Espionaje ilegal: las
filtraciones de las escuchas y la paradoja de la Corte Suprema (*)
El dictamen y el informe
de la Comisión Bicameral que supervisa los organismos y
actividades de inteligencia que cuestiona el papel de la oficina de las
escuchas telefónicas desde su traslado a la órbita de la Corte Suprema,
en 2016, fueron entregados este miércoles a la titular del Senado,
Cristina Fernández de Kirchner, y a Sergio Massa, presidente de la Cámara de
Diputados. El texto dejó a la vista que desde entonces hubo graves
filtraciones a la prensa de conversaciones privadas vinculadas con casos de
alto impacto político. Una de las aristas hasta ahora menos señaladas del
informe de las/los senadoras/es la que denuncia, en particular, fuertes
obstáculos para desentrañar lo ocurrido con escuchas a la familia de
Santiago Maldonado, a uno de sus amigos, una integrante de la comunidad Pu
Lof en Resistencia de Cushamen y a una mujer ajena al tema. Sus teléfonos
fueron pinchados mientras se investigaba su desaparición de joven pese a que
ninguno de ellos estaba imputado. La gran paradoja es que la validez de
esas intervenciones y su llegada a manos de periodistas debe ser analizada por
la propia Corte Suprema que materializó las intervenciones a través de
la Dirección
de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo).
El análisis que hizo la Bicameral, que preside
el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, resaltó que lo que
originalmente era un organismo para hacer escuchas telefónicas --que estaba en
manos de la
Procuración General y pasó a la esfera de la Corte con un DNU de Mauricio
Macri-- se agigantó y devino en una dependencia con “amplias funciones
y sofisticadas estructuras” que operó como herramienta del “máximo tribunal
para supervisar la persecución penal”, con participación casi directa en
las investigaciones de los juzgados de Comodoro Py contra ex funcionarios. La Corte, plantea, se adjudicó
funciones legislativas al agrandar la oficina de escucha y dotarla de funciones
hasta de policía judicial. Moreau explicó en forma detallada las claves del
estudio. En la DAJuDeCo
minimizan el contenido, dicen que es sesgado y que apunta cuestionar al
tribunal y especial a Ricardo Lorenzetti, que lo presidía cuando las escuchas
pasaron al ámbito cortesano, y al camarista Martín Irurzun, que quedó a cargo
los primeros años. Pero en algunos despachos supremos reina la premisa de respetar
a los otros poderes del Estado. Horacio Rosatti incluso ha propiciado el
control de las escuchas desde el Congreso.
Buena parte del trabajo
se basó en el análisis de algunos casos concretos donde se filtraron
conversaciones privadas a los medios: diálogos entre Oscar Parrilli y
CFK que fueron obtenidos de una pre-causa promovida por la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI) apenas desembarcó Gustavo Arribas y una
causa sobre supuesto encubrimiento del narco Ibar Pérez Corradi; diálogos
extraídos de escuchas a los teléfonos públicos del penal de Ezeiza en una causa
contra el narco Mario Segovia pero usadas para vigilar a ex funcionarios y
generar un expediente para poner en duda el del D’Alessiogate; y el caso
de Santiago Maldonado, donde hubo una cuestionada orden judicial
del primer juez del caso, Guido Otranto, para intervenir los teléfonos de su
hermano Sergio, su amigo Ariel Garzi, Claudina Pilquiman de la comunidad Pu
Lof, y una mujer sin relación con el tema. Son todas actividades que inscriben
en la misma lógica de las tareas de espionaje ilegal o de dudosa legitimidad
fueron una marca del gobierno de Macri y que quedó a la vista en dos grandes
causas que pusieron esa operatoria a la vista: la que tramita en Lomas de
Zamora, a cargo de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y la
que tramita en Dolores a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.
