La inquietante pregunta de Sofía Hart
¿Alcanza con reducir los vuelos para combatir la variante
Delta? (*)
A
partir del 1° de julio entrará en vigencia el nuevo DNU presidencial que
establece un cupo de 600 pasajeros diarios para el ingreso al país. Solo se
permitirá el regreso de argentinos que se encuentren en el exterior dado que
las fronteras permanecen cerradas para el turismo internacional. Se trata de
una medida que pretende aletargar la llegada de la variante
Delta, más contagiosa, y, de este modo «ganar tiempo» para avanzar
en la aplicación de las segundas dosis de la vacuna. Sin embargo, se toma de
manera aislada sin un plan integral que permita reducir el impacto de la
inminente tercera ola.
Si
bien amerita ejercer un mayor control sanitario en torno al arribo de personas
al territorio nacional, producto de los rebrotes que
se están produciendo en los distintos lugares del mundo debido a la variante
Delta, la resolución oficial presenta un alto grado de improvisación. En primer
lugar, no hay claridad sobre cuáles van a ser los centros de aislamiento para
aquellos pasajeros cuyo testeo dé positivo. El gobierno provincial de Kicillof,
presuroso de desligarse de toda responsabilidad, ya aclaró que cada quien se
pagará su propio hotel donde deberá estar aislado durante cuatro días, puesto
que las instalaciones que funcionaban en Tecnópolis el año pasado para alojar
personas en esa situación han sido desmanteladas. Sin embargo, no puntualizó si
ya existen hoteles disponibles para cumplir esa función. El gobierno porteño, por
su parte, no precisó cómo se llevará adelante el aislamiento.
Por
otra parte, las disposiciones alrededor del cupo de pasajeros, los testeos al
arribar y los días de aislamiento solo contemplan a quienes ingresan por los
aeropuertos de Ezeiza y San Fernando y a través de Buquebús. En los pasos
fronterizos terrestres, donde solo está permitida la entrada de personas por
motivos comerciales, no está previsto operativo sanitario alguno. Allí el único
requisito es presentar un PCR negativo, el cual tiene vigencia durante siete
días, de modo que es imposible detectar aquellos casos donde el contagio se
produjo en ese lapso de tiempo. Esto, sin mencionar que en Argentina existen al
menos 840 pasos ilegales hacia los países limítrofes, como la frontera fluvial del
Río Bermejo en el límite con Bolivia, donde lógicamente no se lleva adelante
ninguna política destinada a mitigar la propagación del virus.
La
orientación de ajuste en el terreno de la salud, consagrada por medio de los
votos favorables del Frente de Todos y Juntos por el Cambio al Presupuesto
2021, es la principal traba para que exista un abordaje adecuado de la tercera
ola, que, para empezar, «le pisa los talones» a un ritmo de vacunación donde
tan solo 3.992.864 habitantes recibieron ambas dosis, es decir, apenas el 8,72%
de la población.
Lo
anterior obedece a que, por un lado, el gobierno resguardó los intereses de las
farmacéuticas, las cuales incumplieron en la entrega de vacunas sin recibir a
cambio ninguna penalidad, y, por otro, a una logística deficiente en la
inoculación como lo demuestra la existencia de 4.089.794 disponibles que aún no
fueron aplicadas. Sin ir más lejos, hubo días enteros como el 16, 25 y 28 de
junio donde la campaña de vacunación se detuvo por completo en todo el país, y
ni una sola dosis fue aplicada. Evidentemente, el gobierno no destina los
recursos necesarios como para dar lugar a un cronograma de vacunación más ágil.
Lo
mismo ocurre con los testeos. El índice de positividad local fue del 24,7% en
el día de ayer, cuando lo recomendado por
Por
otra parte, no se robusteció el sistema de salud para cuando azote la variante
Delta. El número de UTIs y de respiradores disponibles no se ha modificado a
pesar de que hay provincias donde la ocupación de camas supera el 80%. A su
vez, no hubo ninguna recomposición salarial para el personal de salud, quienes
además trabajan bajo un régimen de informalidad laboral como lo indica el informe reciente
de
En
ese sentido, el cierre de fronteras es insuficiente cuando asistimos a un
vaciamiento sanitario que nos expone a las peores consecuencias del virus. De
esa forma solo se logrará retrasar la llegada de una cepa más rigurosa, pero no
se conseguirá atenuar sus efectos. Como dijimos, la oposición derechista, que
ahora se embandera con el reclamo de los 45.000 argentinos que viajaron al
exterior y verán reprogramado su regreso, es cómplice del ajuste que lleva
adelante la gestión de Alberto Fernández en el sistema de salud, ya que ambos
bloques patronales votaron una reducción presupuestaria del 9% en el Congreso.
Necesitamos
de manera urgente la triplicación del presupuesto de salud en función de
garantizar los testeos suficientes, un adecuado ritmo de vacunación, ampliación
de camas de terapia intensiva y de respiradores y atender a todos los reclamos
laborales del personal de salud. Es fundamental la centralización del sistema
de salud bajo control de sus trabajadores para poner todos los recursos
disponibles al servicio de combatir el recrudecimiento de la pandemia. Avanzar
en una producción nacional de vacunas, poniendo a disposición toda la capacidad
técnica y científica del país, es un aspecto de primer orden para garantizar
dosis para todos y reducir el contagio y la mortalidad. Este plan debe ser
financiado por medio de romper con el FMI, repudiar el conjunto de la deuda
usuraria y aplicar un impuesto progresivo y permanente al gran capital. Sin
estas medidas estamos a la intemperie ante la llegada de la tercera ola.
(*) Prensa obrera, 29/6/021
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