Para los lectores de El Informador Público
diciembre 04, 2019
La personalidad política de Cristina Kirchner
(*)
Hernán Andrés
Kruse
En su
libro “El poder”, Germán Bidart Campos expresa que “el hombre o los hombres que
como gobernantes detentan el poder, imprimen y trasladan al poder un estilo que
depende, en buena parte, de quién es y cómo es el hombre que gobierna. De ahí
que la ciencia política, valiéndose de otras ciencias auxiliares, analice la
llamada personalidad política (…) Se trata de indagar-y acaso prever-las
predisposiciones e inclinaciones del gobernante, su estructura biosíquica, sus
tendencias, etc., que se reflejan y repercuten en su comportamiento. Al
estudiar al poder como complejo social, Lucio Mendieta y Núñez menciona como su
primer ingrediente la personalidad de quien posee el poder. Vamos a citar, sólo
ejemplificativamente, qué cosas son propias de esa personalidad, y cuáles
inciden en la personalidad (…): los sentimientos del gobernante; sus aficiones;
sus pasiones; su salud física y síquica; su profesión u oficio; su status
económico; su instrucción; su educación; su cultura; su actividad, su actuación
y su vida anteriores al ejercicio del poder; su familia de origen y su núcleo
familiar al tiempo de ocupar el poder; sus ideas, su religión; su extracción
social; sus ideas, su estructura mental y doctrinaria; su vida privada; sus
resentimientos, su capacidad, aptitud e idoneidad; su vocación política; su
edad; su sexo; sus hábitos, defectos y vicios; el partido y los grupos y
asociaciones a que pertenece; la situación sociopolítica, cultural y económica
correspondiente al lugar y tiempo de ejercicio del poder; todos los elementos
de la estructura social de la convivencia y todo lo que encuadra en la expresión,
algo ambigua, de “contexto social”; los compromisos adquiridos y los que se van
contrayendo; el grado de control sobre los ingredientes intelectuales ,
emotivos y volitivos que componen la personalidad; el sustrato (subconsciente e
inconsciente) de la vida consciente; y para poner un punto final que deja
muchos puntos suspensivos, mencionaríamos la totalidad del sistema político en
el que se inserta el poder que le ha tocado ejercer al gobernante”.
Para
analizar un gobierno X la personalidad de quien detenta el Poder Ejecutivo
constituye un factor de vital importancia, especialmente en un país como la Argentina donde el
caudillismo siempre ha ejercido un rol gravitante. Sería imposible, por
ejemplo, analizar la época de la generación del ochenta sin hacer referencia a
la personalidad de Julio A. Roca, o la del peronismo sin hacer foco en la
personalidad de Juan D. Perón. Sería imposible, pues, analizar el cristinismo
si se ignora la personalidad de Cristina Kirchner. Para hacerlo es fundamental
tener en cuenta todos los ítems enumerados por el insigne constitucionalista.
Se trata, qué duda cabe, de una tarea compleja que requiere el auxilio de
varias disciplinas. Es por ello que me limitaré a destacar algunos aspectos de
la personalidad de la ex presidente y vicepresidente electa que emergieron en
plenitud durante su ejercicio del poder. Cristina Kirchner es una brillante
oradora. Cada vez que hace uso de la palabra atrapa al oyente. Cuenta con una
memoria privilegiada (habla sin necesidad de recurrir al ayuda memoria) y, me
parece, le encanta que todos se den cuenta de ello. Su ambición de poder carece
de límites y es partidaria de una concepción “matrimonialista” de la política.
Ella y Néstor Kirchner decidieron en su momento repartirse los períodos
presidenciales, proyecto que quedó trunco por la repentina muerte del ex
presidente. Es por ello que no sería extraño que Cristina esté pensando en su
hijo Máximo como futuro presidente. Cristina se cree superior al resto de los
mortales. Cuando habla no dialoga sino que monologa, pontifica. A ella, en el
fondo, no le interesa lo que los oyentes piensan de su persona. Sólo le importa
que la escuchen porque al hacerlo aprenden. Le encanta ocupar el centro del
ring. Se siente imprescindible, como tocada por la varita mágica para marcar un
punto de inflexión histórica. No tolera que la desobedezcan ya que quienes
trabajan con ella son sus subordinados. Cree que su voluntad es más importante
que la constitución de 1853-60. Es autoritaria y prepotente y le apasiona que
la admiren y le rindan pleitesía. Su personalidad es volcánica y no admite
términos medios: o la aman o la odian. Aparenta ser muy pasional pero en
realidad es una persona fría y calculadora.
