Picada de Noticias en el recuerdo
El enfoque
de Guillermo Wierzba
CONSENSO
CONTINUISTA (*)
Los políticos de la derecha, consultores, economistas y
dirigencias del empresariado concentrado coinciden en pregonar sobre algunas
“exigencias indispensables” para asegurar un “futuro mejor” para
Llach enumera cinco grandes problemas argentinos :
1. el déficit fiscal,
2. la inflación,
3. el bimonetarismo,
4. el bajo nivel de inversión y
5. la escasa apertura de la economía.
Doblegar la inflación le resulta tan importante como
entender que el déficit fiscal es su fundamento. Idénticamente a todos los
economistas de la corriente principal, como Melconián, Lousteau, Espert, etc.,
la agenda propuesta tiene centralidad en la cuestión del déficit fiscal y no en
la restricción externa, pese a que las grandes crisis que detuvieron la marcha
de la economía argentina se originaron en los límites que Argentina tuvo para
la disponibilidad de divisas.
Respecto de la propuesta de un nuevo contrato social,
Llach la sustituye con la de un nuevo contrato sobre el Estado que establezca
metas creíbles sobre el resultado fiscal, el gasto público, la presión
tributaria y el endeudamiento. En un estilo más académico, pero coincidente con
el coro de economistas neoliberales, desliza tácitamente la propuesta del
ajuste, clamando por la imperiosidad de bajar la inflación supuestamente
motivada por el déficit fiscal, acompañando ese argumento de causalidad con una
advertencia sobre una excesiva presión tributaria. Esta secuencialidad
expositiva se dirige directamente hacia la formulación del objetivo de política
que persigue instalar: disciplinar el gasto público, previa restricción del
endeudamiento (sin diferenciar la moneda del mismo — si es en pesos o en
dólares, cuestión no menor como bien insiste la heterodoxia). O sea que la
orientación contractual sugerida por Llach coincide con los lineamientos
básicos propuestos por el FMI para “regularizar” la economía argentina. A su
vez, reconoce la inevitabilidad de alguna renegociación de la deuda,
advirtiendo que debe ser en acuerdo con los acreedores y sentenciando que su
viabilidad está atada a la contundencia del acuerdo fiscal. De lo que no se
ocupa el ex ministro de De
Esta lógica discursiva acerca del contrato sobre el Estado
responde claramente a una presión para un consenso continuista de la política
del gobierno de Macri, y a su corrección por vía de dos ejes: su
instrumentación como “política de Estado” en el turno de un gobierno sustentado
en los sectores populares (una presión por su “menemización”), y el reemplazo
del gradualismo financiado con deuda por un shock ajustista.
El consejo de
Friedman a Pinochet
Es notable la vigencia que para todos los economistas
neoliberales tiene la receta que Milton Friedman le confeccionara a su admirado
Pinochet, tan ilustrativa que merece su reiteración: “Existe solo una manera de
terminar con la inflación: reducir drásticamente la tasa de incremento en la
cantidad de dinero. En la situación de Chile, el único modo para lograr la disminución
de la tasa de incremento en la cantidad de dinero es reducir el déficit fiscal.
Por principio, el déficit fiscal puede ser reducido disminuyendo el gasto
público, aumentando los impuestos o endeudándose dentro o fuera del país.
Disminuir el gasto público es, por lejos, la manera más conveniente para
reducir el déficit fiscal ya que, simultáneamente, contribuye al
fortalecimiento del sector privado y, por ende, a sentar las bases de un
saludable crecimiento económico”. Esta mirada está tan vigente para Llach como
para Melconián (quien adjudica la crisis de la economía macrista a la
postergación del recorte del gasto público y de la presión tributaria,
asignándole a su nivel de 2015 el carácter de una de las peores herencias
fiscales de la historia). Lousteau también se refiere a que cuando el Estado
tiene déficit fiscal y decide emitir para financiarlo provoca inflación,
mientras machaca con la necesidad de mejorar la productividad del gasto cuando
se dedica a mostrar su crecimiento más intenso durante los doce años de
gobierno nacional, popular y democrático, respecto al de otras naciones para el
mismo período.
