julio de 2009 cuando Enrique Piragini de la ONG “ARIEL somos todos” presentó una denuncia luego de tomar conocimiento de notas periodísticas que informaban respecto al evidente incremento patrimonial de Néstor y Cristina Kirchner. Luego de un cuestionado peritaje contable en poco tiempo el juez Oyarbide los sobreseyó sin aportar ninguna prueba adicional. Poco después de esa pericia Alfredo Propitkin, contador y ex perito de la Corte Suprema, señaló en un informe una serie de hechos irregulares en aquella pericia que fue utilizada por Oyarbide para sobreseer al matrimonio presidencial. También cuestionó el peritaje Eduardo Blanco, contador vinculado con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y parte del caso.

 

Sin embargo, para la jueza no hay necesidad de reabrir la causa. En la resolución expresa: “Se observa entonces, sin perjuicio del eventual resultado al que arriben esas investigaciones y/o juicios orales, que algunas de las partes acusadoras de esos procesos se presentaron en este expediente con la finalidad de solicitar que simultáneamente se reabra esta investigación con el fin de determinar si Cristina Fernández de Kirchner se había enriquecido de manera ilícita durante ese mismo período. Es decir que mientras en aquellos juicios intentan probar que fue la jefa de una organización ilícita que administró fraudulentamente el erario, adjudicó de manera irregular la obra pública, planificó el retorno del dinero para enriquecerse y realizó actividades de blanqueo de dinero, aquí intentaban acreditar-acción de nulidad por cosa juzgada fraudulenta mediante-que la misma persona y en idéntico período tuvo un incremento patrimonial injustificado”. Y concluye: “como se advierte de la reseña realizada, tanto de las recientes manifestaciones efectuadas por la UIF en las que desiste del remedio solicitado como así también de la opinión fundada del Ministerio público fiscal de rechazar la pretensión original, me hacen concluir en la necesidad de dar por concluido este incidente” (fuente: Infobae, 30/10/020). Utilizando un lenguaje técnico la magistrada dice lo siguiente: “si hay otros jueces que la van a juzgar por enriquecimiento ilícito ¿qué sentido tiene que yo la juzgue por el mismo delito?” Lo que ha hecho la doctora Capuchetti es lavarse las manos emulando al benemérito Poncio Pilatos.

 

María Eugenia Capuchetti asumió en el Juzgado Federal número 5 en reemplazo de Oyarbide el 7 de mayo de 2019. En noviembre de 2018 el presidente Macri envió su pliego al Senado y el 16 de abril de 2019 fue aprobado por las bancadas de Cambiemos y el Peronismo Federal. Los senadores kirchneristas y aliados votaron por la negativa. Capuchetti fue secretaria letrada del juez federal Sergio Torres quien tenía a su cargo el juzgado de instrucción 24. En octubre de 2001 el doctor Torres, con el apoyo del presidente De la Rúa, recaló en Comodoro Py acompañado por su histórica secretaria letrada. Luego Capuchetti tomó a su cargo la dirección de una oficina de enlace del Ministerio Público Fiscal de la CABA, en momentos en que el procurador era un hombre de confianza de Angelici, Martín Ocampo. Para asumir dicha dirección Capuchetti contó con el aval, nada más y nada menos, que del Ministro de Justicia Germán Garavano, del Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, del asesor presidencial José Torello, del Secretario legal y técnico Pablo Clusellas y de Juan Bautista Mahiques. Con semejante respaldo político Capuchetti, pese a no haber ganado el concurso, logró ocupar la vacante luego de la renuncia de Oyarbide. La jura estuvo a cargo de un peso pesado de Comodoro PY: Martín Irurzun. Estuvieron presentes gran parte de los jueces y fiscales de instrucción, el benemérito Carlos Stornelli, los jueces de la Cámara de Casación, el presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, el Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo y Julio Conte Grand, procurador bonaerense (fuente: Página/12, 8/5/019).

 

En ese momento, narra Sofía Caram, estaba pendiente la decisión acerca de la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner. Había una fuerte presión de Laura Alonso, a cargo de la OA, y la Unidad de Información Financiera para que su señoría se decidiera de una vez por todas a investigar a los Kirchner. Pues bien, finalmente Capuchetti se decidió por el archivo de semejante causa “oh casualidad” cuando Cristina Kirchner es la vicepresidenta de la nación. Seguramente Capuchetti, quien conoce a la perfección los lazos estrechos entre la justicia y el poder político, era consciente en el momento de su designación que la reelección de Macri era altamente improbable. Lo que hizo fue, pues, esperar a que pasaran las elecciones presidenciales. Consumado el retorno de CFK al poder Capuchetti se olvidó de los favores que le debe al macrismo y abrazó la causa del albertismo. Si Macri hubiera obtenido la reelección seguramente hubiera tomado otra decisión. Como el ganador fue Alberto Fernández la jueza actuó en sintonía con los intereses de sus nuevos jefes.