La reflexión
de Mempo Giardinelli
septiembre 02, 2019
La Educación y el próximo
censo nacional que soñamos (*)
A
despecho de la noticia del domingo –el DNU que restableció, al modo tramposo
del macrismo, la obligatoriedad de liquidar exportaciones en el país y el
control del BCRA para la compra de divisas– esta columna prefiere ocuparse hoy
de la educación publica. Porque en su replanteo a fondo y como una de las
primeras urgencias del próximo gobierno radica la posibilidad de una Argentina
diferente y mejor. Quizás este artículo correspondería dedicarlo a Cristina y
Alberto, que es seguro que en estos dias están concentrados en otras, obvias
urgencias. Y así lo expresamos la semana pasada al inaugurar el 24º Foro
Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, en Resistencia,
donde cada uno de estos años de saqueo planteamos la necesidad de una gran
reforma educativa, basada en la que proponemos desde El Manifiesto Argentino,
que considera a la educación como un derecho colectivo en el marco de procesos
institucionales de enseñanza y aprendizaje. Partimos de la idea de que, en
tanto forja fundamental para la construcción de ciudadanía, la Argentina requiere
el urgente restablecimiento de la educación pública, gratuita, universal,
laica, con sentido nacional y social en todos los niveles, y obligatoria hasta
los pre-universitarios, asegurando la educación privada como sistema
complementario. Así está garantizado por la Ley 26.206/05, que estableció que: "La
educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para
construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional,
profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos
humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social
de la Nación".
Asimismo,
la garantía del financiamiento educativo fue fijada por la Ley 26.075/05, que Macri
derogó por decreto en enero de 2018, y que será urgente restablecer para
asegurar la
Renacionalización de la Educación que
proponemos, entendida como la necesidad de un Sistema Educativo Nacional Único,
con validez en toda la república, que garantice una plataforma curricular cuya
base estructural conciba contenidos educativos igualitarios en todo el país y
se organice en función de las múltiples y complejas realidades del territorio
nacional. Y es claro que sin que ello implique pérdida de la autonomía
administrativa de las jurisdicciones, garantizándose los desarrollos locales y
regionales, así como la participación de asociaciones de docentes y padres de
familia en la elaboración de contenidos pedagógicos, con recursos económicos
enviados a las provincias para la aplicación de políticas pedagógicas
nacionales que se ejecuten con transparencia y sin excepción con ese cargo.
Además, para el saneamiento y control del sistema proponemos que todos los
financiamientos (nacionales e internacionales) sean auditados y controlados por
la ciudadanía, a través de asociaciones o federaciones de cooperadoras,
reportando resultados al Consejo Federal de Educación, que deberá ser
reformulado a fin de que las decisiones educativas de interés nacional sean
vinculantes y de aplicación ineludible en todo el país.
La
propuesta implica terminar también con el ominoso reemplazo de pedagogos por
gerentes a cargo del Ministerio, así como vedar la intervención de empresas e
instituciones transnacionales en el sistema educativo nacional. Y también
acabar con la promoción de supuestos talentos individuales, la instauración
positivista de las neurociencias en el magisterio y todo cómputo de las
condiciones mentales-cerebrales de los alumnos, a quienes sólo hay que
garantizar alimentos para su nutrición y desarrollo. Todo esto se vincula con
la necesaria planificación, a partir de noviembre, del Censo Nacional 2020, que
deberá incluir un muy completo capítulo en materia educativa, en base a cuyos
resultados será posible conocer el grado de daño inferido a la educación pública,
así como la implementación de medidas de corto, mediano y largo plazos. Este
Censo será un paso fundamental para conocer a cabalidad el tamaño de la tarea,
porque hoy en la
Argentina tenemos un sistema educativo que no está
mensurado, o lo está "a ojo". Y es que, por ejemplo, no hay datos
ciertos de la cantidad de escuelas y aulas en todo el territorio nacional. Ni
el Ministerio ni la
Wikipedia lo informan, y los números que se encuentran
van de las 25 mil a las 50 mil escuelas, pero no son cifras confiables. Y
tampoco se sabe el número de estudiantes de entre 5 y 18 años. ¿17 millones, 20
millones? Lo ignoramos.
Igual
sucede con las bibliotecas. La
Conabip computa "casi 2000" bibliotecas
populares. Pero el fabuloso entramado que conforman las numerosas bibliotecas
públicas municipales, barriales, de clubes, de cooperativas y de instituciones
de la sociedad civil, más las universitarias, las de facultades, las de
empresas y bancos incluso, y las hace años estimadas 25 mil bibliotecas
escolares y/o de aula, hace absolutamente imposible tener un dato cierto. Ni
hay precisiones sobre la cantidad de bibliotecas científicas, ni de
instituciones del Estado. Posiblemente el total sea de más de 50 mil
bibliotecas en todo el país. Pero dato cierto, ninguno. Y ni se nos ocurra
contabilizar acervos. Y hay más: ni siquiera se sabe con certeza si las universidades
públicas de la
Argentina son exactamente 54, o 62 o cuántas. Imposible
encontrar cifra única en internet. Y tampoco es posible saber cuántas carreras
de grado se pueden cursar en este país, ni se conocen datos exactos de las
universidades privadas, ni su número de estudiantes ni hay un ranking de sus
carreras y costos. Como tampoco hay cifras ciertas sobre estudiantes de otros
países en la
Argentina. Y también haría falta un cómputo –censal o
ministerial– acerca del número de instituciones y casas de estudio privadas,
confesionales o no, y sus costos de cursada. Y el colmo: toda esta ignorancia
(¿casual, planificada?) impide también conocer de una vez la obvia privatización
encubierta que se practica en casi todas las universidades públicas, casi todos
cuyos posgrados están arancelados y muchos son carísimos. Y todo lo cual
desnaturaliza la enorme conquista argentina y peronista de 1949 de la
universidad pública gratuita.
(*) Página/12,
2/9/019.
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