Respecto de la cuestión tributaria, Llach se pronuncia
formalmente por reformas que hagan más progresivo el sistema, pero
inmediatamente acude a citar como un privilegio regresivo a la enseñanza
universitaria gratuita. En la misma línea de pensamiento que la gobernadora
Vidal, el ex viceministro de Menem piensa que no son provenientes de las
familias humildes los que concurren a la universidad y lanza la propuesta del
arancelamiento. Sin embargo, al momento de ensayar una recomendación de
política para alentar la inversión, no duda en caminos de estímulos basados en
la reducción de presión tributaria. También postula la progresiva deducibilidad
de las retenciones del impuesto a las ganancias, ignorando las virtudes de las
mismas para el manejo de la producción y la distribución, en una economía con
altas diferencias de productividad sectoriales debidas a las rentas de recursos
naturales. Por último, advierte sobre “el sistema previsional, al que… hay que
darle una sostenibilidad que limite el excesivo peso que se está cargando a las
generaciones de los jóvenes y los chicos de hoy”, una manera delicada de
plantear su reforma para disminuir el gasto en jubilaciones y pensiones, a
costa del ingreso de sus beneficiarios. Tanto el arancelamiento universitario,
las medidas ofertistas de eximición tributaria para promover la inversión como
un régimen previsional ajustado, son parte de la política del neoliberalismo
chileno, hoy cuestionada enérgica y masivamente por el pueblo trasandino en las
calles de todo el país.
Jaime Campos, presidente de
Con una perspectiva ideologizada, Campos y LLach promueven
una mayor apertura de la economía, sin reparar en los daños que esos procesos
de desprotección indiscriminada han causado al aparato productivo cuando se
implementaron. Sin referirse al desconocimiento de los términos y condiciones
precisas, ni a la asimetría de aperturas cuyo diseño establece, ni a la potencialidad
destructiva sobre sectores y regiones productivas de nuestro país, ambos se
pronuncian por la firma del acuerdo MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA. Lo hacen con la
concepción de que serán las exportaciones y la inversión las que lideren una
reactivación genuina de la economía argentina. El primero explicita que el
consumo puede y debe crecer, pero no liderar el proceso de reactivación.
La idea de que el consumo no sea un factor decisivo en el
proceso de crecimiento y que el gasto público debe ser reducido, apuntando al
equilibrio o superávit fiscal, es equivocada en función del análisis de la
experiencia histórica. Las enérgicas reactivaciones de la economía argentina
provinieron del estímulo de la demanda en la que la recuperación de los
salarios provocó un aumento del consumo y que devino en una expansión de la
inversión. Pero además, el relegarlo a un segundo plano esconde una intención
de contener el crecimiento del salario y de los ingresos de los sectores de la
economía informal, con el pretexto tácito de que las mejoras en la tasa de
ganancia y de las rentas estimularían la inversión.
La entidad que preside Campos (AEA), en la que participan
el empresariado más concentrado local y extranjero, reivindica regularmente su
documento de abril-mayo de 2014 en el que se opone a intervenciones
“distorsivas” en el sistema de formación de precios, a los tipos de cambio
diferenciales y a impuestos considerados por ellos también como “distorsivos”.
No sólo se opone, sino que pretende que la prescindencia de esas intervenciones
se convierta en política de Estado. También, al igual que Lousteau, brega por
transformaciones en el Estado que aumenten su productividad e invierta la
tendencia de las últimas décadas en que la relación gasto/PBI tuvo una
tendencia creciente que, destaca, fue superior respecto a la del resto de los
países de América Latina.
