La corporación judicial al
desnudo
En su edición del 16/12/012 Página/12 publicó un escrito
de Horacio Verbitsky que lleva por título “Los jueces quieren saber”, donde
emerge en toda su magnitud la genuina naturaleza de la corporación judicial. A raíz
del documento corporativo, sin firmas, dado a conocer recientemente por la
“Justicia” (el 7D) en contra del gobierno nacional, miembros de la Asociación de
Magistrados de la Federación Argentina
de la Magistratura
y de la Junta Federal
de Cortes y Tribunales superiores, narra Verbitsky tienen decidido preguntar a
sus autoridades las razones del documento, quiénes fueron los magistrados que
lo redactaron y aprobaron, y, finalmente, por qué se publicó sin firmas. Esta
decisión le permitió a Verbitsky poner en conocimiento de la opinión pública el
“quién es quién de las asociaciones de la judicatura”, el “lobby empresarial
para condicionar los fallos” y la “lisa y llana corrupción” que impera en el
Poder Judicial.
El camarista penal Luis María Cabral dirige la Asociación de
Magistrados. Según el fiscal general Jorge Auat, su designación para integrar
una sala de la Cámara
de Casación Penal lejos estuvo de ser regular. Sin embargo, la Cámara lo confirmó, siendo
la única voz en disidencia la del doctor Alejandro Slokar. Pero quien sigue
manejando las riendas de la
Asociación es el doctor Ricardo Recondo, especialista en
designar jueces a dedo y en enturbiar la cancha a favor del Grupo Clarín en la
guerra declarada contra el gobierno nacional. Recondo tiene una larga carrera
judicial y se destacó por impulsar la designación de Juan Rodríguez Basavilbaso como camarista
federal con el objetivo de cortar de cuajo los juicios por violaciones a los
derechos humanos.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner, -Recondo, en
su carácter de presidente de la
Asociación de Magistrados, consideró que la demanda del
patagónico sobre la necesidad de acelerar los juicios por la verdad histórica
constituía una intromisión inadmisible del Poder Ejecutivo sobre el Poder
Judicial. Recondo contó con el aval de la Corte Suprema, que
afirmó que el control republicano debe “respetar la honorabilidad e
independencia judicial”. Ahora Recondo ejerce la jefatura del bloque de jueces,
abogados y legisladores radicales en el Consejo de la Magistratura.
Además, es miembro de la Cámara Federal en
lo Civil y Comercial y participó en la designación de un juez jubilado para
fallar a favor de su patrona, doña Ernestina, contra la constitucionalidad de
tres artículos de la Ley
de Medios. Por si ello no fuera suficiente, su hija Ana ejerce la coordinación
de Certal, una entidad de lobby que sostienen los operadores de cable, entre
ellos, obviamente, el Grupo Clarín.
La Junta Federal
de Cortes y Tribunales Superiores (Jufejus) es presidida por Luis Francisco
Lozano, quien es también presidente del Tribunal Superior porteño. Cuando
asumió la presidencia de Jufejus, Lozano se comprometió a trabajar en pos de la
independencia del Poder Judicial. Sin embargo, sus primeras palabras como
presidente estuvieron dirigidas al ensalzamiento de su predecesor, Rafael
Francisco Gutiérrez, el símbolo de la dependencia de la justicia. En efecto,
Gutiérrez llegó a la Corte
de Santa Fe de la mano de su primo, el por entonces gobernador Carlos
Reutemann. Durante su gestión, narra Verbitsky, Jufejus firmó convenios con
Adeaa (la Asociación
de Aseguradores Argentinos), para que los supremos provinciales viajaran a Fort
Lauderdale, Miami y Washington para participar de “seminarios de capacitación”
dictados por la International Judicial
Academy (UJA) en beneficio de jueces de Asia, África, América y el ex bloque
comunista europeo. Por supuesto que esta “Academia” lejos está de abrazar la
causa de la justicia independiente. Por el contrario, su objetivo es propagar
entre los jueces del mundo la doctrina neoliberal patrocinada por el Consenso
de Washington. Esta corporación tiene una sede en Washington y otra en Buenos
Aires que funciona en la sede de la Asociación de Magistrados y cuya jefatura está a
cargo de Ricardo Li Rosi, juez nacional en lo civil. Los jueces que asisten a
los seminarios organizados por la
IJA gozan de la compañía de hombres de negocios, como
aconteció, por ejemplo, en el seminario dictado en Washington en 2008 y 2009
para jueces y ejecutivos de seguros de la Argentina. Los
cursos, informa Verbitsky, son promovidos por las embajadas de Estados Unidos
y, en nuestro país, por la
Cámara de Empresas Estadounidenses, AmCham.
