La columna política de Ernesto Tenembaum
Los métodos brutales del “compañero
Gildo” (*)
Ercillia Agüero es una dirigente wichi de la provincia
de Formosa. El viernes por la
mañana, entrevistada por Reynaldo Sietecase, contó la manera en que la policía
de esa provincia trató a su comunidad en las últimas semanas: “Ellos vienen a
la mañana y nos hisopan. Luego, a la
Zunilda Gómez estuvo aislada 26 días en la provincia
de Formosa. Zunilda fue encerrada en
una habitación pequeña, sucia y oscura con sus tres hijos. El 5 de enero se
levantó con dolor. Este es el testimonio que recogió la periodista Paula
Galinsy. “Me estaba desangrando. Nos tenían llaveados, la puerta con
llave. Lo niegan pero fue así. Grité pidiendo ayuda. No respondían. Mi nena
más grande saltó por la ventana y le avisó a los policías que necesitaba ayuda.
Me trasladaron al hospital. Ahí los médicos me dijeron que no había
nada que hacer, que había perdido a mi bebé”. Después de perder el bebé, a
Zunilda la enviaron de nuevo al centro de aislamiento. No tenía síntomas.
Ningún hisopado le había dado positivo. “Yo esperaba que los chicos duerman
para poder llorar. Mi hija de cinco me pregunta por el bebé. No sé qué
decirle. Vivimos en el fondo de lo de mi tío. Mi sobrino, que está con él,
dio positivo. Por eso nos vinieron a buscar. Yo pedí quedarme en casa, por el
embarazo. Insistimos y amenazaron con llevarse preso a mi marido. Eran cuatro
camas casi pegadas y un baño lleno de humedad. El techo goteaba y había
colillas de cigarrillos. Lo peor era el encierro. Nos tenían como animales. No
teníamos mesa así que comíamos en la cama”, reveló.
Mauro Ledesma era un joven trabajador de 23 años. A
principios de agosto murió ahogado. Así contó su historia Cinthia
Ruth, en Infobae. “Frustrado por la falta de trabajo en Formosa y angustiado
por no contar con el dinero suficiente para mantener a su mujer y su hija de 3
años, Mauro Ledesma aceptó la propuesta de un productor rural para trabajar en
el Tambo
El combate contra el coronavirus ha enfrentado a todas las sociedades a
dilemas dramáticos. Las opciones de los gobernantes no son sencillas. La salud
física, la economía, la educación, la libertad individual son valores muy
importantes en la vida de un ser humano y, en este caso, muchas veces un camino
implica sacrificar al otro. Las autoridades formoseñas han justificado
lo que hicieron en función de la defensa de la vida y exhiben como argumento
que, al menos según los datos oficiales, su provincia es la que menos muertos
ha sufrido. Sin embargo, basta recoger algunos testimonios para
preguntarse si el enfoque no ha incluido algunos métodos tan brutales como
innecesarios.
En noviembre, siete meses después de la implantación de la cuarentena a
nivel nacional, alrededor de 9 mil personas se habían presentado ante
Una de las diferencias entre la democracia y la dictadura es que cuando
un gobernante produce estos hechos sus víctimas encuentran vías alternativas
para reclamar: organismos de derechos humanos que mantienen su independencia
del poder, dirigentes de la oposición, medios de comunicación. Quienes se hacen
ecos son, inmediatamente, sometidos a una campaña de desprestigio. Son
mentirosos, o están comprados, o exageran. Eso sucede porque quienes abusan de
las personas tienen mucho poder. De hecho, estos episodios ocurrieron
en un territorio gobernado desde hace 25 años por la misma persona, Gildo
Insfran, que ejerce un férreo control sobre la prensa, el Poder Judicial y el
aparato político local. Su poder es tan grande que el Partido
Justicialista, que es el principal integrante del oficialismo, emitió un
comunicado donde lo respalda sin ningún reparo. El secretario de Derechos
Humanos, Horacio Pietragalla, visitó Formosa y minimizó o justificó los hechos
que se denunciaron. Basta mirar un poco las redes sociales para
percibir los silencios de tantas personas que se presumen progresistas, algo
que ya es un clásico del doble estándar.
Pero, a medida que los testimonios se conocen, las reacciones son cada
vez más contundentes. La filial argentina de Amnesty
International sostuvo en una carta pública:
“Los hechos denunciados demuestran una grave afectación del derecho a la salud,
a la integración física y mental, a la vida, a no sufrir tratos crueles,
inhumanos y degradantes, a la libertad persona, a la privacidad e intimidad, y
a recibir un trato digno… El gobierno nacional no debe convalidar una
política sanitaria que expone a las personas a situaciones de encierro
compulsivo y arbitrario, y a otras violaciones a sus derechos… La
vulneración de derechos no puede ser una alternativa para combatir al COVID-19.
El cumplimiento de los derechos humanos es el marco que asigna legitimidad,
legalidad y eficacia a todas las acciones de gobierno”. El diario francés Le
Monde acaba de titular: “Sospechas por violaciones a los derechos
humanos en los centros de aislamientos del Norte de
(*) Infobae,
31/1/021
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