La SIDE emitió una directiva secreta para
“monitorear” la acción de “grupos sociales vulnerables”
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
30/5/025
En una directiva secreta que emitió a fines de enero
pasado, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ordenó “identificar
y monitorear” a todos los “grupos sociales
vulnerables” de la
Argentina y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar
la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el
electorado local, según consta en una copia de esa orden secreta que obtuvo LA NACION, que verificó su
autenticidad con dos fuentes independientes entre sí.
La orden de la
SIDE a sus agentes y analistas fue recabar toda la
información de inteligencia posible sobre esos “actores” locales, a los que no
identificó por sus nombres, y mandó enfocarse en sus “capacidades y
motivaciones”, como también ahondar en el “impacto de sus
acciones en la estructura política e institucional de la Nación”. ¿El
objetivo? Elaborar informes que deberían elevarse a las máximas autoridades del
espionaje local.
Firmada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz,
la directiva circuló por al menos una decena de despachos oficiales. Abarcó
también a “actores estatales” extranjeros que puedan
implementar “tácticas” para “influir en el desarrollo político” de
la Argentina. Entre
otras, “por medio de ciberataques”, operaciones de
desinformación y financiamiento a actores políticos” locales, a los que tampoco
identificó, pero que estuvieran alineados con sus “intereses
estratégicos”.
Esa y otras decenas de directivas secretas similares
integran la primera fase de aplicación práctica del llamado Plan de
Inteligencia Nacional (PIN), cuyo contenido reveló LA NACION este domingo, y que
fijó cuáles serán los lineamientos estratégicos de la SIDE durante los próximos
años. Algunos de esos lineamientos reafirman las prioridades trazadas por
gestiones anteriores, como la prevención del terrorismo y la lucha contra el
crimen organizado o velar por los intereses argentinos en el Atlántico Sur y el
sector antártico. Pero también entreabrió la puerta a eventuales tareas
de espionaje interno que podrían recaer sobre periodistas, economistas
y todo aquel que cuestione al presidente Javier Milei o a sus
funcionarios.
Desarrollado por la cúpula de la SIDE que lidera Sergio
Neiffert, el PIN desgrana cuáles son los intereses estratégicos del país
para, a partir de allí, trazar los objetivos generales de inteligencia y, a
continuación, detallar las eventuales acciones particulares que los agentes
deberán desarrollar para cumplirlas. Y las enumera, a lo largo de un texto de
170 páginas llenos de generalidades, zonas grises y ambigüedades.
Así, por ejemplo, la SIDE determinó en el PIN que quedarán bajo la
lupa todos aquellos que busquen “erosionar” la confianza de la opinión pública
sobre los funcionarios a cargo de velar por la seguridad de la Nación o que generen o
puedan generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del
Gobierno. También, todos aquellos que puedan “manipular” a la opinión
pública durante los procesos electorales o propagar la
“desinformación”, sin precisar si alude a periodistas, analistas u otras
opciones.
A partir de ese Plan de Inteligencia Nacional, las
autoridades de la SIDE
comenzaron a distribuir decenas de “directivas” durante los primeros meses de
este año año. Las remitieron a todos los responsables del llamado Sistema de
Inteligencia Nacional para que recaben información en sus áreas de competencia,
“produzcan conocimiento” y elaboren informes trimestrales sobre los eventuales
“actores” que queden bajo la lupa.
“Grupos sociales vulnerables”
Así, por ejemplo, la SIDE ordenó recopilar datos sobre todos aquellos
“actores locales” que puedan representar un riesgo para el orden constitucional
y la gobernabilidad, como así también determinar las eventuales “dinámicas” de
“radicalización” de “grupos sociales vulnerables” a los que tampoco identificó.
¿Se refiere a grupos piqueteros, movimientos sociales o, incluso, comederos
populares?
Del mismo modo, la Secretaría de
Inteligencia –que se encuentra bajo la órbita de influencia del asesor Santiago
Caputo- extendió la orden de vigilancia a todos aquellos “actores estatales
y no estatales extranjeros” que pudieran impulsar “acciones locales” para
interferir en la
Argentina. De ese modo podría aludir, por ejemplo, a los
intentos de Rusia por manipular las elecciones locales como lo hizo en Estados
Unidos, Francia o Rumania, entre otros países, pero la directiva no alude de
manera explícita a ese u otros países.
El Plan de Inteligencia Nacional, por el contrario, sí
menciona por su nombre a dos naciones: Estados Unidos e Israel. En línea con la
decisión del presidente Milei, los identifica y fija como norte al momento de
definir alianzas y prioridades estratégica, a diferencia del Reino Unido,
debido al conflicto por las Islas Malvinas y el “escenario antártico”.
Horas después de que LA NACION revelara la
existencia de ese documento secreto, cabe remarcar, la Oficina del Presidente
respondió con un comunicado en el que confirmó la existencia del documento
secreto, pero negó que se utilice a la
SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios
político. Y rechazó lo que llamó “las versiones periodísticas” sobre
el Plan de Inteligencia, pero no aportó precisión alguna. El Presidente
difundió ese comunicado por la red social X y culpó, además, al 90% del
“periodismo” de ser “los mayores creadores de noticias falsas en la historia de
la humanidad”.
Según constató LA NACION, el llamado Plan de Inteligencia Nacional
que impulsó la gestión libertaria registra diferencias notables con los
elaborados por los gobiernos anteriores. Pone énfasis en una suerte de “batalla
cultural por controlar el relato”, un concepto y una prédica muy afín al
discurso de la administración libertaria, según confirmaron tres personas que accedieron
a ese documento secreto.
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