PESCANDO PARA PERSEGUIR Y
CASTIGAR
31-03-2022
Puede ser un capítulo más del largo relato
kirchnerista. O puede ser un síntoma de la desesperación de la facción
política gobernante para hacerse de algunos dólares, cuando ya ni siquiera sabe
si tendrá recursos para comprar el gas que se necesitará en el invierno
cercano. Sea como fuere, los seguidores de Cristina Kirchner (es decir, la propia
vicepresidenta) están horadando el
secreto bancario y el secreto fiscal, cuya vigencia es un
requisito básico para que el país reciba inversiones genuinas. El
kirchnerismo ha demostrado que el problema del país que imagina no es que
cuente con reglas malas o buenas. Es peor: no tiene reglas. Un mecanismo
integrado por fiscales, jueces y medios periodísticos afines está usando
recursos judiciales o legislativos para exponer como supuestos delincuentes a
personas que tomaron decisiones con sus ahorros absolutamente legales. Es parte
de la guerra perpetua del kirchnerismo con un sector de la sociedad. ¿Qué es
eso, si no, la definición misma del lawfare que denuncia retóricamente el
cristinismo? Más allá de todo ese camelo político, ¿qué inversor nacional o
extranjero pondrá su dinero en manos de un país tan estrafalario e
imprevisible?
Resulta que la propia Cristina Kirchner confesó en su momento que
había cambiado ahorros en pesos por dólares porque no confiaba en la política
económica de Mauricio Macri. Fue cuando la Justicia encontró cerca
de cinco millones de dólares en una caja de seguridad a nombre de su
hija, Florencia. Esos
son dólares fugados del sistema financiero. No se necesita enviar dólares al
exterior para ahorrar moneda norteamericana; solo se necesita sacar los dólares
del sistema financiero. Por eso, los economistas serios no hablan de “fuga de
dólares”, sino de “salida de dólares del sistema financiero”. El proyecto
presentado por el bloque de senadores peronistas (con la aprobación explícita
de Cristina Kirchner y del propio Alberto Fernández) es una estentórea decisión
de fabricar humo. El humo suele ocultar las cosas que realmente importan. En
ese proyecto se propone cobrarles un impuesto del 20 por ciento a los que hayan
sacado dólares del país sin denunciarlos ante la AFIP (el impuesto subirá
hasta el 35 por ciento si se demora la declaración). Es la confesión misma de la impotencia de la agencia
recaudadora porque ya existen leyes para combatir la evasión impositiva.
El aspecto más sorprendente de ese proyecto es que incluye al dinero producto
del lavado. ¿Cómo? ¿Un simple impuesto resolverá un delito como es el lavado de
dinero? ¿Y quién lavó y qué dinero lavó? ¿Acaso el dinero de la corrupción o del narcotráfico se penaría solo con
el pago de un simple impuesto? Comparar los que llevaron
fuera del país sus ahorros honestamente ganados y según las reglas vigentes en
el país con el dinero producto de delitos es extremadamente injusto.
O responde solo a la política de perseguir y castigar a sus opositores,
sean estos reales o imaginarios.
No hay nada más patético que ver a políticos
hablar con increíble irresponsabilidad de cifras que no se respaldan en ningún
estudio serio. Los senadores hablaron de que existen 465.000 millones de
dólares de argentinos en el exterior. Ningún economista serio está en
condiciones de asegurar cuánta es la cantidad exacta, aunque cierta unanimidad
establece que esa cifra es de entre 300.000 y 350.000 millones dólares en
depósitos y bienes de argentinos que están fuera del país. Con la misma
frivolidad señalaron que solo se blanquearon 65.000 millones de dólares. Error.
Grave. Durante el blanqueo que rigió en el gobierno de Mauricio Macri se declararon,
según la información oficial, más del 100.000 millones de dólares. Los
senadores solo debían leer los diarios antes de cometer semejantes
mendacidades. Muchísimos argentinos tienen sus depósitos fuera del país,
además, perfectamente declarados ante la AFIP. No aciertan con el número de dólares de
argentinos en el exterior, pero tampoco con el número de dólares de cuya
existencia la AFIP
sabe sin que nadie haya amenazado a nadie. El objetivo es muy claro:
confiscar bienes de personas que cambiaron su domicilio fiscal el año previo al
impuesto a la riqueza. Esa idea de Máximo
Kirchner y Carlos Heller cambió en su momento las reglas
del juego para demostrar que vivimos en un país sin reglas. Iban por el dinero
blanqueado durante la gestión de Macri, que ya había pagado un impuesto
excepcional cuando fue declarado. El aspecto más repudiable moralmente de ese
proyecto senatorial es el que convoca
a la delación con la promesa de que los delatores serán premiados con el 30 por
ciento de lo que se recaude por la denuncia de cada
uno. Es el comienzo de una caza de brujas, de una expedición de pesca para
encontrar algunos dólares y caer sobre algunos opositores o críticos. La
delación del otro, del vecino, del amigo o del cliente, es la herramienta más
vieja del autoritarismo.
