IP-30/6/025
Luego de que la Corte Suprema de Justicia convalidara la
sentencia del TOF Número 2 contra Cristina Kirchner en la causa
Vialidad, la justicia federal volvió a producir resoluciones de alto
impacto político. Hace una semana, el juez federal Daniel Rafecas
declaró admisible el juicio en ausencia de 10 iraníes y libaneses acusados de
haber organizado y perpetrado el atentado contra la AMIA. Así, por
primera vez se aplicará el recientemente creado instituto de juicio en ausencia
pensado para los casos de rebeldía o fuga de los imputados.
Pero lo de Rafecas no venía solo y forma parte de una
ofensiva judicial más amplia, porque en los próximos días, el Tribunal
Oral Federal 8 definirá la fecha de inicio del juicio oral por la firma
del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán. Cristina Kirchner
está acusada de encubrimiento agravado. La denuncia fue impulsada por el
fiscal Alberto Nisman en enero del 2015, días antes de aparecer muerto en
su departamento, y acusaba a la expresidente de intentar proteger a los
responsables del atentado a la
AMIA. En síntesis, el Memorándum establecía una
Comisión de la Verdad
que sustraería a los acusados del juzgamiento por la justicia. Obviamente
no están en juego en este caso para la expresidente penalidades graves
como en la causa de Vialidad. Pero se trata de de un expediente de
altísimo voltaje político nacional e internacional.
En pleno año electoral, el juicio oral por la causa
del Memorándum produciría varios efectos. Para empezar, reflotaría el
caso Nisman, que para el antikirchnerismo habría sido asesinado por
órdenes del gobierno. En segundo lugar, en un momento en el que el PJ
utiliza a Cristina como bandera para ganar las elecciones, este juicio oral
colocaría al peronismo del lado de Irán, cuando la confrontación del
régimen iraní con Israel y EEUU entró en un camino sin retorno. En
tercer lugar, si la fecha del juicio oral se fija para los próximos
meses, el kirchnerismo encontraría una bandera para profundizar su
movilización política y tratar de embarcar a todo el peronismo. Esto
último no es tan fácil, ya que los gobernadores peronistas acaban de
sacarle el cuerpo a la campaña «Cristina libre», que La Cámpora quería lanzar por
todas las provincias. En paralelo, la CGT minimizó su apoyo a Cristina y los 47
intendentes peronistas que siguen a Axel Kicillof se niegan a aceptar que
Máximo Kirchner utilice la prisión preventiva de su madre como excusa para
presionar por más candidaturas para la elección del 7 de septiembre.
Una intervención política
En síntesis, la Corte Suprema, con
su fallo, golpeó primero la estrategia de Javier Milei de polarizar en las
urnas con Cristina candidata a diputada. Y ahora la justicia federal
metería en el año electoral nada menos que la complicidad del gobierno K con
Irán. Se trataría así de la mayor intervención de la justicia en la
política electoral que se tenga memoria.
Es evidente que hay en la cúpula del Poder Judicial una
tendencia que excede a la Corte
para alcanzar también a Comodoro Py y que la Casa Rosada parece
asistir a este cambio sin poder influir demasiado en el mismo. Obviamente
preocupado, Milei optó días atrás en su discurso ante el Congreso
libertario realizado en La Plata, por
adjudicarse la paternidad del reciente fallo de la Corte. Los indicios de
la realidad señalan lo contrario.
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