El camarista cordobés Víctor María Vélez preside la Federación Argentina
de la Magistratura
(FAM). Sus espaldas están bien cubiertas ya que es un protegido del grupo de
penalistas radicales comandados por dos ex funcionarios de Eduardo Angeloz,
José Ignacio Cafferata Nores y José Buteler. Al presidir la Asociación de
Magistrados de Córdoba, María Vélez se esmeró en defender los intereses
corporativos, actitud que fue premiada por el gobernador De la Sota al exceptuar a los
jueces de sus reformas previsionales. Su antecesor en el cargo fue Abel
Fleming, juez penal de Salta, considerado por el ex diputado de la
UCR Fernando Chamorro como un sirviente de
Videla y Cía. En ejercicio de la Cámara
Séptima de Córdoba, María Vélez juzgó a 59 personas por el
motín de febrero de 2005 en el penal de San Martín. Apenas cuatro se salvaron
de ser condenadas y el resto fueron sancionados, aún aquellos reclusos que
trataron por todos los medios de controlar la situación. En los fundamentos del
fallo, señala Verbitsky, María Vélez no se preocupó por individualizar y
responsabilizar a los responsables de que un edificio construido hace más de un
siglo para 600 personas albergue el triple, provocando una situación de
hacinamiento lesiva de la dignidad humana.
Emerge en toda su magnitud el poderío de la corporación
judicial argentina. Es un grupo de presión que cuenta con la protección de la
república imperial. Es, en verdad, un tentáculo más del pulpo planetario que
pretende dominar el mundo. Cristina tiene delante suyo un formidable enemigo.
Ello explica por qué una Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
se atrevió a emitir una sentencia contraria a la propia Corte Suprema. Lo hizo
porque contó con el respaldo de estas asociaciones de jueces que no en vano
emitieron ese documento crítico del gobierno nacional. Fue una demostración de
fuerza, un acto de petulancia y prepotencia, propia de quien se siente fuerte y
protegido. Guardando las distancias, así actúa Estados Unidos cuando envía a la
siempre caliente zona del Golfo Pérsico a algunos portaviones como “elementos
de disuasión”.
El artículo de Verbitsky pone en evidencia lo sofisticado
que se ha vuelto el imperio norteamericano. Antes arremetía como un toro
embravecido apoyando cuanta dictadura militar se instalaba en los países
latinoamericanos. Hoy se vale de los “seminarios” organizados por la IJAS y apoyados por el
Departamento de Estado y, seguramente, la CIA. Estados Unidos llegó al
convencimiento de que es más eficiente afianzar su dominación mundial
organizando “seminarios”, a través de la cultura, que ejecutando invasiones
militares. A Cristina le espera, qué duda cabe, una tarea ciclópea. La
corporación judicial está con el Grupo Clarín y ambos grupos de presión cuentan
con el apoyo del orden conservador y la república imperial. La situación que
hoy vive Cristina me hace acordar, en un sentido metafórico, a la película
“Troya” dirigida por Wolfgang Petersen, donde el príncipe Héctor se ve obligado
a defender la ciudad, amenazada por 50 mil griegos y aliados que pretenden
tomarla por asalto. El gobierno de Cristina viene siendo asediado desde hace tiempo
por un fenomenal ejército neoconservador compuesto de periodistas,
sindicalistas, ruralistas, jueces, intelectuales y caceroleros, bajo el mando
de quienes se resisten a perder aquellos privilegios cuyos ancestros
conquistaron a sangre y fuego.
(*) Publicado en
Redacción Popular el 18/12/012
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