Como si fuera poco, en los últimos días
trascendió una supuesta lista de personas que enviaron sus ahorros fuera del
país luego de que Macri firmara su acuerdo con el Fondo Monetario. La operación
era perfectamente legal y lo sigue siendo ahora, en tanto el que saca dólares
del país no se los pida al Banco Central. Si alguien, por ejemplo, vende su
propiedad en dólares puede sacarlos del país. Lo que no puede hacer es llevarle
pesos al Banco Central para cambiarlos por dólares y depositarlos en el
exterior. La lista surgió a partir de un reclamo de la jueza María Eugenia Capuchetti al
Banco Central, que respondía a su vez a un pedido del fiscal cercano al
kirchnerismo Franco Picardi,
para que la autoridad monetaria le enviara la nómina de argentinos que
depositaron dólares en el extranjero después del acuerdo de Macri con el Fondo.
Ese acuerdo de Macri se convirtió en una denuncia penal que hizo formalmente el
procurador general del Tesoro, Carlos
Zannini, por orden del gobierno nacional (y por gusto propio,
sin duda). La jueza Capuchetti debe saber que está hurgando en una causa vacía,
porque es, buena o mala, una decisión política no justiciable. Si firmar un
acuerdo con el Fondo Monetario fuera un delito penal, deberían responder ante la Justicia desde Raúl
Alfonsín hasta Alberto Fernández, pasando por el mismo Néstor Kirchner. Más
humo donde hay ya tanto humareda. La
lista que trascendió incluye a varios jueces y fiscales importantes del país.
La filtración tiene un aspecto más grave aún: ni la jueza Capuchetti ni el
fiscal Picardi habían podido acceder al informe del Banco Central. “Yo no
conozco ese informe”, aseguró la jueza. La magistrada no pudo acceder nunca al
informe por computación que le envió la autoridad monetaria. Llamó, incluso, a
técnicos del Banco Central, que fueron hasta el juzgado de Capuchetti y
concluyeron que los sistema de computación del Banco Central y del juzgado no
eran compatibles. Capuchetti dejó constancia escrita de todos estos avatares y,
al final, formuló una denuncia penal por la filtración de una información
extremadamente confidencial. La denuncia cayó en el despacho del juez Sebastián
Casanello. En los tribunales se sospecha, sin pruebas todavía, de que la lista
(difundida por medios adeptos al kirchnerismo) salió de las manos y de la
cabeza de Zannini, que como querellante tiene acceso a todos los movimientos
del expediente. Los cierto es que los amigos del kirchnerismo, de Cristina
Kirchner y de Zannini no figuran en la lista que se filtró.
La misma jueza Capuchetti ordenó, también por
pedido de Picardi, investigar las llamadas telefónicas del exasesor de
Macri Fabián “Pepín” Rodríguez
Simón. Lo hizo en una causa por presunta presión de la supuesta
“mesa judicial” del expresidente de Juntos por el Cambio a la entonces
procuradora general (jefa de los fiscales) Alejandra Gils Carbó, de ostensible
cercanía con el kirchnerismo, para que dejara el cargo. El teléfono de
Rodríguez Simón ya fue investigado y hurgado por orden de otra jueza, María Servini, en una denuncia
de Cristóbal López y Fabián de
Sousa también por presunta presión para que estos
vendieran su canal C5N durante el gobierno de Macri. El teléfono de Rodríguez
Simón es ya lo menos secreto de la política argentina, porque también el
resultado de la pesquisa de Servini se filtró en medios kirchneristas. La
privacidad de las conversaciones ha dejado de ser un derecho en el país de los
Kirchner. Uno de los objetivos de trajinar ese teléfono es descalificar al juez
de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, porque este es
amigo de Rodríguez Simón desde hace 30 años. En todas los informes de la
oficina de escuchas telefónicas, que teóricamente depende de la Corte, aparece el nombre de
Rosenkrantz. Sea como fuere, resulta extraño, para llamarlo de alguna manera,
que López y De Sousa se hayan convertido en denunciantes cuando son ellos los
que se quedaron con dinero del Estado, que recaudaban cuando vendían
naftas. Durante los dos últimos años de gobierno kirchnerista, López y De
Sousa se convirtieron en hombres inocentes y la AFIP les dio un generoso plan de pagos para que
regularicen su deuda. La “justicia tributaria” de la que hablan los senadores
peronistas en aquel proyecto estrambótico debería empezar por casa.
Un Gobierno que intenta quebrar el secreto
bancario y fiscal, y que no duda en divulgar acciones y conversaciones privadas
de ciudadanos, no está en condiciones de plantear un debate sobre regulaciones
al contenido de las redes sociales. Las palabras del secretario de Asuntos
Estratégicos, Gustavo Beliz,
anticipando ese debate, son francamente peligrosas para la libertad de
expresión en la
Argentina. Llama la atención que haya sido Beliz quien sembró
la preocupación, el más moderado de los funcionarios albertistas y él mismo
víctima en su tiempo de una injusta persecución. La respuesta a la oposición de
la vocera presidencial, Gabriela
Cerruti, quien señaló que se tratará de adoptar mecanismos
para reprimir la divulgación del
“odio y la ansiedad” en la sociedad, se presta para
cualquier interpretación. Con ese argumento se persigue y se castiga en
muchos países gobernados por el autoritarismo. No hay un proyecto de ley, sino
la convocatoria a un debate, aclaró el Gobierno. El solo hecho de que la libre
expresión de las ideas en las redes sociales esté en discusión entre los que
tienen el poder es ya un hecho grave. Uno más, pero no menor, entre tanto humo
sin fuego.
fuente: la nación
(*) Identidad
correntina
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