Como informó este diario, tanto en el caso de
Parrilli como el de la llamada “Operación Puf”, la Bicameral hizo una
reconstrucción de lo sucedido, advirtió sobre el doble papel de Irurzun como
camarista y titular de la
DAJuDeCo, y la utilización del contenido de los diálogos, que
quedó claro que no habían aportado nada para esclarecer los expedientes en
cuestión. En el caso de Maldonado el informe de la comisión señala que si bien
pidió información sobre las intervenciones telefónicas al juez Gustavo Lleral
--que sucedió a Otranto en la pesquisa-- y a la propia DAJuDeCo que había
abierto un expediente administrativo por las filtraciones, no obtuvo datos de
ningún tipo que le permitieran reconstruir nada. Lo que vuelve a quedar sobre
el tapete a partir de la inclusión de este tema en el informe es la
utilización de escuchas telefónicas en una causa de enorme trascendencia como
lo fue la de la desaparición de Santiago Maldonado, el 1 de agosto de 2017.
Las intervenciones se hicieron en el período en que era buscado y estaban
dirigidas a personas allegada a él, incluso sus familiares. Más adelante se
produjo filtración de parte de los diálogos a los medios, para ser aprovechada
por Gendarmería --en los tiempos en que dependía de Patricia Bullrich-- para
promover una acusación dirigida a la familia, para deslindar la responsabilidad
de sus hombres, que estaban en la mira por la cacería que derivó en la muerte
del joven, cuyo cuerpo fue hallado el 17 de octubre de aquel año en las aguas
heladas del río Chubut.
Las escuchas fueron
ordenadas por el juez Otranto, que luego fue desplazado de la causa por la Cámara de Comodoro
Rivadavia, pero no se conocieron hasta el año siguiente, cuando el juez que se
hizo cargo del expediente, Lleral, se encontró con esos teléfonos intervenidos.
En mayo de 2018 Lleral ordenó destruir el material recopilado y consideró
que eran escuchas “inconstitucionales”, “ilegítimas”, “inconducentes” y
“desproporcionadas”. Pero la fiscal Silvina Avila apeló y la Cámara las avaló. Sólo
Javier Leal de Ibarra dijo en disidencia que no eran válidas las escuchas a
Sergio Maldonado. Leal de Ibarra es quien sucedió a Irurzun al frente de la DAJuDeCo y hoy sigue a
cargo del organismo. La familia llevó el tema a la Cámara de Casación y la Sala IV respaldó las
pinchaduras. La abogada Verónica Heredia planteó una y otra vez que son
ilegales las escuchas a testigos y víctimas: sólo se podría investigar por
medio de intervenciones de teléfonos a los imputados. No era el caso de ninguno
de los escuchados.
En nombre de Maldonado,
Heredia llevó el tema en queja a la Corte Suprema y está ahí desde abril de 2019 sin
resolver. “Nosotros cuestionamos la validez de las escuchas y las filtraciones
ante la Corte. Le
pedí, además, al tribunal que tuviera en cuenta su propia acordada del 19 de
junio de 2019 que pone límites a las intervenciones telefónicas. Seguimos sin
respuesta”, dijo a PáginaI12 la abogada Heredia. El
máximo tribunal debe revisar qué ocurrió con las escuchas que ejecutó su propio
organismo encargado de pinchar los teléfonos y que la Comisión Bicameral
pone en cuestión y señala como uno de los posibles responsables de las fallas
en la cadena de custodia, junto con la AFI. La acordada que señala Heredia fue
consecuencia de los escándalos por las filtraciones. Los supremos también
tienen pendiente resolver el destino de la investigación sobre la desaparición
y muerte de Maldonado, donde nunca nadie fue indagado y según el mismo juez
Lleral no había delito. La causa, hoy, ni siquiera tiene juez. La Corte no tuvo para atender
este caso el mismo apuro que, por ejemplo, para resolver por per saltum la
discusión sobre los jueces trasladados a la Cámara que preside Irurzun.
(*) Página/12,
31/12/020
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