EL
PRESIDENTE CORRE CONTRA LOS PLAZOS DE LA CALLE
Fuente: La Nación
(*) Identidad Correntina
30/12/023
Antes
de la Navidad,
en el breve contacto que tuvieron con funcionarios del Ministerio de Capital
Humano,
militantes del Movimiento Evita dieron a entender que las protestas callejeras
de diciembre no serían virulentas. Fue, hasta ahora, un mes tranquilo. “Veremos
en marzo”, agregaron. El plazo, compartido por casi todo el establishment
político, parece más que nada una especulación: ningún dirigente social
intuitivo quiere públicamente quedar enfrentado con una administración que
acaba de ganar el balotaje por 56% y que empieza el mandato con una de las
peores herencias económicas de la historia.
“Están
esperando que haya caldo de cultivo, creo que todavía no ven que sea el
momento”, razonan en
el Gobierno. Milei corre una carrera contra el tiempo. Descuenta que no habrá
buenas noticias durante varios meses y apuesta a lo que su entorno llama
“desintermediar” la manifestación callejera. Traducido: debilitar a quienes la
proponen. El desafío de estas organizaciones es en cambio el opuesto: esperar a
que el humor social la vuelva propicia. “No adelantarse a las protestas”, lo
había definido hace dos semanas Mario Manrique, número dos de Smata, y algunos
de sus pares todavía coinciden: la política argentina es un gran locro en que
los ingredientes se van agregando en momentos distintos. Será un 2024 agitado.
Por
eso sorprendió esta semana el paro anunciado por la CGT para el 24 de enero. Anteayer, hasta minutos antes de que
se decidiera en el confederal, casi ninguno de los presentes en la sede de
Azopardo lo tenía previsto. Dicen que fue Héctor Daer, líder de la central, uno
de los más interesados en fijar la fecha. “Antes de que el Congreso trate el
DNU”, planteó, pensando que eso ocurriría el 25, algo que la oposición pone
todavía en duda.
Es
curioso lo de Daer.
Mientras muchos de sus pares, desde Armando Cavalieri, Sergio Palazzo o Gerardo
Martínez hasta Juan Carlos Schmid o Hugo Moyano, pasaron en los últimos días
por algún despacho oficial o se reunieron en privado con alguien del Gobierno,
él fue el único que rehusó de manera deliberada la invitación a sentarse a
conversar con la Secretaría
de Trabajo, que conduce Omar Yasin. En la CGT hay quienes todavía le reprochan haber
quedado demasiado pegado a Sergio Massa. Él fue, de hecho, uno de los primeros
en sumarse al búnker de la derrota el día del balotaje.
Pero
el paro ya tiene fecha, la más temprana en la historia democrática para un
presidente debutante,
y complica la relación con Milei, cuyos colaboradores apuran una estrategia
para atenuar sus efectos. Creen, por ejemplo, que será decisivo conseguir que
no adhiera la Unión
Tranviaria Automotor (UTA). “Sin adhesión del transporte, el
paro no existe”, razonan. Deberán atender antes una recomposición salarial que la UTA reclama para enero y que
depende a su vez de un tema más abarcador, las tarifas del transporte en el
área metropolitana. Hay 18.000 colectivos que circularon durante estos días al
50% de lo habitual y que esperan un aumento adicional al anunciado anteayer,
que fijó en 76,92 pesos el tramo mínimo. El descalabro de ese sector es
monumental: el Estado cubre ya el 90% del pasaje, una proporción sin precedente
en la historia. El boleto, que hace 22 años costaba lo que un litro de nafta,
cayó hoy a lo que cuesta un caramelo Sugus Max y es un problema cultural: el
bonaerense y el porteño suponen que el transporte corre por cuenta del Estado.
Desde septiembre hasta anteayer, mientras el precio de los neumáticos subía
100%, y el del gasoil, 83%, la tarifa metropolitana se mantuvo congelada. ¿Hay
algún negocio privado capaz de prosperar en esas condiciones?
