La columna política de Joaquín Morales Solá
EL GOBIERNO
NO HARÁ MÁS CONCESIONES
Fuente: La Nación
(*) Identidad Correntina
28/1/024
Cuidado.
Turbulencias fuertes acechan a los gobernadores, entre varios más. El paquete
fiscal de la ley ómnibus de Milei cayó
poco antes de su naufragio en el Congreso, pero el ajuste se hará. Por aquí o
por allá, pero se hará. “Tic tac tic tac. El reloj de la bomba no se detuvo”,
advertía un funcionario del Ministerio de Economía poco antes de que se
anunciara que los artículos fiscales irían al cesto de los papeles inservibles;
el estallido de esa bomba supuesta significaría la explosión de la economía. La
crisis podría ser mucho peor. “No habrá más concesiones. Hasta aquí llegamos”,
agrega uno de los legisladores más importantes del oficialismo. Hay una promesa
básica que el Presidente no está dispuesto a eliminar: es el déficit cero en
las cuentas del Estado. “No podemos ceder en nada más. No tenemos crédito y no
vamos a emitir. La única opción que queda es el déficit cero”, recalcan en la
cartera económica. Los legisladores oficialistas no disimulaban un malestar
creciente con los bloques dialoguistas, que conforman Pro, el radicalismo y Hacemos Coalición Federal, la bancada
de Miguel Ángel Pichetto.
“Primero pedían que les hiciéramos concesiones, se las hacíamos y después
volvían por más concesiones”, subraya ese diputado mileísta. “Así no
terminábamos nunca. En algún momento había que ponerse firme y jugar a suerte y
verdad. El momento es este”, anuncia. El problema principal, dice, era que el
apartado fiscal de la ley ómnibus ya no tenía razón de existir. No servía de
nada. “Las provincias se llevaban lo suyo, pero después querían podarle la
recaudación al Estado nacional. Es un juego que no tenía sentido para el
gobierno central”, señala otro mileísta. Ninguna decisión impositiva puede ser
aplicada por decreto de necesidad y urgencia, pero el Gobierno podría subir las
retenciones por una resolución del ministro de Economía y cambiar la fórmula de
los aumentos jubilatorios. Ya se hicieron cosas parecidas. Es probable que
también descarte el regreso a los viejos niveles del impuesto a las ganancias,
que regían hasta la decisión electoralista de Sergio Massa de reducirlos,
porque ese gravamen es coparticipable con las provincias. Ni perdón ni olvido
para los gobernadores. El punto nodal de la discordia fueron, precisamente, la
fórmula de los aumentos de los jubilados y las retenciones para las
exportaciones del agro, sobre todo para la soja y sus derivados. La oposición
dialoguista se resistía a meterse otra vez con los jubilados, y los
gobernadores de las provincias productoras no querían homologar la continuidad
de altas retenciones para las exportaciones del campo. ¿Por qué el Gobierno
decidió no seguir negociando? Porque la administración de Milei considera un
prioridad urgente enviarles un mensaje a los inversores sobre los márgenes de
poder del presidente argentino, aun con la aprobación rápida de los artículos
que no se refieren a la economía. El Gobierno tiene, además, otro problema: un
presidente al que le gusta adjetivar hasta cuando habla de relaciones
exteriores. La reciente crisis diplomática con el gobierno de Colombia por el destrato de
Milei al presidente de ese país, Gustavo
Petro, a quien llamó “comunista” y “asesino”, es solo la
última; no es la primera ni será la última.
Los
imitadores del Presidente constituyen otra dificultad. Un ejemplo: en la tarde
del miércoles pasado, Pichetto,
Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo, los líderes de los
bloques buenos, se predisponían a bajar los decibeles de la gresca política en
la Cámara de Diputados.
Justo en ese momento, el ministro de Economía, Luis Caputo, descerrajó un tuit en el que les
advertía a los gobernadores que las economías provinciales sufrirían si se caía
en el Congreso uno solo de los artículos referidos a las cuentas públicas. Fue
así, pero no era el momento ni la forma de decirlo. “Cobarde”, le devolvió
Pichetto a Caputo, y de ahí en más solo hubo retrocesos y distancias entre
funcionarios y legisladores. Puede ser que el próximo martes
¿Cómo será
el trámite, entonces? Ni siquiera sobre eso hay acuerdo. Una ley se vota
primero en general y luego en particular, artículo por artículo. Los bloques
que firmaron el dictamen de mayoría, incluido Pro, que es el más cercano a
Milei después de la bancada propia del Presidente, lo hicieron en disidencia
con varios artículos. Diputados que han hecho las cuentas necesarias concluyeron
que ese debate podría llevar entre 40 y 50 horas. Tal vez, por lo tanto, más de
48 horas con sus días y sus noches. Todo depende de los artículos que se
cambien y que requieran de una aprobación del Gobierno. Pueden ser muchos. Dos
días de sesión continua, sin pausa, es algo pocas veces visto en el Congreso.
