La columna judicial de Irina Hauser
Las claves del vínculo político con el gobierno porteño
que Capuchetti no respondió
Página/12
31
de enero de 2023
La jueza María Eugenia
Capuchetti no quiere apartarse de la causa sobre el atentado a
Cristina Fernández de Kirchner. Para ella, trabajar para el Instituto
de Seguridad Pública de
Ahora la discusión sobre el apartamiento
pasará a la Cámara Federal, donde su presidente, Leopoldo
Bruglia, ya respaldó a Capuchetti ante la primera recusación, el año
pasado. Ese mismo tribunal debe tomar una decisión relacionada con la pista que
involucra al diputado del PRO Gerardo Milman, a quien el testigo
Jorge Abello --asesor del diputado del oficialismo Marcos Cleri-- escuchó
decir "cuando la maten voy a estar camino a la costa". Lo
que está en veremos es qué periodo se toma para extraer la información de los
celulares de las dos colaboradoras que estaban con él en el bar Casablanca
cuando habría pronunciado esa frase. Hasta ahora la jueza solo habilitó la
fecha desde el atentado en adelante, pero la querella planteó que no tiene
sentido si no se analizan un período anterior. Se están por cumplir
cuatro meses del ataque a CFK, el 1 de febrero, y todavía no se analizaron esos
teléfonos: primero las mujeres se negaron a entregarlos y finalmente,
cuando lo hicieron, se generó esta nueva polémica.
La recusación
En su breve resolución para rechazar la
recusación, Capuchetti sostuvo que la querella de CFK "invoca actividades
académicas generadoras de supuestos vínculos con funcionarios locales,
desplegando un amplio espectro de cuestiones sin más desarrollo que su sola
mención, sin profundizar en el presunto interés que guardaría la suscripta y el
motivo por el cual debería ser apartada para entender en estos actuados.
Además, de lo expuesto se trasluce que las extensas causales invocadas por esa
parte no guardan correlato con lo actuado en la causa, ni tampoco se exhibe en
mi actuar, una afectación real y concreta de la objetividad que en todo proceso
penal debe imperar". "Los argumentos presentados no
evidencian la necesidad de mi apartamiento en estos actuados",
sostuvo.
Capuchetti, así, contestó en dos párrafos, lo
que la querella había desarrollado en 30 páginas al cuestionarla.
* Capuchetti, decía la recusación, tiene
un trabajo rentado en el ISSP, donde cobra un sueldo desde 2014. En 2019
pasó de ser investigadora a "investigadora senior". El 2 de enero de
este año se le extendió esa designación por un año más. El Instituto había
dicho que ejerce la docencia. Pero el área donde se desempeña, el Observatorio de
Políticas de
* La recusación afirmaba que el
Instituto donde trabaja Capuchetti "no es un órgano con fines académicos,
sino políticos. Aún si realiza actividades académicas, estas
actividades tienen un objeto estrictamente político. Participar en el
ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo y no en una
dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismos".
Sus propias resoluciones dicen que: "El Instituto Superior de Seguridad
Pública se constituye como una instancia de apoyo de la conducción
política del Sistema Integral de Seguridad Pública, y órgano rector de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados
en todo el sistema, y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad...".
* Según el planteo de los abogados José Manuel
Ubeira y Marcos Aldazabal, la tarea de Capuchetti en el ISSP es incompatible
con su función de jueza. "Solo ese explica" ese
"vínculo" laboral, advirtieron, "como una contraprestación
para tener llegada al juzgado a su cargo".
* También advirtieron que, llamativamente,
Capuchetti no investigó el papel de
Cómo sigue
Este martes Carrizo, el dueño de la máquina de
los copos de azúcar, será llevado a Comodoro Py para una
ampliación de su indagatoria. Esto fue producto del hallazgo de una serie de
chats que comprometerían su situación en la causa. Hasta ahora está procesado
como partícipe secundario. Pero se encontraron mensajes donde decía:
"Recién intentamos matar a Cristina". El mensaje fue enviado a un tal
Kevin Bargas
Después se supo que el arma utilizada fue una
Bersa calibre 32, pero Carrizo hablaba de de un "22 corto" que le
habría entregado a Uliarte, y que luego habrían ocultado juntos. La
ampliación de la indagatoria podría convertirlo en coautor. En ese
caso, la querella plantea que debería introducirse la figura de
asociación ilícita, que afectaría a Sabag Montiel y Uliarte
también. Hasta ahora el hecho fue tratado como un delito común, sin
darle la dimensión política que lo caracterizó.
Comentarios
Publicar un comentario