Habría
mucho más para decir de la personalidad de Cristina. Si hubiera que elegir una
frase que la sintetice sería ésta: el mando es la razón de ser de su vida.
Cristina es así y jamás cambiará. Es por ello que costaba creer que alguien
creyera aquello de que “ahora, luego de estar en el llano durante un buen tiempo,
Cristina es una mujer diferente, mucho más tolerante y humilde”. Lo que acaba
de acontecer en los tribunales de Comodoro Py ha puesto en evidencia que se
está en presencia de la
Cristina de siempre, de la Cristina que ejerció
el poder con mano de hierro. En consecuencia, a partir del 10 de diciembre
Cristina retornará a su “lugar en el mundo” que no es otro que el poder y lo
ejercerá como lo hizo siempre.
Anexo
Anteayer
estuvo en Comodoro Py la ex presidente y vicepresidente electa para hacer su
descargo sobre su supuesta responsabilidad en la causa denominada “Vialidad”.
La cuestión está tan ideologizada que una causa jurídica mereció visiones
antagónicas de parte de dos conocidos columnistas políticos: Raúl Kollmann y
Nicolás Wiñazki. He aquí lo que publicaron en las últimas horas. Como siempre,
aconsejamos al lector sacar sus propias conclusiones.
La causa armada, punto por punto (*)
Raúl Kollmann (Página/12, 3/12/019)
La
lectura del expediente sobre las obras viales en Santa Cruz le da toda la razón
a Cristina Fernández de Kirchner: una causa armada, un ejemplo de la lawfare,
la utilización de la justicia contra los dirigentes populares. 1.- Mauricio
Macri asumió el 10 de diciembre de 2015, pero no nombró director de Vialidad
hasta el 15 de enero de 2016. El entonces ex candidato a intendente de General
Sarmiento, Javier Iguacel, furioso anti-K, asumió ese día. El 16 de enero, o
sea al día siguiente de asumir, ordenó una auditoría. ¿En los 24 distritos del
país? No, en uno solo. Santa Cruz. El objetivo estaba claro: ir contra la ex
presidenta. 2.- Una acusación inicial fue que a Santa Cruz se le adjudicaron 81
obras en rutas. Según los fiscales, demasiado, 14.000 millones de pesos,
comparado con Córdoba que recibió obras viales por 10.000 millones. Pero eso
fue votado en el Congreso Nacional, en la ley de presupuesto: fue una decisión
política. Es que Santa Cruz tiene el 10 por ciento de la superficie argentina,
con pocos habitantes y tenía un considerable atraso en rutas. Aun así, no
recibió una parte desproporcionada: el 11 por ciento de la obra vial nacional.
3.- La Auditoría de
Vialidad, realizada por el macrismo con dos ingenieros y un contador,
designados los tres por el gobierno entrante, dejó algunas cosas clarísimas. Ni
Lázaro Báez ni ningún empresario cobraron obras que no se hayan hecho; las
obras estaban bien hechas, incluso mejor de lo que señalaba el pliego. La
auditoría sostuvo que la diferencia entre lo pagado y lo hecho fue de 0,1 por
ciento, lo habitual en todos los distritos. O sea, aquellas acusaciones que se
difundieron por todos los medios de que se pagaron obras que no se hicieron o
que hubo obras que no se terminaron, naufragaron en forma total y no son ni
siquiera hoy materia de acusación. 4.- La auditoría estableció que las demoras
registradas no se debieron a razones atribuibles a las constructoras sino que
aparecían caños petroleros o de gas, o cables eléctricos o telefónicos que
había que correr y eso llevaba un tiempo. O circunstancias climáticas que
impidieron trabajar o terrenos que los municipios no habían expropiado. La
auditoría también consignó que es lo que sucede en la mayoría de las obras del
país. 5.- Otra imputación neurálgica fue que empresas en las que Lázaro Báez
era accionista se adjudicaron 51 de las 81 obras. Esto es algo que se repite en
numerosas provincias: empresas que tienen el personal (miles de trabajadores),
la maquinaria adecuada y ganan la mayor parte de las licitaciones porque juegan
de locales: no tienen que trasladar ni la gente ni las máquinas. Y menos
todavía a 1.800 kilómetros, como sucede con Santa Cruz, con trabajos en
condiciones climáticas muy difíciles.