No es humano. Un diputado es una persona como cualquier otra, que necesita
comer, dormir y asearse. ¿Por qué no fijan cuatro o cinco días de 10 horas de
debate por jornada? Un programa para seres humanos.
La paradoja
consiste en que gran parte de la dirigencia política coincide con un vasto
número de artículos de esa ley de Milei. La propia Coalición Cívica de Elisa Carrió aceptó
acuerdos parciales, y subrayó en su dictamen propio que hay muchas empresas que
deben privatizarse, pero pone especial énfasis en que el ajuste no caiga sobre
el bolsillo de los jubilados. Todos los ajustes tienen las mismas víctimas: los
jubilados, la clase media y los sectores productivos del país. No hay otros.
Los jubilados ya venían mal. Así es la historia. Podrían estar peor. Los
aumentos de tarifas, cuyo sinceramiento es necesario, y mayores impuestos a los
ingresos pegaban en el plexo solar de la clase media. La retenciones altas para
el campo eran decisiones inesperadas de un gobierno que prometió hacer primero
un severo ajuste de los gastos del Estado.
El régimen
de promoción industrial de Tierra del Fuego, intocado hasta ahora, se erige así
las cosas como un elefante en un páramo. Según un estudio de la Fundación Fundar, ese régimen
significó pérdidas para el Estado federal por valor de 2382 millones de dólares
solo en el año 2023. ¿Por qué les aumentaban los impuestos a la clase media y a
los productores agropecuarios si no hacían nada con el régimen especial de Tierra
del Fuego que protege solo a dos o tres empresarios? ¿Por qué ese régimen
impide la sana competencia con similares productos tecnológicos? El gobierno de
Milei anunció una política económica de intensa competencia en todos los rubros
de la economía, menos, hasta ahora, en los sectores que antagonizan con los
productos protegidos de Tierra del Fuego. El dictamen de los diputados de
Carrió resalta la necesidad de crear cuanto antes una Autoridad Nacional de
Peor que el
privilegio es el silencio. Ni una sola voz oficial dijo nada sobre ese régimen
de Tierra del Fuego que tiene vigencia hasta el año 2038, prorrogable por
quince años más, según un decreto de 2021 de Alberto Fernández. ¿Derechos
adquiridos? Si esa fuese la razón, Milei deberá resignarse a no hacer ningún
cambio porque todos los sectores económicos y sociales podrían escudarse en el
principio jurídico de los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son
aquellos que existen de hecho o de derecho por la práctica reiterada en el
tiempo.
Peor que el
privilegio y el silencio es la soberbia. El joven consultor político Santiago Caputo, sobrino lejano del
ministro Caputo, fue enviado por Milei al Congreso para negociar los cambios al
proyecto presidencial. Tres diputados de Pro, María Eugenia Vidal, Alejandro Finocchiaro y Silvia Lospennato,
abandonaron la reunión con el Caputo sobrino ofendidos por la arrogancia del
consultor. Una exgobernadora de Buenos Aires (Vidal), un exministro de
Educación de
En las
mismas horas en que ocurrían esas peripecias políticas, la CGT hizo una huelga
general atípica, extraña e inexplicable. Las imágenes de ciudades ajetreadas
contrastaron con el supuesto paro de los caciques sindicales, la estirpe más
impopular de la política. Ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner ni Massa se metieron nunca con los
aportes solidarios obligatorios de los trabajadores a los gremios; solidaridad y
obligación son palabras que colocadas en una misma frase configuran un
oxímoron. Milei dobló la apuesta: les sacó a los sindicatos el manejo de
la Superintendencia de Seguros de
Salud, la gran caja que financia la actividad gremial y el lujo
en el que viven los dirigentes sindicales. Puede hacer eso con gremialistas; la
política tiene otro contexto, otros personajes y otro linaje, menos raído.
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