La reflexión de Alberto Benegas Lynch (h)
La cultura de la cancelación y propuestas similares
30 de Octubre de 2021
Infobae
No es novedad decir que estamos en un mundo
complicado. El nacionalismo y la xenofobia invaden parte de Europa y Estados
Unidos. El estatismo vociferante se instaló en buena parte de América latina
para no decir nada de los desatinos que tienen lugar en parte de Asia y África. Las
deudas públicas colosales, los impuestos siempre crecientes, los déficits
crónicos y las regulaciones asfixiantes son la marca de la época.
Afortunadamente hay personas e instituciones que
operan a contracorriente de estas tendencias lo cual abre justificadas
esperanzas, pero en medio de esto ha surgido un nuevo embate a la libertad de
expresión. Como tantas veces se ha puesto de manifiesto esta libertad es
crucial para la supervivencia de la sociedad abierta. Es el contrapoder por
excelencia y no solo es la forma a través de la cual la gente puede informarse
sino, sobre todo, es la manera de que el conocimiento pueda progresar vía el
debate y las consiguientes refutaciones.
Un canal por el cual se pone hoy de manifiesto la
referida amenaza ha dado en llamarse “la cultura de la cancelación” que
en síntesis significa una especie de bullying mediático -especialmente en las
redes sociales- con la idea de sabotear a quienes opinan de un modo distinto a
los canceladores al efecto de cerrarles el paso para exhibir sus
perspectivas. Esto muchas veces se lleva a cabo con pseudónimos de modo anónimo
en cuyo caso se agrega a la afrenta a la libertad de prensa la cobardía más
repugnante.
Pretender la invalidación de otras opiniones
constituye un acto de vandalismo y barbarie que conspira contra los principios
más elementales de la sociedad libre. Estas personas tóxicas, estos talibanes y
comisarios del pensamiento a veces disfrazados de la sandez de lo
“políticamente correcto” apuntan a la censura con sus proclamas dogmáticas
envueltas en absurdas imposiciones lingüísticas y sexuales, cuyos
patrocinadores se sienten ofendidos por lo que otros opinan, sin percatarse que
la contrariedad a lo que se sostiene es la base del progreso, de lo contrario
no hubiéramos salido de las cuevas. No apuntan a refutar sino a que
otros callen.
Por supuesto esto en nada se opone al ejercicio del
derecho de propiedad para quienes no quieren publicar lo que estiman es
inoportuno o inconveniente. Cada cual hace con su medio periodístico,
red social o local de comercio lo que considera pertinente sin que otros tengan
la facultad de torcer el camino.
En otras ocasiones nos hemos pronunciado sobre lo
que genéricamente se conoce como libertad de prensa pero frente a los nuevos
embates a continuación reiteramos parte de lo dicho en esta nota periodística
ahora en el contexto de la llamada “cultura de cancelación”. Lo hacemos
nuevamente con carácter urgente porque en nuestro país si el 14 de noviembre no
hay la suficiente unión electoral contra el chavismo autóctono, entre otras
aberraciones, quedará sin efecto la libertad de expresión.
Con razón ha sentenciado Einstein
que “todos somos ignorantes, solo que en temas distintos”. Como queda dicho, al efecto
de sacar partida de la valiosa descentralización en el debate público de ideas,
es indispensable abrir de par en par puertas y ventanas para permitir la
incorporación de la mayor dosis de sapiencia posible. La libertad de
pensamiento y la consiguiente libertad de expresarlo se inserta en el azaroso
proceso evolutivo de refutaciones y corroboraciones siempre provisorias.
Esta libertad es respetada y cuidada como política
de elemental higiene cívica en el contexto de una sociedad abierta, no solo por
lo anteriormente expresado sino que incentiva y guía a los gobiernos para velar
por el cumplimiento de sus funciones específicas y así minimizar los riesgos de
extralimitación y abuso de poder.
Este es el sentido por el que los
Padres Fundadores en Estados Unidos otorgaron tanta importancia a la libertad
de prensa y
es el motivo por el que se insertó con prioridad en la mención de los derechos
de las personas en su carta constitucional, la cual, dicho sea al pasar, fue
tomada como punto de referencia en la sanción de la argentina. Jefferson
escribió en 1787 que “si tuviera que decidir entre un gobierno sin
periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en elegir lo último”.
Resulta especialmente necesaria la indagación por
parte del periodismo cuando los aparatos de la fuerza que denominamos gobierno
pretenden ocultar información bajo los mantos de la “seguridad nacional” y los
“secretos de Estado” alegando “traición a
Por supuesto que nos estamos refiriendo a la plena
libertad sin censura previa, lo cual no es óbice para que se asuman con
todo el rigor necesario las correspondientes responsabilidades ante
Hasta aquí lo básico del tema, pero es pertinente
explorar otros andariveles que ayudan a disponer de elementos de juicio más
acabados y permiten exhibir un cuadro de situación algo más completo. En primer
lugar, la existencia de ese adefesio que se conoce como “agencia
oficial de noticias”. No resulta infrecuente que periodistas bien
intencionados y mejor inspirados se quejen amargamente porque sus medios no reciben
el mismo trato que los que adhieren al gobierno de turno o a los que la juegan
de periodistas y son directamente megáfonos del poder del momento. Pero en
verdad, el problema es aceptar esa repartición estatal en lugar de optar por su
disolución, y cuando los gobiernos deban anunciar algo simplemente tercericen
la respectiva publicidad. La constitución de una agencia estatal de
noticias es una manifestación autoritaria a la que lamentablemente no pocos se
han acostumbrado.
