Un gobierno represor-friendly: las visitas secretas a la cárcel
de Campo de Mayo
Página/12
24 de marzo de 2024
Los represores que están presos reclaman
la libertad, denuncian que son víctimas del sistema judicial y buscan ser
reivindicados. Hacía tiempo también que exigían tener un interlocutor. Y lo
consiguieron. El Ministerio de Defensa, que conduce Luis
Petri, mandó a sus funcionarios a la
Unidad 34 de Campo de Mayo para tomar nota de los
reclamos de quienes están condenados o procesados por haber secuestrado,
torturado, desaparecido y robado bebés. En los últimos días, Petri
reivindicó el accionar de las Fuerzas Armadas durante los años ‘70 y
se fotografió con Cecilia Pando y esposas de
militares condenados por crímenes contra la humanidad. Patricia
Bullrich, quien negoció la llegada de su compañero de fórmula a la cartera
de Defensa, salió a decir que hay militares y policías
"injustamente encarcelados" en lo que será la antesala de un
24 de marzo atravesado por la presencia en la Casa Rosada de un
gobierno que niega, minimiza o justifica lo sucedido durante la última
dictadura.
La U34 tiene capacidad para
alojar a 115 reclusos. Su emplazamiento dentro de la principal guarnición
militar del país y su cercanía con el Hospital Militar de Campo de Mayo fueron
los argumentos que invocó el gobierno de Mauricio Macri en 2016 para volver a
ponerla en funcionamiento. Está dividida en cinco pabellones. Tiene
quincho, gimnasios con aparatos, tres huertas y dos canchas de tenis. Sus
comodidades la distinguen del resto de las unidades para personas privadas de
la libertad.
En Campo de Mayo, hay 62 represores
presos, según las estadísticas que el viernes difundió la Procuraduría de
Crímenes Contra la Humanidad
(PCCH). Algunos de ellos consiguieron que funcionarios de Defensa fueran a
verlos. La reunión no fue informada públicamente ni por el Ministerio ni por
alguna organización que representa a los presos por lesa. Sin embargo, Página/12 pudo
reconstruirla a partir de distintas fuentes.
La comitiva fue encabezada por Lucas
Miles Erbes, director nacional de Derechos Humanos de la cartera que conduce
Petri. El abogado trabaja codo a codo con Guillermo Madero,
subsecretario de Estrategia y Política Militar. Madero, que fue
funcionario del PRO, hizo campaña para Bullrich pero ahora se identifica con la
vicepresidenta Victoria Villarruel.
En la
Unidad 34, los funcionarios de Defensa se entrevistaron con
algunos represores emblemáticos --no solo militares sino también policías. Uno
de ellos fue Juan Daniel Amelong, a quien Villarruel presentó como una “víctima” en el debate
vicepresidencial con Agustín Rossi. Amelong tiene cinco condenas por
crímenes de lesa humanidad en su haber y, según publicó El Destape,
solía recibir las visitas de la actual vicepresidenta. Nunca escondió su rol en
la “lucha contra la subversión”. Estuvo en el Operativo Independencia, integró
el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y su casa familiar –La Intermedia– fue usada
como un centro clandestino de detención durante la dictadura. El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
rechazó una petición que había presentado y dijo que no veía afectación a sus
derechos por su detención.
Otro de los que capturó la atención de los
enviados de Defensa fue Julio Héctor Simón, conocido como el “Turco
Julián”. Simón no es un represor más: con su caso, la Corte Suprema
declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida
y, de esa forma, habilitó la reapertura de los procesos por crímenes cometidos
durante los años del terrorismo de Estado.
Mario Sandoval, el integrante de la Policía Federal
Argentina (PFA) que fue condenado a quince años de prisión por la privación
ilegal de la libertad de Hernán Abriata, también dialogó con los funcionarios
de Defensa. Sandoval –que debió ser extraditado desde Francia para responder
ante la justicia argentina– no pierde oportunidad para denunciar supuestas
ilegalidades en su contra tanto en estrados nacionales como internacionales.
Ahora, está entretenido en la conformación de un sindicato de mayores de 60
privados de la libertad ambulatoria.
Eduardo Ramos Campagnolo, un represor que actuó
en Rosario, estaba interesado en que lo escucharan en el gobierno de Javier
Milei. El “Curro” viene pidiendo hace tiempo la libertad condicional.
Los presos de lesa no solo recibieron visitas de
funcionarios del Poder Ejecutivo. La semana pasada, la Unión de Promociones --la
primera entidad que le pidió públicamente una "solución definitiva" a
Milei para los presos de lesa-- informó que había visitado la U34 con la diputada
libertaria Alida Ferreyra Ugalde.
Los reclamos son variados. Hay quienes piden
salir de la cárcel. Otros exigen una solución jurídica –como también lo hizo
Villarruel la semana pasada en una entrevista en TN. Hay quienes pretenden que
desde el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, hagan un
monitoreo de cuánto demoran las causas en la justicia y quienes buscan
que el gobierno de La
Libertad Avanza (LLA) diga oficialmente –ya no en campaña–
que se libró una guerra.
Trabar las
investigaciones
Hace dos semanas, un editorial del diario La Nación festejó que
soplaban nuevos vientos en la relación entre las Fuerzas Armadas y el
poder político. En el texto, se apuntaba a decisiones de Madero sobre
el acceso restringido a los archivos de los militares.