6.- Las
51 obras fueron motivo de licitaciones en las que participaron otras empresas
–algunas de las más grandes del país– que no radicaron denuncias por
irregularidades en esos concursos. No se puede argumentar cartelización porque,
justamente, Lázaro Báez era un adversario de la Cámara de la Construcción. Además,
el santacruceño casi no ganó ninguna licitación fuera de su provincia y, para colmo,
perdió la licitación más importante de Santa Cruz: la de las dos represas
Condor Cliff y Barrancosa (Cepernic y Kirchner), la obra más importante
financiada por China fuera de China. 7.- A lo largo de tres años, los jueces y
fiscales se negaron a hacer un peritaje para evaluar lo único que quedaba
pendiente: la existencia o no de sobreprecios. Finalmente el tribunal ordenó un
estudio, pero de sólo cinco obras, porque no había capacidad para analizar las
51 obras cuestionadas. Esto ya demuestra la desesperación por condenar, porque
alguno de los imputados no tuvieron nada que ver con esas cinco obras y
entonces van a resolver si son culpables o inocentes teniendo como parámetro
obras en las que no participaron o que ni siquiera se construyeron cuando eran
funcionarios. Para redondear la jugada, los jueces nombraron como perito
oficial al ingeniero Eloy Bona, quien registraba tweets groseros contra CFK. La
defensa, a cargo de Alberto Beraldi, recusó al perito, pero el tribunal sostuvo
que los tweets no eran suficientes para apartar al profesional. 8.- Aún así,
una parte de la pericia se firmó de manera unánime: se dictaminó que no hubo
sobreprecios en las redeterminaciones ni en los rediseños de las obras. Se
habla de redeterminación cuando hay inflación y el valor de la obra debe
actualizarse. Se realiza aplicando un decreto de la época de Eduardo Duhalde, o
sea que se aplican índices que tienen que ver con los precios de la
construcción. Tampoco hubo sobreprecios cuando, por ejemplo, se encontró un
obstáculo y hubo que rediseñar el trazado. Esta también era una gran bandera de
los denunciadores que hablaban de que se pagaron valores siderales con los
cambios. La realidad es que los rediseños y las redeterminaciones fueron mucho
menores a las realizadas en las obras del macrismo en estos cuatro años. 9.- Lo
que queda como disputa en el juicio es la existencia o no de sobreprecios
iniciales de las obras. El argumento debería caerse en sí mismo porque hubo
licitaciones y cada empresa podía ofertar. Sin embargo, cuando los tres peritos
tenían un acuerdo para firmar de manera unánime, apareció Bona con su propio
dictamen sosteniendo que hubo sobreprecios en los pliegos originales. El perito
oficial puso sobre la mesa, de manera sorpresiva, la oferta que se hizo por
tres tramos de la ruta 3, una vez que le quitaron la obra a las empresas de
Lázaro Báez. Los tres tramos fueron adjudicados a CPC, la empresa de Cristóbal
López y Fabián De Sousa, que ya hostigada por el nuevo gobierno, decidió hacer
una oferta fuerte, por debajo del precio de la licitación, para quedarse con la
obra. Pero lo asombroso fue lo que ocurrió después: CPC tuvo la obra ocho meses
y perdió 100 millones de pesos. La consecuencia fue que la abandonó, se la
devolvió al Estado. Y está abandonada hasta ahora, deteriorándose. Pese a esos
elementos, quieren tomar la oferta de CPC como parámetro. Es otro ingrediente
del lawfare. Esta será la polémica central que aún queda. 10.- Desde el punto
de vista estrictamente judicial, hay que tener en cuenta que las obras se
votaron en el Congreso y luego se licitaron y adjudicaron en Santa Cruz. El
control también fue provincial y los certificados de obra, con los cuales se
fue cobrando, igualmente tenían firma de los funcionarios santacruceños. El
Estado nacional financiaba, pero la ejecución era provincial. Había un control
nacional, principalmente a raíz de denuncias o de controversias y en ocasiones
por muestreo.
