El Consejo de la Magistratura, al
margen de la ley
junio 05, 2019
El derecho a la defensa no parece ser para todos (*)
Irina Hauser
El
Consejo de la
Magistratura le negó al juez Alejo Ramos Padilla el
acceso a las escuchas telefónicas tomadas de conversaciones a personas que
están detenidas en el penal de Ezeiza, en las que se basa parte del expediente
que tramita en su contra. Son las que también invoca el fiscal Carlos Stornelli
para justificar su quinto faltazo a prestar declaración indagatoria con el
argumento de que la causa sobre espionaje ilegal que tramita el juez Ramos
Padilla, pretende debilitar el expediente sobre las fotocopias de los
cuadernos. El abogado del magistrado, que es su padre, el juez Juan Ramos
Padilla, presentó un reclamo ante el organismo donde dice que “resulta irónico
que se le niegue a mi defendido en el propio Consejo el acceso a la prueba para
ejercer nada más ni nada menos que el debido derecho de defensa, cuando a
diversos periodistas les resulta llamativamente más sencillo obtener tal
material clasificado mediante la ley de inteligencia 25.520”.
Ramos
Padilla fue denunciado ante el Consejo por el Gobierno, a través del Ministerio
de Justicia, por haber ido a exponer al Congreso acerca de la causa de
espionaje que comenzó en torno de la figura del falso abogado Marcelo Sebastián
D’Alessio y se extendió a una organización que ya tiene 15 imputados, entre
ellos Stornelli, y decenas de otras personas investigadas, incluidos
funcionarios de la administración de Cambiemos, como la ministra Patricia
Bullrich. La segunda denuncia que fue agregada a aquella la hizo un abogado
llamado Santiago Deluchi Levene, y agregaba las escuchas que habían sido
difundidas dos domingos atrás por dos canales de televisión. Se trata de
intervenciones telefónicas tomadas en el penal de Ezeiza ordenadas por el juez
de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una causa donde investigaba posibles
conexiones de Mario Segovia, conocido como “el rey de la efedrina”. En uno de
los pabellones escuchados están Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De
Vido, y Juan Pablo Schiavi. El primero hablaba con Carlos Zelkovicz y el
segundo, con Eduardo Valdés. Como en una de ellas hay una referencia al juez de
Dolores, terminó denunciado.
Las
escuchas ya se conocían y de hecho las había usado Elisa Carrió para impulsar
una denuncia que presentaron Paula Oliveto y Mariana Zuvic y que cayó en el
juzgado de Bonadío. Las dirigentes de la Coalición Cívica ya
hablaban de un complot con Stornelli y la causa de los cuadernos a través de la
causa que tramita en Dolores. Las primeras llamadas interceptadas eran del 18 y
19 de enero de este año. Sin embargo, la extorsión que denunció el empresario
Pedro Etchebest y que dio origen al expediente a cargo de Ramos Padilla, había
ocurrido hacía rato: el 8 de enero, en Pinamar, tras una larga reunión entre
Stornelli y D’Alessio. La difusión de audios dos domingos atrás fue utilizada
por el fiscal Stornelli para reforzar la denuncia ante Bonadío y pedir las
indagatorias de los presos y sus interlocutores, y alegar que por todo eso
faltaba una vez más a la indagatoria. En el Consejo, el oficialismo y el Frente
Renovador, aprovecharon el escenario para citar a Ramos Padilla a que
presentara un descargo, mediante el artículo 11 del reglamento. No es lo mismo
que el artículo 20, que es equivalente a una indagatoria, pero es una forma de
ponerle presión.
La
presentación de los Ramos Padilla dice que Bonadio remitió las escuchas al
Consejo de la
Magistratura en un oficio del 24 de mayo. Dos días
después comenzó la difusión de audios en dos canales de televisión. Dos días
más tarde el juez de Dolores fue citado por el Consejo. El 30 de mayo fue en
persona al Consejo a ver de qué se trataba la denuncia en la que debería
presentar un descargo, pidió acceder a la prueba en su contra y la respuesta fue
que “por expreso pedido del Dr. Bonadio, no podrán serles exhibidas ni
entregadas las escuchas telefónicas realizadas en la cárcel de Ezeiza y que se
encuentran incorporadas en las actuaciones” del organismo. Al juez cuestionado
le dieron 20 días para responder, y pidió en forma manuscrita que “se pusiera a
su disposición la totalidad de la prueba para ejercer debidamente su
defensa y se suspendan los plazos hasta tanto ello no ocurra”. En el escrito
presentado por su defensa se señala también “la posible violación
de la
Constitución Nacional, Pactos Internacionales de Derechos
Humanos con jerarquía constitucional, las disposiciones del fallo Halabi
(donde la Corte objetó
una ley que permitía escuchas sin justificación), y la afectación de principios
fundamentales del Estado de Derecho debido a la utilización de escuchas
obtenidas de forma irregular con la complicidad de funcionarios
públicos”.
“La
gravísima irregularidad de lo ocurrido, lamentablemente, alcanza a este Consejo
–dice la presentación– cuando priva a un magistrado de acceder a la prueba que
sustenta su acusación y lo obliga a tomar un conocimiento parcial y sesgado de
la misma por vía de los medios de prensa, donde el material supuestamente
clasificado es continuamente filtrado (…) Debe recordarse que ya en un
comunicado de fecha 28 de marzo del corriente el Colegio Público de Abogados
de la CABA exhortó
a los poderes públicos del Estado –en especial al Judicial– a poner un límite a
este tipo de violaciones; en particular destacó su preocupación por ‘asombrosa
naturalidad ante el delito que constituye la fuga para su emisión pública de
conversaciones privadas, grabadas de manera legal o incluso ilegal, por parte
de servicios de inteligencia ilegales o clandestinos´”.
Jorge
Rizzo, ex presidente del Colegio de Abogados, anunció ayer que las autoridades
de la entidad habían logrado tener una reunión con el presidente de la Corte Suprema,
Carlos Rosenkrantz, y le informaron que no paran de recibir denuncias de
abogados ante el festival de escuchas y por el hecho de que son intervenidas
las conversaciones privadas de personas que están presas incluso cuando hablan
con sus abogados, lo que es ilegal. El supremo “coincidió con la preocupación y
se comprometió a hacer lo posible”, relató Rizzo en Twitter.
Ramos
Padilla, además de las pruebas, pidió la versión taquigráfica del debate
mediante el cual se dispuso la apertura del expediente en su contra.
(*) Página/12, 5/6/019.
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