Desde el Ministerio ya le dijeron a
representantes de la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que habrá
recortes en la tarea que hacen los equipos de relevamiento y análisis –que
se crearon en 2010 durante la gestión de Nilda Garré. La versión del gobierno
es que en la actualidad hay menos juicios o que las propias fuerzas pueden
responder a los requerimientos que hacen las fiscalías, los juzgados y los
tribunales.
Los principales interesados en que sus archivos
no lleguen a los estrados judiciales son los imputados. En una de sus
indagatorias, Horacio Luis Ferrari, el represor de la ESMA que está actualmente en
juicio, acusó a los investigadores del Ministerio de Defensa de ser
soplones.
“Advertimos la necesidad de mantener los equipos
que aportan la producción de la prueba informativa –desde Defensa o desde el
Archivo Nacional de la
Memoria. Son personas que se han especializado en los últimos
años y que seguimos necesitando para interpretar casos nuevos. Su falta puede
tener una incidencia en el retraso de las investigaciones”, señala la fiscal
Ángeles Ramos, titular de la
PCCH.
A pesar de los vaivenes, las
investigaciones avanzaron en las últimas dos décadas. Este domingo, se
recordarán en las calles no solo los 48 años del golpe genocida sino
también los 20 años desde que Néstor Kirchner bajó los cuadros de Jorge
Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar y dio el
primer paso para convertir la
ESMA en un espacio de memoria. Fue un quiebre en la
historia. Los que entonces se opusieron hoy son parte o apoyan al
gobierno.
Reivindicaciones
Después de que su delfín Petri dijera que las
Fuerzas Armadas fueron demonizadas por su accionar en los ‘70, Bullrich
declaró que existe una política de “venganza” contra algunos de sus
exintegrantes. “Hay detenidos que estaban parados en la puerta de una comisaría
o en un destacamento de Gendarmería sin ningún tipo de acción, y los tienen
hace quince años sin causa. Eso en un Estado de derecho no puede pasar. Esas
personas no pueden seguir presas”, demandó
La ministra posiblemente haya querido decir que
hay detenidos sin condena firme. Eso se debe a las demoras de la propia Corte a
la hora de confirmar las sentencias. No es cierto como dijo Bullrich que se
haya "sacado" el beneficio de acceder a los 70 años al arresto
domiciliario, sino que el máximo tribunal sostiene que no es automático. Más
del 76 por ciento de los represores están en sus casas.
“Bullrich, en su reversión ideológica infinita,
está perdiendo la memoria, porque seguramente ella sabía muy bien que en un
centro clandestino había distintas funciones –una de ellas, custodiar la puerta
de una comisaría. Como explicaba el almirante Emilio Massera, todos debían
'poner las manos en el plato’ para que luego funcionara el pacto de impunidad y
nadie pudiese hablar”, responde la diputada del FIT-U Myriam Bregman.
El periodista Carlos Pagni publicó que el lunes
Bullrich podría difundir un cambio reglamentario para favorecer la salida de
represores mayores de 70. “Ningún reglamento penitenciario puede
alzarse contra una ley del Congreso, como es la de Ejecución Penal”,
responde un juez federal ante la consulta de este diario.
“Es evidente que llegó la hora de cumplir con
las promesas que les hicieron a los genocidas en campaña –apunta la
abogada Guadalupe Godoy–. Probablemente se encontraron con que no
es tan sencillo: los tratados internacionales, las leyes internas y la
construcción jurisprudencial les obstaculizan el camino. No es en vano todo lo
que construimos”.
Ni olvido
ni perdón
Otra de las versiones que corrió fue la de un
indulto. Milei lo negó. Villarruel dijo no estar al tanto de una discusión
por el estilo en el gobierno que integra. En La Plata, el juez Alberto
Recondo intimó el viernes al gobierno a responder si el tema está en sus planes
después de que referentes de los derechos humanos como Estela de Carlotto,
Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y el exjuez Carlos Rozanski presentaran
un amparo preventivo.
“Un beneficio generalizado en favor de presos
por graves violaciones a los derechos humanos está vedado jurídicamente”, explica Alejandro
Slokar, juez de la
Cámara Federal de Casación Penal. “Los crímenes cometidos
durante la última dictadura cívico-militar no son pasibles de indultos,
amnistías, conmutación o cualquier otra forma de morigeración de las sanciones,
por exigencia de proporcionalidad derivada de la categoría ‘penas adecuadas’.
En el plano interno la prohibición deriva expresamente de la ley vigente y de
la jurisprudencia de la
Corte Suprema desde 2007. Por imperativo internacional hay
que atender la inédita condena por desacato a Perú de diciembre pasado,
adoptada por unanimidad por la Corte Interamericana en el caso de Alberto
Fujimori. La única forma de favorecer a los represores es violando el
derecho. Y deshonrando a las víctimas”.
Lo que es seguro es que la administración de La Libertad Avanza
(LLA) buscará durante el 48º aniversario dar una “batalla cultural” que
intente justificar el accionar criminal de las fuerzas y descalificar a los
organismos de derechos humanos. Ya trascendió que lo hará a través de
un spot. Mientras tanto, hay alerta en la Secretaría de Derechos
Humanos por lo que puede pasar esta semana con la renovación de los contratos
de quienes se desempeñan en los sitios de memoria.
“Más allá del retroceso que quieran hacer en lo
discursivo, lo cierto es que en este país no hay impunidad. Los tres
poderes del Estado ya se manifestaron sobre el genocidio que se llevó adelante. Esto
blinda el proceso de justicia ante cualquier tipo de avanzada y pone en riesgo
al Presidente de ser sometido a un juicio político”, advierte el exsecretario
de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti.
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