La columna política de Ernesto Tenembaum
El peligro de que “libertad” se
transforme en una mala palabra
Rodrigo de
Loredo es uno de
los dirigentes más importantes del radicalismo cordobés. En el 2021, encabezó
la lista de diputados nacionales que triunfó en esa provincia. En el 2023 no le
fue tan bien. Por medio de un acuerdo político cedió la candidatura a
gobernador a Luis Juez. El se postuló como intendente de
Córdoba capital. Ambos fueron derrotados. Cualquiera que lo escuche, descubrirá
rápido que su mirada sobre cómo debería funcionar la economía, se podría
definir como ortodoxa, o liberal. Por radical, por cordobés, por liberal o por
las tres cosas, De Loredo ha sido siempre implacable con el kirchnerismo.
Por eso, cuando
le preguntan por las medidas que propone Milei, lo primero que dice es
que está de acuerdo con su espíritu. “Estamos de acuerdo con la
mayoría de las reformas: la modernización del trabajo, sacar todas esas
normativas de leyes de precios, observatorios de precios, ley de góndolas, no
sirven para nada. Estamos de acuerdo con desmontar el aparato soviético que se
construyó y que impide que los argentinos vivan como corresponde”.
Pese a eso, De
Loredo ha planteado dos objeciones. Una de ellas ha sido muy
discutida en estos días: el intento presidencial de anular la actividad del
Congreso. “Tiene visos napoleónicos. Los cambios, para que se sostengan, tienen
que tener consenso. Probablemente no esté de moda, nos choquemos con el
noviazgo electoral, lo que vos quieras. Pero para nosotros es inadmisible
una delegación de facultades que prácticamente se traduzca en
la anulación del parlamento. Está de moda ahora decir que la casta, que los diputados
son todos unos inútiles. Lo que fuera. Me tiene sin cuidado. No me agravia.
Pero lo que nosotros no aceptamos es que se evadan los organismos de control”.
La segunda
objeción de De Loredo no ocupa aun un rol central en el debate público. Pero,
si la sociedad argentina sigue siendo la misma de siempre, en poco tiempo lo
hará. “El ideario liberal se compone por una triada –explicó el diputado
cordobés-- aunque todavía no escucho nada al respecto: tribunales de
competencia fuertes, autónomos, con capacidad sancionatoria, leyes
antimonopólicas, anticartelización, y fuerte defensa de los
derechos del consumidor. Lo que no nos puede pasar, y eso agrava la
situación social, es que cambiemos unas corporaciones por otras. Alguien
debería explicar por qué hace 50 años manejan las obras sociales los gremios,
nos acostumbramos a cosas que son insólitas. Pero si vos sacás la corporación
gremial, pero no cambiamos que se junten las cinco prepagas más importantes y
nos metan un mazazo en la cabeza, en el peor momento económico y social, estás
cambiando una corporación por otra”.
Esa referencia
señala un punto neurálgico de las medidas que ha comenzado a poner en marcha la
administración Milei. Si en un mercado muy sensible y concentrado –en este
caso, el de
La mayoría
abrumadora de la biblioteca liberal ve un serio riesgo en esa mirada, dominante
hoy en
En el corto
plazo, la medida de desregular completamente los precios favorece la
libertad pero no la de todos. Un consumidor no tiene nada que hacer frente
a un aumento de precios del sistema, o una disminución de los servicios, o un
abuso si el Estado se retira completamente del juego. La libertad, en este
caso, es solo de los formadores de precios. Curiosamente, en el sector aludido
por De Loredo, los aumentos que todas las empresas anunciaron son exactamente
del mismo monto. Los empresarios, con toda la razón del mundo, argumentan que
el sistema anterior al 10 de diciembre provocó un desastre en el sistema de
salud, porque regular los precios de manera irracional generó un daño enorme al
servicio. Con ese antecedente, tal vez sea criterioso evitar un movimiento
pendular que genere mayores problemas para la sociedad.
Se trata de un
debate central para los años que vienen, dada la visión extrema que intenta
imprimir el Gobierno a la organización social argentina. Algo parecido ocurre
en el mercado inmobiliario. Hasta aquí existió una ley de alquileres que
regulaba mal, de tal manera que la oferta de vivienda se redujo mucho y los
precios no bajaron. Javier Milei y Federico Sturzenegger intentan
producir una revolución copernicana. Que no se regule nada: ni los precios, ni
los plazos, ni los ritmos de actualización, ni la moneda pactada. La teoría
implícita, de nuevo, sostiene que a “la libertad” le sucederá un crecimiento
vertiginoso de la oferta, que regulará los precios y los abusos.
Pero puede
ocurrir, en cambio, que por medio de la aplicación Airbnb aparezca una demanda
gigantesca e inesperada y que ninguna oferta pueda satisfacerla. En ese caso,
los precios serían accesibles a esa oferta, conformada por turistas
extranjeros, pero prohibitivos para los argentinos. ¿Qué se haría en ese caso
con los inquilinos locales? ¿Afuera? Este tema ha merecido regulaciones
importantes en lugares muy disímiles como Manhattan o Barcelona. En ninguno de
ellos gobiernan el comunismo ni los orcos del señor de los Anillos.