Todo esto
demuestra que un presidente tiene una cantidad enorme de instancias y de firmas
que se sitúan entre una obra y sus decisiones. Desde ya toda la estructura
provincial, desde los inspectores, secretarios y ministros, hasta el
gobernador. Y luego la estructura nacional, también de inspectores,
secretarios, ministros y hasta el jefe de Gabinete que es quien ejecuta el
presupuesto y redirecciona fondos cuando es necesario. O sea que ningún
presidente está en contacto directo con una obra. Lo que exhibe la lawfare en
esta causa es que ningún gobernador de Santa Cruz ni ningún jefe de Gabinete
fue imputado. El objetivo era la ex presidenta y adjudicarle a la mandataria
ser la cabeza de una asociación ilícita. No pueden exhibir ni una firma ni una
orden sobre las obras, porque nada de eso existe. Entonces emparentan la
asociación ilícita con el gobierno, porque a falta de pruebas, lo único posible
es condenar a la totalidad de un gobierno.
Las falacias de Cristina Kirchner y las preguntas que no quiso
responder (*)
Nicolás Wiñazki (Clarín, 2/12/019)
Por
primera vez en la historia argentina, una ex Presidenta, ex diputada y
senadora, flamante vicepresidenta electa, se defendió en declaración
indagatoria en un juicio oral y público, en el cual es la principal acusada de
montar un sistema de corrupción con el negocio de la obra pública. Las
singularidades de la carrera política de Cristina Kirchner, y la génesis y el
desarrollo de esta causa judicial, no la ayudan a sostener sus argumentos sobre
este infortunio. Los difundió en su cuenta de twitter. Y los repitió ante los
jueces y el fiscal. Según dijo ella misma, es víctima de una persecución del
Poder Judicial, iniciada por el gobierno de Mauricio Macri en contra de
opositores. Mencionó el lawfare, una conspiración entre “los medios de
comunicación hegemónicos” y el “aparato judicial” con el fin de “destruir y
demonizar a los gobiernos populares y democráticos”. Agregó que ese complot
abarca al resto de “América Latina”. Y afirmó que se trata de un “plan
sistemático”. La vicepresidenta electa se quejó de que el TOF 2 no permitió
transmitir su indagatoria a través de las cámaras del Centro de Información
Judicial (CIJ).
Cristina
usó la retórica y las falacias para defenderse. Algunos ejemplos: La ex
presidenta dijo que la causa de Vialidad es el ejemplo de que ella es víctima
de una persecución contra dirigentes políticos impulsada por el poder. En
realidad, la causa Vialidad empezó con una denuncia de la diputada Elisa Carrió
en el 2008, cuando Fernández era Presidenta. Cristina también acusó al juez
Julián Ercolini de ser parte de esa supuesta persecución contra opositores. En
realidad, la diputada Carrió denunció a Ercolini en 2014 por el posible retraso
adrede de la investigación sobre el favoritismo de Cristina con respecto a las
empresas de Báez. Esa acusación no prosperó. Ocurre que durante la gestión presidencial
de Cristina los organismos públicos dedicados a instrumentar los pagos y las
concesiones viales que ganaba Báez casi de forma monopólica en Santa Cruz se
negaban en forma sistemática a entregarle información a la Justicia sobre las
decisiones de Vialidad Nacional. Una vez que los K dejaron el poder, el nuevo
titular de Vialidad Nacional accedió a entregarle al Poder Judicial lo que
antes se le negaba. A eso se suma que la instrucción del caso la llevó siempre
el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, a quien Ercolini le delegó la
pesquisa. En su indagatoria en el juicio oral, Cristina se quejó porque el TOF
2 le rechazó su pedido de transmitir por televisión su defensa. El tribunal
siempre mantuvo la misma posición: permitió que se transmitiera solo el primer
día de la audiencia del juicio oral. A Clarín le consta que los mismos jueces,
y también en la
Corte Suprema, no le permitieron al periodismo acceder a las
filmaciones de otras audiencias del caso. Por ejemplo, una en la que el abogado
de Cristina, Carlos Beraldi, había hecho declaraciones polémicas sobre qué
podría pasarles a los magistrados y el fiscal en un futuro en el que su
defendida podría volver al poder.