La Argentina atraviesa entonces mucho más que una
crisis económica, y revertirla le corresponde justo al presidente con menor
fortaleza legislativa desde 1983. Es lo que parece estar empujando a Milei a
acelerar y acaso sobreactuar las decisiones, muchas de las cuales provocan una
resistencia inusitada. Los sindicalistas, por ejemplo, dicen que no solo no
fueron advertidos cabalmente sobre el modo en que los afectaban el decreto y el
proyecto de ley del Gobierno, sino que, cuando se lo reclamaron a Guillermo
Francos, el ministro del Interior admitió que había sido superado en la interna
por los más duros. Las fuerzas del cielo.
Se
entiende que, como contraparte, muchos empresarios celebren. Jamás imaginaron
que alguien podría abordar con tanta decisión una reforma laboral. En realidad, son
varias las propuestas que sorprenden, y algunas van contra tópicos que parecían
intocables: las cuentas sueldo de los bancos, las cajas de las obras sociales,
las reformas en el Código Penal, la apertura comercial, los controles
aduaneros, la intermediación de los abogados, la competencia de laboratorios y
farmacias y aun los registros del automotor, usual emprendimiento de la
dirigencia política. Son negocios enquistados durante años en la vida pública.
“¿Qué otro sinsentido conocen? –se entusiasmó en Twitter Guibert Englebienne,
cofundador de Globant, no bien se publicó el decreto–. Empiezo yo: ¿por qué un
almacenero puede coexistir con un Carrefour en su provincia y un farmacéutico
en provincia de Buenos Aires no puede hacerlo con Farmacity?”
Es
inevitable que haya rechazos estruendosos. El cambio de paradigma toma a muchos
empresarios en
medio de dificultades gigantescas. Anteayer, un grupo de pymes de la Unión Industrial
Argentina que deberá adaptarse a la nueva regulación intentaba por Zoom
explicarles a dos funcionarias de la Secretaría de Industria, Daniela Ramos y Carolina
Cuenca, que no tienen manera de pagar importaciones porque se demoran los
cambios en el sistema. El Gobierno detectó inconsistencias entre las bases de
datos de la AFIP
y el Banco Central y necesita crear un padrón de deudores.
Milei
deberá atender las múltiples dificultades con los ingresos en caída y escaso
respaldo en el Congreso. Haber enviado esta semana el proyecto de ley le valió al menos
el aval de legisladores de Juntos por el Cambio que hasta ahora dudaban del
DNU. Le exigían en realidad una ley espejo complementaria para dirimir temas que
se anticipan controvertidos, como el compre argentino o, más difícil, las
privatizaciones, para las que existen objeciones porque muchos funcionarios del
Gobierno vienen de empresas que podrían estar interesadas o han participado en
operaciones de esos sectores. Techint, Corporación América, KPMG. Por eso en
Juntos por el Cambio agradecen que varias de esas cuestiones hayan sido
incluidas finalmente en el proyecto. “Eso le saca presión al DNU: va a ayudar a
que la ley ómnibus salga, aunque con cambios”, dijo un diputado, que de todos
modos sigue viendo al Gobierno poco dispuesto a hacer concesiones. “Siguen con
que la disidencia es corrupción y esos delirios místicos”, se quejó.
La
discusión en el Congreso volverá a poner a prueba la capacidad de adaptación
del Presidente.
Hace algunas semanas, no bien se impuso en el balotaje, Gerardo Martínez le
propuso por WhatsApp que conformara una mesa con empresarios y la CGT. “Dame tiempo”, le
contestó Milei. Habrá que esperar, y no todo el sindicalismo tiene tanta paciencia.
Armando Cavalieri, por ejemplo, se apuró en la dirección opuesta a Daer:
adhirió al fondo de cese que modifica las indemnizaciones. Lo acordó en la Secretaría de Trabajo,
a cambio de que se consignara en la reglamentación del convenio una excepción a
lo que plantea el DNU: el gremio podrá retener aportes sin el consentimiento de
los empleados. Esa foto de Cavalieri molestó en la CGT, donde se quejan hasta de
la fecha: justo el día de la marcha a Tribunales. ¿Había necesidad? Lo dirán
los primeros resultados económicos. Son los plazos del Movimiento Evita. Hasta
la protesta callejera es a veces pura especulación.
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