Naturalmente, la
desregulación completa del mercado de alquileres es una ganancia enorme de
libertad, pero solo para los propietarios. ¿Cuál es el grado de libertad que
gana un inquilino?: ¿el de irse a un lugar más pequeño?
Un tercer ejemplo
es lo que ocurre en estos días con el mercado de combustibles. Como
se sabe, la regulación del mercado de las naftas durante el último gobierno
generó problemas muy serios. De hecho, hubo dos crisis de abastecimiento en un
año y medio, la última de ellas durante la campaña electoral. Eso no ocurre en
países normales. El sistema debía cambiar. El criterio del gobierno es que debe
hacerlo rápido, de manera extrema y sin ninguna discusión.
La medida más
significativa en este sentido consiste en desregular completamente el precio.
De esta manera, los consumidores argentinos terminarán pagando el precio
internacional del producto. Lo que viene es un ajuste mayor, porque las
empresas, con ese objetivo, deben compensar el atraso respecto de la inflación
local y luego del valor de exportación. Hay argumentos bastante razonables para
que esto sea así si se pretende desarrollar la exportación de combustible.
Entre ellos, que el subsidio generalizado ha servido, mayoritariamente, para
aliviar a sectores privilegiados que son los que más consumen nafta.
Pero muchos analistas del sector están sorprendidos por otro detalle. El gobierno anterior compensó la regulación de precios con una baja del impuesto al combustible. De esta manera, resignaba recursos fiscales a cambio de no dar malas noticias en período electoral. Algunos especialistas calculan que la pérdida de recaudación para sostener precios ficticios se acerca a los 2 mil millones de dólares para el último ejercicio. Todo sin sentido porque, como se sabe, la inflación no se detuvo sino todo lo contrario.
Ese es el pasado
absurdo que debe corregirse. Lo lógico sería que si un gobierno desregula el
precio reimponga el impuesto. La administración Milei hizo lo primero pero no
lo segundo. Los empresarios, entonces, están en el mejor de los mundos: sin
techo para los precios, y sin tener que pagar impuestos. El Estado sigue
resignando cientos de millones de dólares. Eso, en un contexto donde se dice
que no hay plata y por eso se recortan fondos de obras públicas fundamentales o
ingresos para los jubilados. ¿Se deberá esto solo a una mirada ideológica sobre
cómo funciona la economía? ¿A un negocio espectacular? ¿O a ambas cosas,
depende quien sea el actor que la impulse?
De Loredo es un
liberal. Juan Grabois pertenece a otro sector ideológico,
mucho más inclinado hacia el dirigismo y la regulación. En estos días, difundió
un cuadro con una enumeración detallada acerca de cómo el Decreto de
Necesidad y Urgencia favorece a empresas de todas las áreas de la economía,
en perjuicio, a primera vista, de los consumidores o del resto de la sociedad:
supermercados, billeteras virtuales, bancos, tarjetas de créditos y así hasta
el infinito.
Cada uno de estos
ejemplos permite hacerse preguntas sobre el significado que el Gobierno le
otorga en estos días a la palabra libertad. Los pacientes, los
inquilinos, los transportistas tenían su libertad afectada hasta el 10 de
diciembre porque todo era caro y funcionaba mal: ¿y ahora? ¿tendrán más o menos
libertad?
Se trata de solo
tres ejemplos. En condiciones normales, cada uno de ellos deberían ser
debatidos como corresponde en el Parlamento y por los distintos sectores
involucrados. Pero fueron incluidos en un Decreto de Necesidad y Urgencia entre
cientos de medidas que afectan, de la misma manera y con el mismo espíritu, a
otras tantas áreas de la sociedad argentina. Entonces, se despliega un
mecanismo de extorsión donde se supone que se debe aprobar a libro
cerrado. El que no lo hace es un “orco”, un enemigo de la libertad, un
golpista, o alguien que no es sensible a las urgencias de la pobreza. Por
momentos parece una broma, pero el clima social de estas semanas parece avalar
esos empujones.
Hay,
naturalmente, valores muy relevantes que atraviesan estas discusiones. Durante
muchos años, la mirada antiempresaria que dominó al kirchnerismo generó
conflictos e ineficiencias muy graves: los resultados están a la vista. Si la
alternativa es que un Gobierno le permita a las empresas hacer cualquier cosa,
existe una posibilidad cierta de que el clima tan permisivo vuelva a ser muy
hostil y que muchas personas terminen recordando con vergüenza esos “viva” que
gritaban como eco al “viva la libertad, carajo”, de su líder.
En el año 2015,
la premio nobel de literatura Svetlana Alekseievich escribió
un libro impresionante llamado El Fin del Homo Sovietikus.
El libro consiste básicamente en historias de vida de ciudadanos rusos contadas
por ellos mismos. Son relatos de mucho sufrimiento donde se percibe la
violencia ejercida contra ellos y sus familias por el régimen soviético, la
esperanza que les generó la caída de
Ese texto no
tiene nada que ver con
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