Es también conveniente para proteger la muy
preciada libertad a la que nos venimos refiriendo, que en este campo se de por
concluida la figura atrabiliaria de la concesión del espectro electromagnético
y asignarlo en propiedad para abrir las posibilidades de subsiguientes ventas, puesto
que son susceptibles de identificarse del mismo modo que ocurre con un terreno.
De más está decir que la concesión implica que el que la otorga es el dueño y,
por tanto, tiene el derecho de no renovarla a su vencimiento y otras
complicaciones y amenazas a la libre expresión de las ideas que aparecen cuando
se acepta que las estructuras gubernamentales se arroguen la titularidad, por
lo que en mayor o menor medida siempre pende la espada de Damocles.
De la libertad de expresión se sigue la de
asociación y de petición que deben minimizar las tensiones que eventualmente
generen batifondos extremos y altos decibeles que afectan los derechos del
vecino, lo cual en un sistema abierto se resuelve a través de fallos en
competencia como mecanismo de descubrimiento del derecho y no como ingeniería
legislativa y diseño arrogante.
Fenómeno parecido sucede con la pornografía y
equivalentes en la vía pública que, en esta instancia del proceso de evolución
cultural, hacen que no haya otro modo de resolver las disputas como no sea a
través de mayorías circunstanciales. Lo que ocurre en dominios privados no es
de incumbencia de los gobiernos, lo cual incluye la televisión que con los
menores es responsabilidad de los padres y eventualmente de las tecnologías
empleadas para bloquear programas. En la era moderna, carece de sentido tal
cosa como “el horario de protección al menor” impuesto por la autoridad, ya que
para hacerlo efectivo habría que bombardear satélites desde donde se transmiten
imágenes en horarios muy dispares a través del globo. Las familias no
pueden ni deben delegar sus funciones en aparatos estatales como si fueran
padres putativos, cosa que no excluye que las emisoras privadas de cualquier
parte del mundo anuncien las limitaciones y codificadoras que estimen oportunas
para seleccionar audiencias.
Otra cuestión también controversial se refiere a la
financiación de las campañas políticas. En esta materia, se ha dicho y repetido
que deben limitarse las entregas de fondos a candidatos y partidos puesto que
esos recursos pueden apuntar a que se les “devuelva favores” por parte de los
vencedores en la contienda electoral. Esto así está mal planteado, las
limitaciones a esas cópulas hediondas entre ladrones de guante blanco mal
llamados empresarios y el poder, deben eliminarse vía marcos institucionales
civilizados que no faculten a los gobiernos a encarar actividades más allá de
la protección a los derechos y el establecimiento de justicia. La referida
limitación es una restricción solapada a la libertad de prensa, del mismo modo
que lo sería si se restringiera la publicidad de bienes y servicios en diversos
medios orales y escritos.
Afortunadamente han pasado los tiempos del Index
Expurgatorius en el que papas pretendían restringir lecturas de
libros, pero irrumpen en la escena comisarios que limitan o prohíben la
importación de libros, dan manotazos a la producción y distribución de papel,
interrumpen programas televisivos o, al decir del decimonónico Richard Cobden,
establecen exorbitantes “impuestos al conocimiento”. La formidable invención de
la imprenta por Pi Sheng en China y más adelante la contribución extraordinaria
de Gutenberg, no han sido del todo aprovechadas, sino que a través de los
tiempos se han interpuesto cortapisas de diverso tenor y magnitud pero en estos
momentos han florecido (si esa fuera la palabra adecuada) megalómanos que
arremeten con fuerza contra el periodismo independiente (un pleonasmo pero en
vista de lo que sucede, vale el adjetivo).
Esto ocurre debido a la presunción del conocimiento
de gobernantes que sin vestigio alguno de modestia y a diferencia de lo
sugerido por Einstein, se autoproclaman sabedores de todo cuanto ocurre en el
planeta, y se explayan en vehementes consejos a obligados y obsecuentes
escuchas en imparables verborragias.
Dados los temas controvertidos aquí brevemente
expuestos -y que no pretenden agotar los vinculados a la libertad de prensa-
considero que viene muy al caso reproducir una cita de la obra clásica de John
Bury titulada Historia de la libertad de pensamiento: “El
mundo mental del hombre corriente se compone de creencias aceptadas sin crítica
y a las cuales se aferra firmemente […] Una nueva idea contradictoria respecto
a las creencias que sustenta, significa la necesidad de ajustar su mente
[…] Las opiniones nuevas son consideradas tan peligrosas como molestas,
y cualquiera que hace preguntas inconvenientes sobre el por qué y el para qué
de principios aceptados, es considerado un elemento pernicioso”.
En otros términos, la llamada cultura de la
cancelación constituye no solamente un subterfugio para demoler la libertad de
prensa sino que es una contradicción en los términos puesto que no se trata de
cultura sino de una manifiesta incultura.
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