El titular de la organización de la élite empresarial
asegura que “siempre hemos defendido con convicción que el ámbito propio de las
empresas privadas debe ser respetado. En tal sentido, la injerencia del Estado
en la toma de decisiones empresariales no contribuye a dinamizar la economía
del país ni resulta un aporte al desarrollo económico y social”. Por eso Llach
sustituye la propuesta del Frente de Todos de un nuevo contrato social por la
de un nuevo contrato sobre el Estado. Porque los neoliberales no admiten que
los consensos establezcan compromisos, definiciones y políticas que incluyan e
influyan sobre las decisiones de las empresas privadas. O sea, el destino de su
pródiga verborragia acuerdista tiene un perímetro de incidencia bien limitado:
los servicios, gastos y prestaciones del Estado. Además, el objetivo de su
incidencia es, esencialmente el disciplinamiento y la reducción de la actividad
estatal, bajo la proclama del aumento de su productividad. La esfera de la
empresa privada pertenecería a la decisión exclusiva de sus propietarios y
quedaría excluida del Contrato, pese a que muchas de ellas producen bienes
indispensables para el pueblo en su conjunto.
La propuesta del constitucionalismo social es bien
diferente.
Es notable cómo los autores de estos artículos no enuncian
como objetivo fundamental de la política económica la disminución de la
desigualdad, más aún el objetivo de construir igualdad. Cuando la clave
excluyente de un conjunto de políticas económicas es el crecimiento, y no ocupa
un lugar semejante la búsqueda de la igualdad y la disminución de la
polarización social, está implícita la idea del derrame y el postulado de que,
muchas veces, la desigualdad puede estimular el crecimiento y, con él, los
índices de bienestar.
En realidad, un nuevo contrato social para nuestro país
debería tener como una cuestión axial el objetivo de igualdad. América Latina
es un continente paradigmático en cuanto a desigualdad, y eso no puede quedar
excluido, ni tampoco en el margen de los temas a ser convenidos. El objetivo
planteado por parte del frente político que ganó las elecciones incluye un
Pacto que se propone la recuperación del salario con respecto a las pérdidas
sufridas en los últimos años, y un fortalecimiento aún más enérgico para los
sectores de ingresos más bajos, castigados y marginalizados. A la vez, que
entiende la necesidad de incluir un pacto de precios y salarios, para reducir y
detener la inflación, porque la entiende como producto de las decisiones
empresarias en una economía concentrada y/o como resultado de la puja
distributiva entre empresarios y trabajadores. Lo que inevitablemente implica
incluir las decisiones sobre temas de la empresa privada en el acuerdo a
celebrar. La diversificación productiva, la integración nacional, el ataque a las
diferencias de riqueza entre regiones del país, deben ser parte del contrato
social nuevo, en el que la esfera pública de decisiones debe
ampliarse, no reducirse. Es el espíritu democrático del paradigma rousseauniano
de la voluntad general.
El planteo de un acuerdo de políticas macroeconómicas al
estilo del Consenso de Washington, como un acuerdo necesario del sistema
político que incluya a todos los partidos, no puede leerse sino como un intento
de chilenización de la institucionalidad argentina. En los tiempos en que ese
paradigma está sometido a la impugnación de la ciudadanía en el país donde
impera.
El planteo del final del texto de Llach destila la
expansión del lenguaje mercantil a la esfera de la política, pues cierra
diciendo que “el gran desafío será lograr amplios y certeros acuerdos, ojalá
basados también en un nuevo sistema de partidos competitivos”.
La cuestión de los partidos competitivos pertenece a las
ideas que plantea Schumpeter en Dos conceptos de democracia. Desplazan
al ciudadano como sujeto de la política, asumiendo ese rol los políticos
profesionales, transformando la práctica de la política para concentrarla en la
competencia entre los aspirantes a obtener la confianza y la preferencia del
elector. Un mercado de candidatos y de consumidores-electores.
El contrato social como propuesta de un proyecto popular
debe ir en una dirección contraria, estimulando la construcción de ciudadanía
en el sentido más amplio de la misma, que excede la representatividad, con el
impulso de formas participativas y de lógicas de movilización popular que no
contradicen la democracia, sino que la fortifican y enriquecen.
(*) El cohete a la luna
Comentarios
Publicar un comentario