La columna política de Luis Bruschtein
Cristina Kirchner tenía razón:
“Democracia sin mafias”
Página/12
31 de diciembre de 2022
El martes, Cristina Kirchner
denunció la existencia de un Estado mafioso paralelo y convocó a una
movilización con la consigna “Argentina y democracia sin mafias”. El jueves la
denuncia de la vicepresidenta fue confirmada de manera estruendosa cuando se
conocieron los mensajes hackeados entre el ministro de Justicia y Seguridad de
Los mensajes no sirven como
prueba en un juicio porque fueron obtenidos de manera ilegal, pero su veracidad
quedó confirmada con la amenaza de D´Alessandro de querellar a los medios que
los publiquen. No han podido desmentir estos mensajes ni los que se conocieron
cuando el grupo de jueces, funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta y altos
ejecutivos de Clarín diseñaron estrategias para ocultar la millonaria
invitación de la corporación mediática a esos jueces y funcionarios.
No alcanza con decir que no
sirven como pruebas cuando su verosimilitud está a la vista. Es un suicidio
institucional dejarlos pasar simplemente porque no sirven como prueba
legal. La veracidad de esos mensajes demuestra que ya no se trata de un
riesgo de la democracia, sino que la corrupción y connivencia de amplios
sectores del Poder Judicial está en funcionamiento y que interfiere con
cualquier atisbo democrático ya que no todos los ciudadanos son iguales ante la
ley. Está claro que la corporación mediática, en el primer caso, y el
gobierno macrista porteño, en el segundo, están coludidos y blindados por
jueces y cortesanos.
Raúl Zaffaroni definió esta
situación como “ausencia del derecho”. Y afirmó que ante esa ausencia la
sociedad funciona por la imposición de la fuerza, en este caso de las
corporaciones y la derecha política. Si no existe el
derecho, es imposible que el derecho ausente sea la solución de esta catástrofe
institucional. El recurso final es la intervención protagónica del pueblo
ciudadano, el soberano, donde reside en última instancia el poder democrático.
Sobre esa idea confluyó la
convocatoria de la vicepresidenta para el 24 de marzo con la consigna contra el
Estado mafioso paralelo. Pero un largo párrafo de ese discurso estuvo dedicado
a militantes y dirigentes del Frente de Todos. Aludió al “bastón de mariscal”
que todos los peronistas llevan en la mochila. Es una frase de Napoleón con
respecto a la iniciativa de sus soldados, que después retomó Perón en varios de
sus discursos.
La vicepresidenta es
consciente que estos dilemas institucionales no repercuten con la misma
intensidad en las bases populares, aunque tengan consecuencias decisivas en sus
vidas. El mundo judicial es visto como algo lejano. Para
convocarlas, la función de militantes y dirigentes es poner en evidencia esa
relación estrecha entre la corrupción judicial y la vida cotidiana.
El Centro de Economía
Política Argentina (CEPA) hizo un extenso recuento sobre los fallos judiciales
que impactaron en la inflación, en la carestía de la vida y en la imposibilidad
de que el pueblo acceda al control de resortes esenciales de la economía. La
enumeración apunta a la necesidad de difundir y hacer que esta información
llegue al pueblo ciudadano que siente al Poder Judicial como una figura abstracta,
cuyas decisiones no le afectan.
Los precios de Internet, por
ejemplo, aumentan sin control porque un juez frenó el decreto que declaraba a
las telecomunicaciones como “servicio esencial”, con precios regulados. Los
aumentos de las prepagas fueron de 201 por ciento, por encima de la inflación,
porque un juez los habilitó luego de conceder una cautelar a las prepagas.
Otro juez dio lugar a otra
cautelar cuando terminaron las concesiones de
Los ejemplos son
interminables, tanto en relación con el fuero laboral, donde se conocieron
fallos que justificaron el despido masivo de trabajadores. O en el plano de la
discriminación en temas de género. El juez Pablo Cayssials, conocido por el
viaje a la mansión de Lewis, falló en numerosas ocasiones a favor de las
corporaciones.
Es más conocido el juez
Fabián Lorenzini que impidió que el Banco Nación, principal acreedor en la
quiebra de Vicentin se hiciera cargo de la empresa para recuperar los millones
de pesos, propiedad del pueblo argentino, que le había concedido la conducción
macrista del Banco. Lorenzini impidió que el pueblo argentino tuviera acceso a
la formación de precios, al control de la circulación por el río Paraná y a la
actividad de los puertos privados en la provincia de Santa Fe.
Todos estos casos impidieron
un control más efectivo de la inflación, de la actividad irregular de las
corporaciones, promovieron el aumento de los precios de los servicios, como el
agua y el gas, de las telecomunicaciones, del pan y de otros productos de
primera necesidad que fueron descontrolados por decisiones de una justicia
coludida con la derecha y con las grandes corporaciones.
Esa alianza inconstitucional,
mafiosa, se convirtió en un Estado paralelo que bloquea cualquier iniciativa
del gobierno constitucional que pueda afectar intereses del poder económico
concentrado.
En esta semana la actividad
judicial mostró el criterio con que se manejan los jueces con relación al
intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y los hechos de corrupción
detectados en el caso del diputado Gerardo Milman.
La estrategia judicial
promacrista en estos casos, es enfriar las investigaciones, dejar pasar el
tiempo, y dentro de unos años largar fallos que cerrarán las causas del
megatentado y de los hechos de corrupción por los que es investigado Milman. Y
con relación a los casos que involucran a jueces por recibir dádivas o
incumplimiento del deber de funcionario público,
Es prácticamente imposible
jugar en política con un estado no democrático en las sombras conformado por
esta alianza mafiosa entre varios jueces encabezados por
Comentarios
Publicar un comentario