La columna de economía de Horacio Rovelli
DE
LO QUE NO SE HABLA (*)
Toda nuestra historia esta cruzada por el
ocultamiento y el oscurantismo. Desde la matanza de los pueblos originarios,
los asesinatos en
Es el caso de la deuda contraída por el
gobierno de Cambiemos, que fue investigada por el Banco Central de
Ninguna de esas 100 empresas puede demostrar
en sus estados contables de dónde detrajeron los recursos para poder comprar
tal cantidad de dólares entre 2016-2019. Esto supone los delitos de evasión
fiscal y fuga de capitales para los compradores e incumplimiento de las leyes
–incluida la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos, que exige conocer
fehacientemente el origen de los fondos en operaciones de cambio– para los
bancos que le vendieron esos dólares que antes le habían comprado al BCRA y que
no tomaron los debidos recaudos del origen de los fondos.
Tampoco pueden explicarlo en sus
declaraciones juradas al fisco las 100 personas que compraron 822,6 millones de
dólares, entre ellos Néstor Ick de Santiago del Estero, que compró 29 millones
de dólares; o el tucumano Emilio Luque, que compró 17.800.000 dólares; también
los Eskenazi de YPF y del Grupo Petersen; Claudio Belocopitt de Swiss Medical;
los Werthein, socios de BlackRock en Pampa Energía; o Mauricio Filiberti, socio
de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor.
La deuda fue investigada, pero no se
determinó con qué recursos se compraron las divisas. El manto del olvido es tal
que desde el 10 de diciembre de 2019 se pagan los intereses de esa deuda tanto
al FMI como a los bonistas (tenedores de títulos de deuda pública), con el
presupuesto de
La misma Administración Nacional que no ha
dudado en disminuir año tras años el gasto en jubilaciones y pensiones, como lo
demuestra que el 60% de los beneficiarios perciben de uno hasta dos veces el
haber mínimo, que en el mes de agosto de 2022 fue de 37.525 pesos. Y
las dos jubilaciones mínimas fueron de $75.050 [1],
cuando –según el INDEC–
La fijación del salario mínimo vital y móvil
de $47.850 para agosto de 2022 nos exime de mayores comentarios, dado que se
trabaja y se perciben haberes que no superan el gasto que determina el INDEC
para una familia constituida por matrimonio y dos hijos, que fue de $119.757
para dicho mes.
Es más, en el Mensaje y Proyecto de Ley de
Presupuesto de
En el Presupuesto 2023 no hay una sola
referencia de que se va a investigar la evasión fiscal y la fuga de capitales
originados en la deuda contraída en la gestión de Cambiemos, a fin de recuperar
una parte de la misma. Y hasta debería existir una ponderación de ese recupero,
conformando una meta física de ingresos. Máxime que existe un proyecto que
cuenta con la sanción del Senado de
Por ende,
El festival del capital financiero
El BCRA queda limitado por el acuerdo con el
FMI a financiar al Tesoro de
A ese festival de los bonistas, debe sumarse
que en su errónea estrategia de remunerar holgadamente los “encajes” [4],
el BCRA le asegura una suma anual de 6 billones de pesos a los bancos por no
hacer nada. Tienen la “patente de corso”, que es la autorización del BCRA para
funcionar como bancos, captan depósitos del público (y del Estado nacional,
provincial y municipal) y se lo prestan al mismo BCRA en Pases Pasivos, Leliqs,
Notaliqs, etc. sin ningún riesgo y, desde el 15 de septiembre de 2022, perciben
una tasa nominal anual del 75%. El monto inmovilizado supera los 8 billones de
pesos.
Los depósitos totales (en pesos y en dólares)
suman 17,7 billones de pesos, sin embargo, el total del crédito generado es
sólo de 6,2 billones de pesos (la tercera parte) y no llega a ser el 10% del
PIB. Es una de las relaciones más bajas de las que se tenga registro desde
1935, cuando se creó el BCRA [5].
Extractivista, agropecuario exportador
El nuestro es un país rico y con una
potencialidad digna de mención. A la fertilidad de la tierra, deben sumarse los
recursos minerales y energéticos, una mano de obra disciplinada que puede
capacitarse más y una tasa de ganancia en las empresas que supera holgadamente
la media mundial.
El problema es que esa masa de ganancia no
se convierte en inversión interna bruta fija (IBIF) por la evasión y la fuga,
que el gobierno no sólo no castiga, sino que avala con el manto del olvido. El
modelo se orienta al exterior y por eso paga salarios de pobreza, para que el
saldo exportable de alimentos sea cada vez mayor y el consumo de energía sea
menor; ahora, para minimizar las importaciones y en un futuro cercano, para
maximizar su exportación [6].
En 32 meses, el superávit comercial fue de
29.471 millones de dólares, sin embargo, las reservas internacionales del BCRA
se redujeron durante ese lapso en más de 7.000 millones de dólares, por ende,
allí también existe el ocultamiento y el oscurantismo. Desaparecen 37.000
millones de dólares y no hay respuestas válidas y ciertas de dónde están. Y lo
peor es que nadie pide esa explicación, violando el principio constitucional de
exigir la claridad de los actos de gobierno.
[1] A partir de septiembre de
2022, la jubilación mínima pasará
de 37.525 pesos a 50.353 pesos.
Asimismo, las dos jubilaciones
mínimas pasarán de 75.050 pesos a 90.705 pesos.
[2] El autor del proyecto, el senador del Frente de
Todos Oscar Parrilli, declaró en su intervención –cuando se trató el
proyecto de marras–, que algunos no apoyan la propuesta porque “tienen dudas” y
otros “simplemente porque apoyan a los evasores”, y aseguró que no hay fisuras
en el oficialismo sobre la idea de que el FMI “no debe gobernar” la Argentina.
[3] El tope de financiamiento del BCRA al Tesoro
de la Nación
se reduce de 1% del Producto Bruto de 2022 a sólo 0,6% del PIB a lo largo de 2023.
[4] Encaje o efectivo mínimo es la parte de los
depósitos que captan los bancos y queda como reaseguro de retiro de los mismos.
En todo el mundo no son remunerados, pero la reforma financiera de 1977 y la
creación de la cuenta de regulación monetaria hizo que el BCRA le pague
intereses a los bancos por una parte de ese encaje.
[5] Excepto períodos muy puntuales –a lo sumo de un
mes–, pero no a lo largo de 34 meses, como sucede en la actualidad.
[6] Por eso la estratificación de las tarifas, que hace
que se prevea una reducción aún mayor del subsidio estatal: Subsidio en energía
2023: 1,6% del PIB (contra 2,2% del PIB 2022). Subsidio en transporte 2023:0,4%
del PIB (contra 0,5% del PIB 2022). Ese 0,7% del PIB ahorrado es en pesos, pero
significa el equivalente a unos 3.500 millones de dólares, que va a pagar la
población.
(*) El Cohete a
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