Entre sus
argumentos para desacreditar la causa Vialidad, la ex presidenta adujo que ella
no tuvo injerencia en el modo en el que se le pagó a las empresas de su socio,
Báez. Dijo que el dinero estatal que recibió el empresario estaba incluido en
los Presupuestos que aprobaba el Congreso Nacional. La realidad de la causa es
otra. Entre las pruebas que usaron los fiscales Pollicita e Ignacio Mahiques,
se incorporaron decretos de necesidad y urgencia (DNU), firmados por Cristina
en los que se permitió, por ejemplo, que la plata que usaba Vialidad Nacional
o la Secretaría de
Obras Públicas de José López para abonarle a Báez pudiera ser retirada de forma
discrecional de un fideicomiso con cuenta en el Banco Nación en el que el
Estado K depositaba dinero proveniente de un impuesto que se cobra mediante una
tasa de venta de gasoil. Durante su Presidencia, Néstor Kirchner firmó el
Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 140/04, en el que especificó qué
obras públicas que construía Báez en Santa Cruz podían ser financiadas con
dinero de ese fideicomiso. Fue Cristina Kirchner, ejerciendo la Presidencia durante
el año 2009, la que liberó totalmente la discrecionalidad con la que la Secretaría de
Obras Públicas determinaría sin detalle cuánta plata se podía retirar de ese
mismo instrumento financiero alimentado con la tasa de gasoil para completar
los pagos a las constructoras “amigas” del poder K. Cristina defendió las obras
públicas de Báez en Santa Cruz diciendo que “un amigo por sólo ser amigo no es
un delincuente, o como delitos ser amigo del presidente de la República, y se nos
denegó prueba por prueba en estos cuatro puntos…”. Los hechos muestran que Báez
creó Austral Construcciones apenas días antes de la asunción de Néstor Kirchner
como Presidente. Las pruebas recolectadas indican que Báez era socio comercial
de los Kirchner cuando se presentaba en licitaciones de obras en las que, en
muchos casos, competía contra sí mismo, debido a que había adquirido muy
rápidamente otras compañías del rubro, como Sucesión de Adelmo Biancalani, Kank
y Costilla o Loscalzo y Locurto. Los ofertantes, en muchos casos, eran todas
firmas de Báez que pujaban por ganar las obras públicas. En esos casos era Báez
quien le ganaba a Báez. Eso pasó aunque el grupo de constructoras de Lázaro
cobraba por anticipado certificados de obras que no había terminado; o ganaba concesiones
a pesar de que las normas indicaban que su capacidad empresaria estaba
sobrepasada. Eso, sin contar que Báez recibía dinero del Gobierno K mientras al
mismo tiempo construía edificios de departamentos con los Kirchner, les
alquilaba tres hoteles a precios exhorbitantes para el mercado; e incluso hasta
construyó el hotel Los Sauces, pegado a la residencia de los K en Santa Cruz,
un trabajo por el que nunca les cobró a sus socios. Además, Báez les compró
casas a los Kirchner a precios elevados. Todo, mientras era beneficiado con
fondos para construir rutas, asfaltar otras y demás obras que en buena parte se
retrasaron sin explicación firme, o nunca se terminaron.
Cristina
F insistió con que no era ella quien favorecía con el dinero público a su socio
e inquilino, sino los jefes de Gabinete que elevaban al Congreso los
Presupuestos del Estado. Como se dijo, hay infinidad de decretos presidenciales
y resoluciones de Vialidad Nacional que van en contrario a esas afirmaciones:
sin esas herramientas estatales, Báez no podría haber cobrado los millones que
cobró. La vice electa dijo que si se hubiese ocupado de esta ingeniería estatal
no habría tenido tiempo para gobernar. Allí están firmados sus decretos que
aceleraron pagos a Báez usando fuentes diversas de financiación del Tesoro
Nacional. Y también los decretos que Néstor Kirchner o ella firmaron para
designar gente relacionada con el empresario en cargos claves de Vialidad, como
fue el caso del ex gerente de administración general del organismo, Sergio Passacantando.
En su curriculum tenía una condición crucial: trabajaba en Austral
Construcciones. Que Báez fue beneficiado por el gobierno de sus socios es
también un hecho. El 10 de diciembre del 2015, cuando Fernández dejó el poder,
las constructoras de Báez eran las únicas de toda la Argentina a las que
el Estado no les debía un solo peso. La vice electa se quejó de los tiempos que
tomó instrumentar la causa. Entre todos los procesados K presentaron más de 200
nulidades o planteos leguyelos, solo en la instancia oral. Otro caso único.
Fernández habló pero evitó responder preguntas de las querellas y del fiscal
Diego Luciani. Lo mismo hizo el resto de los acusados, como si su estrategia
defensiva estuviera coordinada. Resta saber qué hará Báez, que aún no declaró
en indagatoria en la instancia oral.
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